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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-12-2014

La poltica del miedo (otra vez)
Amordazamiento de la democracia y guerra de clases

Arturo Borra
Rebelin


La ley mordaza es un hecho consumado: su admisin a trmite parlamentario, con mayora absoluta del Partido Popular, no deja lugar para lo imprevisible. Se trata, sin ms, de una forma jurdica que convierte las fuerzas de seguridad en un arma discrecional en manos de un gobierno dispuesto a ahondar en sus polticas de ajuste infinito a pesar de la voluntad mayoritaria. Puesto que prev la expansin de la conflictividad social, el bloque gobernante pretende blindar sus decisiones encausando las futuras manifestaciones colectivas en un rgido armazn jurdico.

A partir de 2015, el derecho a reunin y manifestacin quedar herido de muerte: el Ministerio del Interior tendr carta blanca para disuadir a los manifestantes mediante penalizaciones econmicas y, lo que es peor, para instituir un orden pblico represivo. La criminalizacin de la movilizacin ciudadana incluye diversos frentes. Impedir un desahucio, no identificarse ante un agente policial, desobedecer a la polica o difundir imgenes de antidisturbios, entre otras cuestiones, podrn ser multadas con montos que pueden alcanzar hasta los 30000. Mediante esta operacin, el gobierno espaol toma por asalto el espacio pblico, restringiendo su uso como mbito legtimo de la protesta.

A la restriccin grave de las libertades ciudadanas incluyendo el derecho a la informacin- a nivel interno, hay que agregar el injerto de la legalizacin de las devoluciones en caliente, esto es, la privacin del derecho de asilo en frontera y de garantas contempladas en la Ley de Extranjera vigente, ya de por s restrictiva. La legalizacin de este tipo de devolucin express (que suprime la obligacin del estado espaol de abrir un expediente administrativo a personas en situacin irregular que ingresan en territorio espaol) constituye el peor agravio a la Carta europea de los derechos humanos por parte del gobierno nacional, en consonancia a las polticas de asilo y migracin europeas, desentendidas de la suerte de las vctimas que Europa contribuye a crear. El mensaje es claro: no es momento de ponerse sentimentales ni de mostrarse humanitarios. Dado el exceso de mano de obra desocupada -confinada al margen o a la economa sumergida-, la decisin a la vista no ofrece dudas: prescindir de todos los indigentes que se pueda.

Insistir en el carcter autoritario de esta iniciativa legislativa es tan cierto como trivial. La cuestin va mucho ms all. Como rplica estratgica del gobierno a las sucesivas derrotas judiciales que ha sufrido en este perodo (en su pulseada con las movilizaciones populares), la Ley de Seguridad Ciudadana convierte la autoridad policial en mandataria de un poder de estado sin ningn contrapeso judicial. Representa as una regresin histrica de extrema gravedad, incluso si pasa desapercibida en el aluvin de polticas y prcticas gubernamentales antipopulares. La aprobacin de dicha ley es la ratificacin a la Comisin Europea y a los capitales inversores de la continuidad de una poltica econmica marcada por los recortes pblicos, las ddivas al capital privado, el pago de los intereses de la deuda externa, la privatizacin de servicios y empresas pblicas, el rescate de la banca, la continuidad de una poltica tributaria regresiva y el desmantelamiento de un ya enflaquecido estado de bienestar.

Tras las sanciones administrativas que esta ley prev, se reactiva la voluntad de sofocar los movimientos sociales disidentes. La consigna es clara: Que el 15-M no se repita. El afn de encausar cualquier germen de protesta organizada se transforma en algo peor: el empeo en reasegurar las condiciones sociales para que la gran burguesa financiera y empresarial pueda ensanchar sus mrgenes de rentabilidad, sin temor a resistencias colectivas estructuradas. Se trata, en suma, de una declaracin de guerra (de clase). La ley mordaza es la contraparte social al bloqueo estructural de las investigaciones judiciales sobre la corrupcin que afecta a los grupos dominantes y, en particular, a figuras centrales del establishment. Por esta va, el gobierno obstruye los dos frentes ms amenazantes para su estabilidad poltica: la proliferacin de procesamientos judiciales por corrupcin y la posible articulacin contrahegemnica de las protestas sociales.

De un golpe, el partido de gobierno ha reforzado la realidad del estado policial que plantea de iure su existencia como sujeto soberano. La tautologa del poder gubernamental que se autoafirma por el mero hecho de existir confirma lo que sabamos a nivel terico desde Gramsci: la crisis de hegemona en la que ese poder est inmerso deriva en un incremento brutal de la coercin directa. La mano dura que convierte en ley no es sino su fracaso por construir legitimidad. La poltica del miedo se convierte as en el instrumento jurdico-policial por excelencia para reprimir los antagonismos populares.

Paradjicamente, las luchas sociales estn atrapadas en su propia fragmentacin. La articulacin partidaria (por parte de fuerzas de centro-izquierda) de una pluralidad de demandas sociales insatisfechas coexiste con una movilizacin social tan espordica como parcelada. Como si tras las marchas de la dignidad de marzo de 2014 y la consiguiente persecucin jurdico-policial a sus organizadores, la indignacin generalizada no encontrara un cauce pblico para manifestarse de forma coordinada, en tanto sujeto colectivo de lucha, como no sea mediante el apoyo a fuerzas poltico-partidarias emergentes (incluyendo, desde luego, a Podemos).

Cualquiera fuera la hiptesis que explique esta situacin, no ser el partido gobernante quien facilite la construccin de ese sujeto colectivo. Si por una parte el enriquecimiento ilegtimo de las clases dominantes podra toparse con el lmite de un giro electoral a mediano plazo, por otra parte, el grado de movilizacin social contra los portavoces gubernamentales de esas clases sigue resultando desigual y, en cualquier caso, plagado de dificultades para articularse en un frente comn. Entretanto, la escalada represiva, como contrapartida irreductible del neoconservadurismo, sigue su curso.

La tensin entre la actual deriva antidemocrtica y la gestacin y consolidacin de un proyecto poltico alternativo est trazada: se mueven en dos temporalidades diferentes y desfasadas. La institucin del orden pblico como espacio de control no es una realidad lejana. La poltica de criminalizacin no se limita a una cuestin local o nacional. Forma parte de un (des)orden global que nace de la previsin tcnica de los expertos del ajuste: es improbable que los damnificados acepten morir sin protestar. De ah que haya que leer la presente ley no slo como sntoma de un gobierno nacional profundamente reaccionario sino tambin como parte de un proceso de reestructuracin del nuevo orden mundial: la formacin de estados policiales que se arman de derecho para intentar sofocar el espectro de la revuelta ante un capitalismo que a diario muestra su poder de arrase.

Los tiempos de la revuelta, sin embargo, estn desfasados con respecto a la velocidad de las elites polticas y econmicas. El expolio de la democracia es la consecuencia ms visible de la dictadura de los mercados. En la convulsin del presente, la posibilidad (incierta) de desestructuracin del bloque hegemnico no anula en lo ms mnimo los movimientos (certeros) de ese bloque para reestructurarse de forma acelerada. A escala nacional, la aprobacin de esta ley mordaza podra convertirse no slo en una derrota tctica de los grupos damnificados, sino en un obstculo central para el despliegue de un proyecto de democracia radical. Puesto que dicho proyecto requiere del espacio pblico como uno de sus lugares fundamentales de constitucin, parte de su porvenir pasa por la derogacin de una ley que priva a la ciudadana de su derecho a tomar la calle.

Blog del autor: http://arturoborra.blogspot.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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