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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-02-2015

Maldita polica: la regularidad del abuso

Arturo Borra
Rebelin


Los abusos policiales denunciados por el documental Ciutat morta (dirigida por Xapo Ortega y Xavier Artigas) y el ensaamiento con las vctimas recuerda la pesadilla totalitaria de 1984 de George Orwell: la guerra es la paz, la esclavitud es la libertad, la ignorancia es la fuerza. Semejante inversin de los trminos es parte de esta neo-lengua que instituye la mentira sistemtica como la verdad (de estado). Las informaciones empricas acumuladas son suficientes para poder sostener que las fuerzas policiales espaolas incurren de forma metdica en el abuso de autoridad. El uso desproporcionado de la fuerza, los falsos testimonios y la falsa imputacin de delitos, el maltrato y las humillaciones a las personas detenidas, las multas indiscriminadas y la privacin ilegtima de la libertad, las identificaciones arbitrarias de ciudadanos y los seguimientos extrajudiciales, la persecucin policial y las torturas crnicas, entre otras, son variantes prcticas de esta prctica institucionalizada.

Nada que se parezca a excesos individuales o casos aislados. Incluso la tortura se ha convertido en una cuestin de mtodo a pesar de su carcter inconstitucional y del derecho (reconocido internacionalmente) de todo ser humano a no ser sometido a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. La escasez de investigaciones judiciales y la desestimacin frecuente de las demandas interpuestas por las presuntas vctimas es un signo rotundo de que el sistema judicial no promueve de forma efectiva la transparencia y el respeto de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del estado. Los 6.621 casos de tortura o malos tratos policiales denunciados en Espaa en la ltima dcada (1) no dan cuenta cabal de esta regularidad del abuso. Hay buenas razones para suponer que el estado no slo no investiga de forma suficiente estas prcticas funestas sino que las regula y, eventualmente, las incita. No por azar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reprendido a Espaa a causa de que el (sic) sistema siga permitiendo este tipo de situaciones (2).

Independientemente al carcter ilegal de la tortura, su utilizacin por parte de la polica ni siquiera podra explicarse como intento de mejorar la eficacia de los interrogatorios. La prctica de la tortura produce, por definicin, dudosos resultados: da por sentada la culpabilidad y toda alegacin de inocencia es, apriori, descartable. Dicho de otro modo, lo que la tortura produce en primer trmino es un sujeto culpable, aunque se trate de una culpabilidad metafsica (tal como la llamaba Rodolfo Walsh) que presupone lo que hay que comprobar. Su objetivo ltimo, por tanto, no es obtener un testimonio fidedigno o una confesin veraz sino hacer una pura demostracin de fuerza, suficientemente intimidatoria para doblegar cualquier resistencia del sujeto e inculparlo por un delito que no necesariamente cometi.

Las denuncias de torturas en el Pas Vasco que contabilizaran un total de 3.587 denuncias de casos registrados entre 1960 y 2013, segn un estudio encargado por el gobierno vasco- son de por s elocuentes (4), a lo que hay que sumar la represin que han sufrido miles de ciudadanos sospechosos en nombre de la lucha contra el terrorismo, como si cualquier mtodo fuera vlido para combatir a los que usan el terror como mtodo. La persecucin policial y la tortura a presuntos colaboradores o terroristas de ETA apenas empaa el discurso cnico que sostienen las autoridades gubernamentales actuales. No necesitamos reconstruir de forma exhaustiva ese discurso para saber que el terrorismo de estado es parte de la Era de Terror en la que vivimos. Volvern a invocar la excepcin: el Pas Vasco no es Espaa. Bien podra preguntarse si acaso con ello no estn reconociendo de facto su derecho a la autodeterminacin, en tanto sitan a este territorio fuera del territorio espaol.

