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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-10-2017

Por qu es necesario un referndum sobre la monarqua

Javier Prez Royo
eldiario.es


La prioridad en el tiempo tiene un peso en el mundo del Derecho que es sobradamente conocida. Es uno de los componentes del principio de seguridad jurdica, que es el eje en torno al cual gira el universo jurdico, ya que, como dej dicho Montesquieu, la libertad no es ms que la sensacin que cada uno tiene de su propia seguridad. Libertad/Seguridad es el binomio en el que descansa el sistema poltico y el ordenamiento jurdico de la democracia.

Ahora bien, lo hace de manera distinta en el primero que en el segundo. En el segundo el binomio est, por as decirlo, codificado. Cualquier problema que se plantee en la convivencia en un Estado democrticamente constituido tiene que tener una respuesta en el ordenamiento jurdico, respuesta que puede ser sustantiva o procesal. En esto consiste la SEGURIDAD. Esta es la ficcin en la que descansa la convivencia pacfica en democracia. Cualquier persona, no necesita siquiera tener la condicin de ciudadano, en una sociedad democrticamente constituida encuentra siempre una respuesta jurdicamente definida para cualquiera de las relaciones que establece con otra persona fsica o jurdica o con cualquiera de las administraciones pblicas y, en caso de conflicto, puede hacer valer su pretensin ante un juez, que tiene que darle una respuesta sin poder argumentar para no hacerlo, que no encuentra en el ordenamiento una norma con base en la cual hacerlo. El juez que actuara de esa manera estara cometiendo el delito de prevaricacin.

En esta Seguridad Jurdica se inserta como uno de sus componentes la prioridad en el tiempo. Prior tempore, potior jure, reza el conocido aforismo jurdico.

Tambin el sistema poltico de la democracia gira en torno al binomio Libertad/Seguridad, pero lo hace de manera distinta. En la POLTICA no hay ni puede haber una respuesta predecidida a cualquier problema que se plantee en la convivencia ciudadana. La sociedad individualista en la que descansa la democracia como forma poltica no es una sociedad presidida por el valor de uso, como haba ocurrido en todas las formas de organizacin de la convivencia anteriores, sino que lo hace en el valor de cambio y es, en consecuencia, una sociedad que est revolucionando permanentemente sus propias condiciones materiales de existencia. Necesita, por tanto, estar adaptndose permanentemente a un cambio incesante que, en determinados momentos, se convierte en vertiginoso. No puede estar predecidido como tiene que enfrentarse a las nuevas circunstancias que ella misma est generando. La sociedad tiene que encontrar permanentemente nuevas respuestas a los problemas nuevos con los que tiene que enfrentarse, si no quiere entrar en un proceso de descomposicin. Para eso es para lo que necesita al Estado. El Estado es el instrumento a travs del cual la sociedad se adapta al cambio y garantiza o, mejor dicho, intenta garantizar su propia supervivencia.

Como fcilmente puede comprenderse, este es un proceso en el que la Seguridad no puede ocupar la misma posicin que ocupa en el mundo del Derecho. En la Poltica hay un elemento de radical Inseguridad que es insuprimible. La Poltica debe acabar proporcionando seguridad a la sociedad mediante la creacin del Derecho, pero ella misma no dispone de esa seguridad. De ah la importancia del principio de legitimidad democrtica, la importancia de que sean los propios ciudadanos los que, directamente o a travs de representantes democrticamente elegidos, decidan polticamente como se va a dar respuesta a cualquiera de los problemas que se planteen y le den a esa respuesta la forma jurdica correspondiente.

El Prior Tempore no tiene cabida en el universo poltico. Ms bien habra que concluir, que debera estar excluido, ya que supone una rmora para el proceso de adaptacin al cambio. El pasado no puede encorsetar el presente de tal manera que no sea posible avanzar hacia el futuro. El Prior Tempore es un componente del ordenamiento jurdico, pero no del sistema poltico de la democracia. Pertenece al mundo del DERECHO, pero no al de la POLITICA.

Y sin embargo, la prioridad en el tiempo juega un papel importante en el sistema poltico de la democracia. La circunstancia temporal de la incorporacin de los distintos elementos integrantes de un sistema poltico, tiene una importancia extraordinaria en el funcionamiento de dicho sistema. En contra a veces de lo que la propia norma fundacional, la Constitucin, expresamente dispone.

