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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-11-2013

La institucionalizacin del estado policial: "Ley de seguridad ciudadana" y represin social

Arturo Borra
Rebelin


Al gobierno espaol no le bastaron las medidas jurdicas y policiales que ya a principios de 2012 barajaba para contener la movilizacin popular que, previsiblemente, sus polticas de ajuste perpetuo vienen generando desde entonces. Todo indica que en los prximos aos no habr cambio de direccin: la oligarqua gobernante continuar con sus prcticas de saqueo privado y estrangulamiento pblico, apadrinando el enriquecimiento ilcito de las clases dominantes y el empobrecimiento generalizado de las clases subalternas. En ese contexto, no es difcil anticipar que el arco de la conflictividad social se tensar ms todava. De ah el nuevo movimiento anticipado del gobierno, preocupado por regular los movimientos sociales contestatarios y ocupado en el oneroso trabajo de destruccin de los restos del estado de bienestar, la reestructuracin oligoplica del mercado capitalista y la restauracin de una cultura tradicionalista y jerrquica.

La escalada autoritaria que se sucede desde hace varios aos reafirma que la poltica represiva es la contraparte necesaria del neoconservadurismo. La inminente aprobacin de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en este sentido, debe interpretarse como un captulo ms de esa poltica. El planteamiento de ese proyecto de ley es claro: proscribir aquellos instrumentos de lucha popular que, virtualmente, se muestran ms eficaces. Realizar convocatorias por medios digitales, participar en escarches, insultar a la polica, manifestarse frente a instituciones del estado o filmar las actuaciones policiales, entre otros actos, podran ser considerados faltas graves o muy graves penalizadas con multas siderales. A partir de ese momento, la discrecionalidad de los poderes estatales quedar reasegurada por ley: una suerte de mordaza ciudadana que ampla la impunidad policial, blinda a las autoridades polticas ante las protestas, abre la puerta a la generalizacin de detenciones arbitrarias y a las identificaciones masivas y, en definitiva, penaliza a aquellos que manifiestan su disconformidad con respecto a las polticas oficiales.

No se trata de ninguna exageracin. La gravedad institucional de esta iniciativa legislativa est fuera de duda. Y -lo que no es menos grave- es de temer que los posibles conatos de protesta ciudadana no sean suficientes para detener la deriva antidemocrtica que implica. El respaldo inconmovible de una parte del electorado que permiti a la derecha neoconservadora el acceso al gobierno constituye un contrapeso retrico frente a los movimientos disidentes, sumidos en una fragmentacin alarmante que es preciso revertir. La poltica de la fuerza se ampara en la tautologa de invocar la fuerza (electoral) para hacer poltica (reaccionaria). Da lugar a la institucionalizacin del estado policial (instaurando la excepcionalidad como norma de actuacin). Con ello, cortocircuita el discurso dominante que presupone la condicin democrtica de nuestras sociedades. Ante semejante regresin histrica, los llamados a la conciliacin son tan vacos como indeseables.

Si la derecha meditica presenta esta iniciativa legal como una suma de rectificaciones y actualizaciones de una regulacin deficitaria del derecho de manifestacin (que favorecera el vandalismo o el incivismo), es tarea de la izquierda mostrar cmo detrs de esta intervencin lo que se pone en jaque es la libertad de organizar y participar en acciones de protesta sin convertirse en objeto de una vigilancia permanente y un castigo siempre latente, sustrados ellos mismos de cualquier control pblico.

Lejos de tratarse de una sana tarea de administracin de los lmites para garantizar la normalidad democrtica, esta nueva regulacin autoriza el uso discrecional de las fuerzas policiales y la limitacin autoritaria del derecho de reunin y manifestacin. No slo cabe sospechar esa presunta normalidad, demasiado prxima a la regularidad del abuso. Lo relevante en ese contexto es la representacin de la protesta como una amenaza a la paz social. El correlato de esa representacin es concebir el orden pblico como un cementerio en el que no hay posibilidad de discrepancia. Construir esa discrepancia como atentado es la violencia misma de un sistema poltico que rebasa las fronteras nacionales: sanciona la censura ideolgica como procedimiento de una (pseudo)democracia tutelada por los poderes econmico-financieros trasnacionales ms concentrados.