Admitamos, sin embargo, que ese ejemplo es controvertido. Tambin lo es el caso de los Centros de Internamiento de Extranjeros (esos pequeos Guantnamos), denunciados de forma sistemtica por la vulneracin de derechos humanos bsicos y por el maltrato colectivo que padecen los internos en condiciones complemente inaceptables (5)? Claro que, en el discurso de la excepcin, tambin en este caso se alegar que esas polticas de encierro no afectan a las mayoras sociales. Todo este archipilago de excepciones apenas estremecer la argamasa ideolgica de ese discurso.

Hagamos entonces otro giro argumentativo. Ejemplifiquemos con lo ms prximo: el comportamiento policial en los desahucios que ejecuta a diario. Nada mejor para ilustrar la regularidad del abuso policial que la reciente denuncia judicial de vejacin injusta por parte de un polica a la reportera que lo retrat rindose en pleno desahucio (6). Lo escandaloso para el rgimen oficial es, ni ms ni menos, que se capture el rostro sonriente de quien ejecuta una orden inmoral: no el goce perverso del rostro sino la imagen retratada. Vejacin injusta llaman a esa imagen los guardianes del orden.

Rer mientras se tira, literalmente, a la calle a una familia no es ilegal en un orden injusto. Lo delictivo no es el gesto que retrata la crueldad de quien ejecuta con esmero una orden canalla, sino el hecho de capturar en una imagen la verdad de la injusticia. En efecto, la polica se re de los desahuciados; goza como verdugo lo que padece como damnificado en otra parte, fuera de escena. Se identifica con el amo que no dudar en maltratarlo cuando le llegue el turno (y el turno siempre llega en la economa poltica del sacrificio). No es nuevo: los cuerpos policiales agencian en aquellos dispositivos que terminarn ejecutndolos tambin a ellos. Su posicin objetiva no informa de sus filiaciones ideolgicas. Claro que podran invocarse, tambin aqu, honrosas excepciones dentro de esta regularidad; sin embargo, es la propia institucin policial quien se encargar de marginar, bajo su rgimen disciplinario, semejantes anomalas.

Vano insistir en que la autoridad a la que responden se llena la boca de vaco pseudodemocrtico, proclama cada da la metafsica del estado de derecho, se muestra polticamente correcta y correctamente eufemstica, se infla de la marca Espaa, se erige en amo indiscutible, enarbola el himno de las vallas y se molesta ante los indigentes rebuscando en un contenedor su hambre diaria. Ellos seguirn ejecutando rdenes que ni siquiera se cuestionan. La esttica monumental que los seduce les resulta incompatible con el dolor de mano de obra desocupada. Se ren del sufrimiento de esos miles que son desahuciados cada da y obedecen como esbirros ejerciendo por un momento de verdugos, sintindose poderosos con los dbiles.

Luego, el estado policial en el que sobrevivimos juzga al que retrata la indignidad, no al canalla que se re. En ese mundo inverso estamos: cuando se procesa el testimonio y se ensalza la fiesta perversa de los amos. Una fiesta obscena, en la que cada vez hay menos comensales de honor y muchos hambrientos mirando el festn detrs del vidrio, comiendo con los ojos y deseando lo que carecen. De hecho, el actual gobierno nacional ha dado fuerza de ley, con la reforma del Cdigo Penal y la Ley Mordaza, a la posibilidad (nada especulativa) de una prctica abusiva. Lo excepcional se ha convertido en norma jurdica y lo ilegtimo en asunto legal. La escalada autoritaria es evidente, a pesar de las escasas movilizaciones sociales en un sentido contrario; quizs menos evidente sea el asalto a la democracia (ya de por s restringida, cuando no, meramente formal) que semejante legislacin supone, bajo el lema fascista todo el poder a la polica (3).