Cuando les explico a los alumnos el derecho a transmitir informacin veraz por cualquier medio de comunicacin, reconocido en el art. 20.1,d) CE, les suelo decir que, aunque jurdicamente no exista diferencia significativa entre unos pases democrticos y otros en el reconocimiento constitucional de dicho derecho, es, sin embargo, muy distinto el ejercicio del derecho en aquellos pases en que la democracia lleg antes que la televisin, que en aqullos en que la televisin lleg antes que la democracia. En los primeros se ha encontrado una forma razonable para que la informacin a travs de la radio y televisin pblica sea objetiva e imparcial. En los segundos, ha sido muy difcil, cuando no imposible, alcanzar ese resultado. Espaa es un ejemplo inequvoco.

Pero hay otro terreno, de mucho ms calado, en la medida en que afecta al conjunto del sistema poltico de nuestra democracia, en la que ese Prior Tempore tiene un peso enorme. Me refiero a la relacin entre el principio de legitimacin democrtica del Estado y el principio monrquico. En la Constitucin el principio de legitimidad democrtico precede al principio monrquico. El primero est en el artculo 1.2 CE. El segundo, en el artculo 1.3 CE.

En el proceso constituyente que se inicia con la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 y concluye con la publicacin de la Constitucin el 29 de diciembre de 1978, sin embargo, el principio monrquico precedi al principio democrtico. El Rey Juan Carlos que haba accedido al poder tras jurar las Leyes Fundamentales, hizo uso de los poderes exorbitantes que el Jefe del Estado tena de acuerdo con dichas Leyes Fundamentales, para poner en marcha un proceso que acabara siendo constituyente y que se traducira en una Constitucin democrtica, en la que se invertira el orden histrico de ambos principios, al mismo tiempo que se cambiaba tambin la definicin del principio monrquico, en el sentido de que por primera vez en nuestra historia constitucional la monarqua dejaba de figurar en el ttulo de la Constitucin y pasaba al articulado de la misma y en que dejaba de ser definida como monarqua Espaola, para pasar a serlo como monarqua Parlamentaria. A diferencia de lo que haba ocurrido en el pasado, el principio de legitimacin democrtica del Estado se converta constitucionalmente en el presupuesto del reconocimiento de la monarqua. El art. 1.2 CE como presupuesto del art. 1. 3 CE.

Jurdicamente esto parece indiscutible y, sin embargo, polticamente no est siendo as. El Prior Tempore, que no est en ningn parte, no dej de estar presente como trasfondo durante el reinado de Juan Carlos I, pasando a un primer plano en el inicio del reinado de Felipe VI.

La abdicacin de Juan Carlos I

Esta precedencia del principio monrquico sobre el democrtico se puso de manifiesto en la instrumentacin de la Abdicacin del Rey Juan Carlos.

En primer lugar, porque se hizo desconociendo la Constitucin, que exiga que se hiciera de acuerdo con una Ley Orgnica prevista en el artculo 57.5 CE y que, sin embargo, no se hizo de esta manera, ya que las Cortes Generales no han aprobado dicha ley orgnica, ni parece que vayan a hacerlo.

La Ley Orgnica del artculo 57.5 CE sera sustituida por dos normas, la Ley Orgnica 3/2014, que no regula la abdicacin, sino que simplemente se limita a hacer efectiva la abdicacin de D. Juan Carlos I como Rey. Y otra Ley Orgnica de reforma de la Ley Orgnica del Poder Judicial que se escondi en una Ley sobre medidas de racionalizacin del sector pblico, mediante la cual se regul la posicin jurdica del Rey Juan Carlos tras la abdicacin.

La primera de estas dos leyes orgnicas no encaja con lo que la Constitucin prev, pero tampoco supone un choque frontal con la misma. Pero la segunda no puede ser aceptada de ninguna manera. Ni por el fondo ni por la forma. Por el fondo, ya que no se puede regular a travs de una reforma de la Ley Orgnica del Poder Judicial una cuestin que la Constitucin reserva a una ley orgnica reguladora de las abdicaciones y renuncias (art. 57.5 CE). Es a travs de esa ley orgnica y no a travs de cualquier otra, como tiene que regularse el status jurdico del Rey tras su abdicacin. Y por la forma, ya que no se puede esconder la respuesta a una cuestin de tanto calado constitucional a travs de unas enmiendas coladas a prisa y corriendo a una Ley sobre medidas de racionalizacin del sector pblico, que ella misma no tiene carcter de Ley Orgnica, aunque s lo tuvieran los artculos dentro de dicha ley relativo a las consecuencias de la abdicacin en el status jurdico del ex Rey Juan Carlos I. El fraude de Constitucin, no de ley, sino de Constitucin no pudo ser ms claro. La monarqua por delante de la democracia.