Por eso sera un error, desde este ngulo, leer la poltica de criminalizacin en clave exclusivamente local. Ms bien, constituye una respuesta glocal a una previsin tcnica de los expertos del ajuste: es seguro que ciertos grupos no se limitarn a consentir sin ms la nueva contraccin de oportunidades sociales que afecta al capitalismo en su fase actual. La intensificacin de la represin, por tanto, no es en absoluto un fenmeno territorialmente circunscripto. Los proyectos de control -dignos de ciencia ficcin- no cesan de multiplicarse, incluyendo desde luego el espionaje masivo, la persecucin de activistas o el asedio a los que conciben el periodismo como una actividad informativa esencialmente crtica con respecto a los poderes establecidos. Ante la mirada incrdula de quienes reducen estas prcticas para-legales a cuestiones de seguridad, la globalizacin del estado policial es cada vez ms real. Augura una nueva era de control: una suerte de ciudad gtica que, para prevenirse de la turba revolucionaria, es gobernada por mafias organizadas que han instalado el crimen y la corrupcin como parte normal de su funcionamiento.

En suma, el endurecimiento de las leyes jurdicas en Espaa es sntoma de una transformacin poltica mucho ms vasta. La restriccin globalizada de las libertades ciudadanas, sea bajo el pretexto de la lucha contra el Terror o de la defensa del Orden, contina su curso totalitario. El umbral que estamos atravesando no parece uno ms entre tantos. La pesadilla de una sociedad administrada -proyectada en una pantalla de plasma en la que hablan personajes inapelables-, tanto ms consistencia adquiere cuanto ms teme el espectro de una revuelta. En particular, esa pesadilla se hace ms vvida cuando lo fctico se convierte en ley. Armar la fuerza de derecho es la estrategia al uso. Doble constatacin: el abuso de autoridad como prctica normalizada y la conversin del abuso en norma legalmente sancionada.

Esgrimiendo amenazas venideras, el capitalismo no cesa de expandir el campo de lo siniestro, incluyendo el abandono del que son vctimas millones de seres humanos. Es cierto que no basta la imposicin del miedo a los cuerpos o la penalizacin de las conciencias disidentes para desmontar resistencias sociales ms o menos estructuradas. Pero la ofensiva ideolgica es ntida. Por otra parte, no cabe subestimar el poder de las clases dominantes para producir adhesiones colectivas, bajo la expansin de una cultura masiva que a la vez que pone el xito econmico en la cspide, naturaliza la exclusin como parte del juego. La democracia reducida a un procedimiento de alternancia entre oligarquas parlamentarias convierte la participacin en delito. Aunque entre ese sistema formal de representacin y el totalitarismo pueden plantearse algunas diferencias relevantes, las fronteras entre uno y otro se hacen cada vez ms confusas. Es claro que el objetivo de esas oligarquas no es salvaguardar la convivencia humana, sino restablecer el mandato de la obediencia: la no aceptacin de la desigualdad normativizada se construye como reprobable. Y si las falsas promesas de la pertenencia auguran la posibilidad (siempre postergada) de participar en los restos de un festn obsceno, la maldicin de la exclusin social tambin compromete, de antemano, una impugnacin jurdico-policial. Por definicin, los restos del sistema son sospechosos y objeto permanente de penalizacin: culpables metafsicos de su fracaso existencial.