Habr que insistir todava que esa risa no constituye un gesto a contracorriente. La cuestin es estructural. Seguirn avanzando. Comprarn pistolas para disparar cargas elctricas, ms material antidisturbios y lo que haga falta para sostener la mquina represiva. No hay nada accidental. El ajuste perpetuo requiere desajustar a los damnificados a la fuerza. Es previsible: puede que los todava no-muertos protesten mientras son cocinados a fuego rpido. La estrategia del shock funciona por cierto tiempo, pero se sabe- tambin la terapia de choque, a fuerza de repeticin, puede perder buena parte de su eficacia. La verdad del enriquecimiento ilcito de las clases dominantes y el empobrecimiento de las clases subalternas tambin amenaza con hacer estallar la hegemona neoconservadora. Y, habr que repetirlo, en tiempos de crisis, la poltica represiva es la contraparte necesaria para que el programa del neoconservadurismo pueda seguir su curso.

La risa canalla es el retrato de la impunidad policial pero, de forma ms perversa, es el sntoma de una Autoridad indiferente al dolor que inflige o, para ser ms preciso, que goza haciendo sufrir. No es esa la leccin de Sade: un Sujeto que erigido en Ley soberana obtiene un plus de goce que extrae de aquel que somete? La deriva antidemocrtica incita esa risa. La estimula, en el peor sentido conductista. Vivimos en efecto en ese intento de control conductual que se ejerce desde los poderes de estado.

Ahora bien, quin es esa Autoridad indiferente, este dios salvaje? Podra buscarse la respuesta en el actual estado policial y, sin embargo, semejante respuesta sera ciega a su condicin servil, esto es, a su servidumbre a los organismos financieros internacionales y a las grandes corporaciones trasnacionales. En el presente, esa Autoridad sin rostro no es otra que el Mercado, en su condicin annima, capaz de difuminar la carga de responsabilidad, de hacerla difusa, en cientos de miles de accionistas y millones de profesionales a su servicio, incluso si es posible identificar a los grandes propietarios, las grandes corporaciones, la gran banca privada y a sus mandatarios ms destacados.

Puede que la verdad siniestra de esa Autoridad sin rostro no sea otra que la necesidad de auto-ocultarse para poder ser. La auto-ocultacin supone un blindaje jurdico-policial: que los esbirros puedan hacer el trabajo sucio sin ser identificados en su goce, nutriendo imaginariamente su posicin como encarnacin de una ley sdica, aun cuando slo sean partcipes de las migajas sobrantes del festn obsceno del capitalismo.

Paradjicamente, la culpabilidad metafsica de las vctimas se convierte en exoneracin material de los sujetos co-responsables de un saqueo sin precedentes, que incluye el arrase de millones de vidas. Es indudable que los que articulan ese Sujeto quieren borrar las huellas del crimen. La Autoridad mstica del mercado capitalista, como institucin poltica moderna es, precisamente, la instancia no retratable que debemos deconstruir terica y prcticamente, no slo para poder identificar el rostro de los verdugos, sino tambin para reconstruir una existencia social donde el gesto de una risa no est asociada a la regularidad del abuso.

Notas:

  1. Cf. Espaa ha vivido desde 2004 ms de 6.600 casos de tortura o malos tratos policiales, en http://www.publico.es/politica/espana-vivido-2004-mas-600.html

  1. Cf. Espaa ha vivido desde 2004 ms de 6.600 casos de tortura o malos tratos policiales en http://www.eldiario.es/norte/almargen/Espana-tortura_6_228237176.html

  1. Cf. Un estudio sobre la tortura en Euskadi da una cifra provisional de 3.587 casos, en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/06/paisvasco/1423230093_999410.html

  1. He desarrollado esta cuestin en La institucionalizacin del estado policial: Ley de seguridad ciudadana y represin social, versin electrnica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=177301

  1. Remito a Acerca de los Centros de Internamiento de Extranjeros. La poltica del encierro, versin electrnica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131848

  1. Cf. Denuncian por "vejacin injusta" a una reportera por fotografiar a un polica, en https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25826-denuncia-por-vejacion-injusta-desahucio-la-reportera-fotografio-policia.html

Blog del autor: http://arturoborra.blogspot.com



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