As lo vi en el momento en que se produjo la abdicacin y en ese sentido envi un artculo a El Pas con el ttulo Fraude de Constitucin, artculo que por primera vez en ms de veinte aos de mi trayectoria en el peridico, no fue publicado.

Pero hay ms. La imposicin del principio monrquico sobre el democrtico no solo se impondra en la instrumentacin normativa de la abdicacin por las Cortes, sino adems en la propia forma en que se materializ la abdicacin del Rey Juan Carlos en su hijo el 18 de junio de 2014.

En ese da no hubo una abdicacin, sino dos abdicaciones, separadas espacial y temporalmente. Por la maana se produjo la que podramos denominar abdicacin militar y por la tarde se produjo la abdicacin civil o abdicacin tout court.

Por la maana, en el Palacio de la Zarzuela se produjo la abdicacin del mando supremo de las Fuerzas Armadas, como si se tratara de un asunto exclusivamente familiar en el que las Cortes generales no tienen por qu estar presentes. Es difcil encontrar un ejemplo de mayor desprecio por parte del principio monrquico al principio de legitimacin democrtica.

Por la tarde Felipe de Borbn y Grecia se presentara, ya con uniforme militar, ante las Cortes Generales para hacer efectiva la sustitucin de su padre como Rey Felipe VI.

El reinado de Felipe VI se iniciaba de manera preocupante, aunque de momento la cosa no fuera a ms, ya que en los primeros aos de ejercicio de la magistratura su comportamiento ha encajado dentro de los lmites propios de la monarqua Parlamentaria.

Hasta el discurso televisado el pasado martes, 4 de octubre, en el que se dirigi directamente, al pueblo espaol para dar a conocer su posicin sobre el proceso hacia la independencia que se est viviendo en Catalunya.

Se trata, sin duda, de una circunstancia de un enorme dramatismo. En mi opinin la ms dramtica desde la entrada en vigor de la Constitucin. Estas son las circunstancias en las que una Constitucin se retrata, en las que se pone de manifiesto cul de los dos principios que estn presentes en su forma poltica, el democrtico o el monrquico tiene la primaca. En el que se comprueba si el artculo 1.2 CE se mantiene por delante del artculo 1.3 CE o este ltimo se pone por delante.

La monarqua del discurso de Felipe VI el pasado 4 de octubre no fue la monarqua Parlamentaria de la Constitucin, sino la monarqua Espaola de las Constituciones anteriores a la de 1978. La precedencia histrica de la monarqua sobre la democracia se colaba en nuestro sistema poltico.

El hecho de que nos encontremos ante una situacin excepcional no slo no justifica dicha inversin entre los principios de legitimidad democrtico y monrquico, sino que debe conducir a lo contrario. Cuanto ms difciles son las circunstancias, menos se justifica la intervencin de una magistratura hereditaria que carece, por ello, de legitimacin democrtica. El Rey en la Constitucin es un rgano, pero no un poder del Estado, que no puede, en consecuencia, intervenir en el proceso poltico. Nunca, pero mucho menos cuanto ms decisivo sea el momento.

La conducta del Rey Felipe VI no solamente supuso una vulneracin de la Constitucin y una deslealtad respecto del ejercicio del poder constituyente del pueblo espaol, que no por casualidad y de manera inadvertida puso el artculo 1.2 CE antes del 1.3 CE, sino que adems desnaturaliz con ello la monarqua Parlamentaria regulada en la Constitucin.

Lo hizo, adems, con un discurso que supuso una ruptura con la neutralidad exigible a cualquier Jefe del Estado en una democracia parlamentaria, tanto en una Repblica como en una monarqua, pero obviamente mucho ms en esta ltima. Ningn Jefe de Estado en Europa con legitimacin democrtica, es decir, ningn Presidente de una Repblica con la excepcin del Presidente de la Repblica Francesa, podra haberse dirigido a los ciudadanos en los trminos en que lo hizo el Rey Felipe VI. En una monarqua Parlamentaria tal conducta es sencillamente inimaginable.

Cmo es posible que esto haya ocurrido y por qu? Cmo es posible que una conducta tan inequvocamente contraria a lo que es la naturaleza de la monarqua Parlamentaria y tan contraria incluso a la forma en que dicha monarqua est regulada en la Constitucin Espaola se haya producido?

