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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-06-2016

Algunas reflexiones sobre la (re)municipalizacin de los servicios pblicos

Pedro Casas
Revista de Estudios Locales


Introduccin

(RE)MUNICIPALIZACIN: Pocas palabras habr en la jerga sociopoltica, tan difciles de pronunciar y al mismo tiempo tan presentes en la vida institucional, en particular desde las pasadas elecciones municipales en las que numerosas candidaturas accedieron al gobierno con programas remunicipalizadores. Este trmino, aunque no sea preciso de manera estricta (la titularidad nunca dej de ser pblica), quiere reflejar la tendencia hacia la vuelta de la gestin directa de dichos servicios que estaban siendo prestados por empresas privadas mediante contrato de gestin.

Las polticas privatizadoras tuvieron gran impulso en la poca del tndem Reagan-Thatcher y las dictaduras latinoamericanas de los 70, y fueron incorporadas por el resto de pases europeos y las instituciones de la UE a partir de la cada del muro de Berln que marca el inicio del proceso de desmantelamiento del estado del bienestar. En el caso del estado espaol los gobiernos de los partidos mayoritarios abrazaron esta tendencia, favoreciendo adems que las grandes empresas constructoras se metieran en el sector de servicios sociales y sanitarios, para compensar la cada de beneficios ocasionada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Esta introduccin de las empresas en lo pblico, fue acompaada de una importante campaa meditica para desprestigiar la gestin pblica directa, tratando de convencer a la poblacin de que lo pblico funciona mal (crticas calumniosas hacia los trabajadores caso Dr. Montes- y deterioro programado de algunos servicios esenciales), y que en cambio lo privado es ms eficiente y barato, utilizando para ello a tcnicos supuestamente neutrales, que luego resultaban ser empleados o asesores de algunas grandes empresas.

La campaa hizo dao, pero no obtuvo todos los resultados buscados, pues de hecho la poblacin sigue valorando en general los servicios pblicos por encima de los de gestin privada, hasta el extremo de que en casos lmite (por ejemplo intervenciones quirrgicas) muchos pacientes prefieran esperar varios meses antes que operarse en pocos das en una clnica privada.

Los cada vez ms numerosos casos de corrupcin, mal funcionamiento, sobrecostes descontrolados, recortes y precariedad laboral, asociados a servicios pblicos gestionados por empresas, han abonado el terreno para invertir el movimiento del pndulo hacia la vuelta a la gestin directa de lo pblico.

Las ventajas de la municipalizacin

Aunque ninguna afirmacin se puede realizar en trminos absolutos, pues excepciones hay en todas partes, cada vez hay ms estudios e informes que indican que la gestin pblica directa de los servicios es ms ventajosa por los siguientes aspectos:

La legislacin, una traba o un impulso a la remunicipalizacin?

El perodo 2011-2015 ha modificado sustancialmente el panorama legal en bastantes mbitos; y la administracin local no ha estado ajena a este vendaval reformador.

Aunque la idea que ha quedado en la opinin pblica es que se ha quebrado la autonoma municipal (los primeros proyectos as lo apuntaban), tanto las leyes finalmente aprobadas, as como alguna sentencia del Tribunal Constitucional, han dejado las cosas no muy diferentes a como estaban antes de las reformas.

Parece tambin que la legislacin ha blindado la gestin privada de los servicios, cuando esto tampoco ha ocurrido, ni siquiera a nivel de legislacin europea (al menos todava). De hecho si se repasan los artculos correspondientes en la ley de bases de rgimen local, sigue considerando la gestin directa como la natural, y la indirecta como algo posible pero excepcional.

Ms importancia ha tenido la aplicacin de las polticas de contencin del gasto. Pero frente a lo que se piensa y se ha divulgado por la opinin pblica, estas reformas en realidad resultan un incentivo, y no un obstculo, a la remunicipalizacin, ya que estimulan el ahorro, y est cada vez ms demostrado que la gestin directa es ms beneficiosa a las arcas municipales.

La ley de Presupuestos ha limitado la contratacin de personal en la administracin local, pero con la excepcin de aquellos servicios esenciales que le son encomendados por la ley, lo que limita la restriccin slo para aquellas actividades complementarias.