Es en ese campo en el que se hace inteligible el proyecto neoconservador hegemnico. Lejos de agotarse en la disputa por el sentido de lo pblico o el reparto de la riqueza, ese proyecto apuesta a consagrar con fuerza de ley la cadena jerrquica de autoridad. De ah la transformacin cultural profunda que implica, en particular, el abandono del ideal mismo de la sociedad como comunidad de semejantes y de los valores y prcticas que lo sostienen. La restauracin de las jerarquas y la proliferacin de desigualdades son planteadas no ya como dficits a corregir, sino como normas que suplementan aquel ideal malogrado en diversas experiencias histricas. Lo que antao se juzgaba como injusticia es formulado desde esta perspectiva como parte inevitable de la competencia ilimitada en que quieren convertir la existencia. La concentracin de poder econmico, en vez de ser condenada como un desequilibrio a corregir mediante la intervencin estatal, es legitimada como parte del juego de la libre iniciativa privada. La impunidad de los poderosos no es sino la consagracin de este enlace espurio entre riqueza y legitimidad: la burguesa es declarada a priori inocente; puesto que es exitosa no puede ser culpable. La falacia se institucionaliza como sistema judicial radicalmente clasista: los damnificados son inculpados por los delitos que otros cometieron. No les basta borrar las huellas del crimen perpetrado; tambin se proponen invertirlo, imputando a las vctimas y desplegando un aparato de control que incumple las normas jurdicas que aplica a los otros.

La movilizacin total del bloque hegemnico significa, ante todo, una declaracin de guerra a las clases populares y medias, aunque esa guerra no suponga de forma invariante la eliminacin directa del otro. Habitualmente, alcanza con derrotarlo en una dimensin moral e intelectual: que acepte lo existente como el mejor de los mundos posibles o, al menos, que se resigne ante su supuesta inevitabilidad. Sorprenderse del impudor cnico de sus portavoces es vano. Seguirn dando por sentado, a pesar de la evidente contradiccin de los trminos, que la naturaleza de la sociedad es la desigualdad. Dentro de esta lgica, lo que no se acepta voluntariamente ha de ser aceptado de manera forzosa mediante la coaccin policial y judicial.

La democracia devaluada se hace manifiesta como inversin suprema: la violencia es proclamada como derecho. Invocando la razn de estado (cada vez ms, la razn de mercado) la irracionalidad de la injusticia no hace sino expandirse. Seguirn experimentando con los lmites de la sociedad convertida en laboratorio: no es dado conocer su grado de resistencia hasta que no se pone a prueba su umbral de tolerancia. Dicho en otros trminos: hasta que no se indaga en su capacidad para soportar lo insoportable. Claro que en esa sociedad no se distribuyen de forma aleatoria las carencias y privilegios: la economa poltica del sacrificio, a la vez que ampla de forma permanente el crculo de seres humanos potencialmente sacrificables, exime a sus principales mentores.

A nivel nacional, las condiciones en que se despliegan las actuales luchas distan de ser favorables, en tanto las asimetras de poder no cesan de agravarse. Que el gobierno logre amordazar a aquellos grupos polticamente ms activos no es una fatalidad, sino producto (relativamente incierto) de una pugna. La situacin de partida es inequvoca: el partido gobernante cuenta no slo con el apoyo de un sistema judicial dominado por una mayora conservadora o una fuerza policial obediente sino tambin con el respaldo de las oligarquas econmico-financieras, el beneplcito de la troika europea y la connivencia vergonzante de una parte nada menor de la ciudadana.

Seguir denunciando la criminalizacin de la protesta social no alcanza si no es complementada con fuertes rplicas colectivas, desplegadas de forma simultnea en diversos frentes, desde la interposicin de recursos jurdicos hasta la participacin crtica en los medios masivos de comunicacin, sin olvidar instrumentos como la movilizacin social permanente, la generalizacin de la desobediencia civil, las huelgas generales o las huelgas de consumo, entre otros. Aunque las resistencias locales a ofensivas globales resulten insuficientes, constituyen un momento insoslayable.

El objetivo de domesticar la protesta social slo puede ser revertido mediante la articulacin de diferentes luchas sociales. Que algo similar pudiera producirse no depende de la espontaneidad de los movimientos sino de la construccin de un proyecto colectivo de otro signo poltico. Que semejante proyecto se insine en el horizonte actual dista de ser algo evidente: forma parte de nuestras irresoluciones ms apremiantes.

Blog del autor: http://arturoborra.blogspot.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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