El rey que nunca jur la Constitucin

Y la respuesta la encontramos en el Prior Tempore, en la precedencia del principio monrquico al principio democrtico en el proceso constituyente de 1975-1978, que se corrigi, como hemos visto en el texto constitucional, pero que se corrigi no sin ambigedades, entre las que cabe destacar las dos siguientes:

La primera es que el Rey Juan Carlos I, que haba jurado las Leyes Fundamentales de Franco, a fin de poder convertirse en sucesor del General Franco en la Jefatura del Estado a ttulo de Rey, no jur nunca la Constitucin Espaola.

El Rey promulg la Constitucin con una frmula que ya indica cul es la posicin en la que l considera que se encuentra respecto del texto constitucional. Dice as:

Don Juan Carlos I, Rey de Espaa, a todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes han aprobado y el pueblo espaol ratificado la siguiente Constitucin.

D. Juan Carlos I nunca consider que su autoridad viniera de la Constitucin. Su autoridad era anterior a la Constitucin y nunca consider que debiera considerarse subordinada a ella. l no reciba su autoridad de la Constitucin, sino que era l con su autoridad previa el que la promulgaba, incorporndola de esta manera como norma de cabecera al ordenamiento jurdico. De ah que no se hiciera nunca una ceremonia de juramento de la Constitucin, tras la entrada en vigor de esta ltima. La ambigedad de un poder monrquico previo a y autnomo respecto del poder democrticamente constituido ha estado presente desde el momento fundacional del sistema poltico configurado por la Constitucin de 1978. Y de alguna manera no ha dejado de estar presente desde entonces.

Resulta curioso llamar la atencin que en las ediciones de las Normas Polticas, publicadas por diversas editoriales y que son los textos con los que se ensea a los alumnos en las Facultades de Derecho, la Constitucin se publica sin la frmula de la promulgacin, que nicamente aparece en la publicacin oficial de la misma por el BOE. Tambin resulta curioso que la frmula de la promulgacin solo figure en la edicin oficial de la Constitucin en lengua castellana, pero no en la edicin en cataln, euskera o gallego. Parece como si hubiera una voluntad de que todo lo relativo a la monarqua fuera de lo ms nebuloso.

La segunda ambigedad aparece en la formulacin del principio de legitimidad democrtica del Estado en el artculo 1.2 CE. De acuerdo con la forma consolidada de expresin de dicho principio en el constitucionalismo democrtico comparado, el artculo debera haber dicho: La soberana nacional reside en el pueblo espaol del que emanan TODOS los poderes del Estado. Es la forma en que el constituyente democrtico europeo, que fue un constituyente republicano, ha subrayado que no puede existir en el Estado poder sin legitimacin democrtica. Ningn rgano del Estado puede ser portador de poder si no emana de pueblo.

En el artculo 1.2 CE, sin embargo, desaparece el TODOS. Emanan los poderes, pero no todos los poderes del Estado.

Se puede considerar que la omisin carece de importancia, ya que la regulacin que se hace en la Constitucin de LA CORONA y de los poderes del Estado, deja claro que la Corona es rgano, pero no poder del Estado y no era preciso, en consecuencia, que se hiciera constar as en el Ttulo Preliminar.

Pero no es as. El uso de la expresin todos los poderes del Estado era la forma de indicar de manera expresa e inequvoca que el poder constituyente del pueblo espaol se extenda tambin a la monarqua. La inclusin del trmino habra supuesto la supresin de cualquier tipo de ambigedad respecto de la presencia de un principio monrquico como principio de legitimacin del poder. El principio monrquico se proyectara hacia el interior de la institucin monrquica, pero no penetrara de ninguna manera en el sistema poltico de la democracia.

La exclusin del trmino todos es todo menos inocente. Se trata de una renuncia del poder constituyente a pronunciarse sobre la monarqua, que es lo que ha ocurrido a lo largo de toda nuestra historia, con la excepcin obvia de las dos Repblicas.

Debe ser subrayado, porque es de suma importancia, que la forma de proceder del constituyente de 1978 se asemeja a la del constituyente de 1812.