La reversin de los servicios puede hacerse tanto con el contrato en vigor como a la finalizacin del mismo.

En el primer caso el problema se reduce a una cuestin econmica, de indemnizacin a la empresa contratista. Estas indemnizaciones pueden reducirse hasta la nada si se demuestra que ha habido incumplimientos flagrantes por parte de la contratista (lo que suele ser demasiado habitual, aunque las instituciones, en muchos casos, prefieran hacer la vista gorda, por desidia o connivencia con las empresas). Incluso puede compensar pagar la indemnizacin, ya que su montante puede ser inferior al ahorro que supondra la gestin directa en los aos que queda de contrato.

En el caso de remunicipalizar a la finalizacin del contrato, se evitan estas indemnizaciones y pleitos engorrosos de incierto desenlace.

Las consecuencias laborales

Uno de los asuntos que ms polmica est creando es la cuestin de las condiciones en las que queda el personal de la empresa privada.

El hecho de que sea aplicable en este caso la legislacin administrativa (Mrito y Capacidad-Funcin Pblica) y la laboral (Subrogacin-Estatuto de los Trabajadores) no ayuda precisamente para tener una salida clara a los procesos de remunicipalizacin. Pero el que no ayude, no significa que lo impida, y de hecho la jurisprudencia se ha encargado de idear frmulas intermedias (los indefinidos no fijos) que resuelven, aunque sea de manera transitoria, la situacin.

Las direcciones de algunos sindicatos tampoco estn ayudando a resolver esta dualidad. Los que representan al personal ya adscrito al municipio tienen tendencia a enfatizar la va administrativa exigiendo un proceso selectivo como nica opcin de acceso. Pero esta posicin, tomada en trminos absolutos, supone en la prctica prolongar en el tiempo el hecho de que sea la empresa la encargada de realizar la seleccin (no sujeta a los criterios de mrito y capacidad) del personal que presta el servicio pblico, en condiciones precarias en muchos casos, con lo que una posicin maximalista por un criterio supuestamente superior lo que hace es impedir en la prctica dar pasos hacia ese objetivo, dejando el servicio de manera permanente en manos privadas.

Resumiendo

Los municipios tienen obligacin de prestar los servicios, de los que son competentes, de la manera ms eficaz y beneficiosa tanto para sus propios intereses como de los vecinos a los que van dirigidos. Y la experiencia indica que la gestin directa es la que mejor cumple con estos criterios.

Los municipios siguen gozando de una amplia autonoma para decidir la forma de gestionar los servicios de los que son competentes.

En los ltimos aos se han producido reformas legales que complican en parte esta facultad, pero en ningn caso la cierran; incluso empujan a la gestin directa, por su menor coste.

Es necesario cubrir la laguna legislativa que aclare las modalidades de incorporacin de los trabajadores que prestan sus servicios en las contratas, de modo que no se pierdan derechos y lo haga compatible con las garantas de mrito y capacidad.

En lugar de poner obstculos, los agentes sociales deberan removerlos, para lograr que el proceso no tenga consecuencias traumticas (despidos), sin que esto signifique un coladero arbitrario hacia la funcin pblica.

No existen frmulas infalibles ni absolutas; si as fuera los tribunales no tendra trabajo en esta materia. Lo que se necesita son iniciativas que respeten la ley y los derechos del conjunto de los trabajadores, de manera que los costes, en trminos sociales, sean los menos posibles. Experiencias hay muchas, y de todas se puede aprender.

Conseguir llevar a buen puerto estos procesos de remunicipalizacin va ms all de las opciones ideolgicas y polticas (caso del ayuntamiento de Len gobernado por el PP), pues se trata de una obligacin social y legal de las corporaciones locales, de cuyas consecuencias se beneficiarn la gran mayora de la poblacin y la propia institucin.

Para conseguirlo es necesario disponer de un plan que prevea todos los contratos susceptibles de ser municipalizados, contemplando las particulares caractersticas de cada uno de los servicios afectados, pues seguramente no habr dos procesos iguales.

Pedro Casas, Plataforma por la Remunicipalizacin de los Servicios Pblicos de Madrid.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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