En Cdiz ha sido en la nica ocasin en que en un debate constituyente espaol se intent dejar por escrito en el propio texto constitucional que el poder constituyente de la nacin poda acabar conduciendo a una forma de gobierno que no fuera la monarqua. Ha sido la nica ocasin en que se intent vincular el hecho de que la soberana reside esencialmente en la nacin con el derecho a adoptar (por la nacin) la forma de gobierno que ms le convenga. En el Proyecto de la Constitucin enviado a las Cortes Constituyentes para su debate y aprobacin se contempl esa posibilidad. El artculo 3 del Proyecto deca literalmente: La soberana reside esencialmente en la nacin y, por lo mismo, le pertenece exclusivamente el derecho a establecer las Leyes Fundamentales, y de adoptar la forma de gobierno que ms le convenga.

En mantener o no la ltima frase sobre adoptar la forma de gobierno que ms le convenga se centr el debate sobre dicho artculo, que fue, dicho sea de paso, el momento culminante del debate en las Cortes de Cdiz. Fue el momento de mayor intensidad, en el que participaron todas las primeras figuras del momento.

El debate concluy con su desaparicin en el texto definitivo bajo el argumento capcioso de que el derecho a adoptar la forma de gobierno estaba ya incluido en el de establecer sus Leyes Fundamentales y era, por lo tanto, redundante.

Nunca ms volvi a contemplarse en ninguno de los posteriores procesos constituyentes la posibilidad de que el poder constituyente de la nacin pudiera extenderse a la monarqua. La continuidad de la historia constitucional espaola, desde esta perspectiva, es extraordinaria.

De esta continuidad es de la que debera haberse apartado el constituyente de 1978, que es el nico, aparte del constituyente republicano de 1931, que ha hecho descansar la Constitucin en el principio de legitimacin democrtica. El constituyente de 1978 debera haber suprimido todo tipo de ambigedades respecto de la monarqua y afirmar que su poder tambin se extenda a ella sin la menor reserva.

No ha sido as y de aquellos polvos, estos lodos. En cuanto el sistema poltico configurado por la Constitucin de 1978 ha entrado en dificultades, el principio monrquico se ha puesto por delante del principio de legitimacin democrtica, el art. 1.3 CE se ha puesto por delante del art. 1.2 CE. Ocurri en primer lugar tras las elecciones al Parlamento Europeo, que fue la primera cita electoral en la que se hizo visible la crisis del sistema de partidos que haba dominado la vida poltica desde las elecciones del 15 de junio de 1977. La Abdicacin del Rey Juan Carlos en su hijo Felipe de la forma en que la hemos visto fue la respuesta. Acaba de ocurrir en esta semana pasada con el discurso televisado del Rey Felipe VI. La monarqua Espaola de nuestro constitucionalismo histrico empieza a ocupar el lugar de la monarqua Parlamentaria.

La "vuelta a las andadas" de la monarqua

Dadas las circunstancias en la que nos encontramos, es ilusorio pensar que lo que ha ocurrido en estos ltimos aos y en especial esta pasada semana no va a volver a ocurrir y que, de ahora en adelante, la monarqua se comportar como una monarqua Parlamentaria adecuada al concepto, como dira Hegel.

En el Derecho Constitucional, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Privado, no es necesaria la repeticin reiterada de acontecimientos para que se constituya un precedente. Con una vez basta.

La autonoma de la que ha considerado que dispona el Rey Felipe VI para analizar la situacin y adoptar la decisin que considerara pertinente, desconociendo la Constitucin, alterando el orden establecido por el constituyente entre el principio de legitimidad democrtica del Estado y el principio monrquico, y la desnaturalizacin que con ello se ha producido de la monarqua Parlamentaria, no son elementos menores.

Despus de lo ocurrido esta semana, nicamente podemos ir a peor. Con la trayectoria de la monarqua a lo largo de toda nuestra historia constitucional nadie puede llamarse a engao. Con Felipe VI la monarqua ha iniciado la vuelta a las andadas. Y ello no es compatible con un Estado democrtico digno de tal nombre.

La sociedad espaola, si quiere vivir en una sociedad democrtica, tiene que afirmar de manera inequvoca su voluntad constituyente sobre la monarqua, tiene que decidir sin ambigedad de ningn tipo, que tiene el derecho a adoptar la forma de gobierno que ms le convenga.

Y esto nicamente puede hacerse mediante un referndum, en el que el cuerpo electoral pueda decidir si considera que la monarqua debe continuar formando parte de su forma de gobierno o no. Y en el caso de que optara por mantener la monarqua, definir a continuacin con precisin cul sera su posicin dentro del sistema poltico.

No hay problema ms importante ni tarea ms urgente.

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/necesario-referendum-monarquia_6_695440472.html



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