Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-11-2017

La ofensiva racista del estado espaol

Arturo Borra
Rebelin


En la escalada racista de la Unin Europa, el estado espaol juega un papel relevante, en este caso, vulnerando una vez ms derechos fundamentales de personas inmigradas que han arribado de forma irregular a territorio nacional. Su ltima incursin racista, ligada a un sistema represivo de control migratorio, no es otra que el uso de un centro penitenciario en Murcia como Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE), encerrando a 497 argelinos que no han cometido ningn delito. La criminalizacin de seres humanos en situacin irregular ahonda en la fractura tnico-racial que asola Europa. El argumento gubernamental para este uso supletorio es la falta de un CIE con capacidad para alojar a este nmero de personas. Aunque es de sobra conocido que los CIE han funcionado y siguen funcionando, de facto, como crceles o depsitos de inmigrantes, lo cierto es que en este nuevo captulo de la historia de la infamia se reconoce de forma explcita la equivalencia entre centro penitenciario y centro de internamiento, pese a los malabarismos retricos que hace el gobierno nacional para insistir en que se trata de una crcel que no funciona (todava) como crcel. La frontera entre ambos dispositivos, desde este momento, queda abolida: si la justificacin oficial de los CIE, acorde a las directivas europeas, asienta en diferenciar este tipo de institucin -sealando su carcter no penitenciario- de un dispositivo carcelario, la decisin de encerrar como presidiarios a personas que slo han incurrido en una falta administrativa hace indiscernible esa frontera. Con ello, eleva un hecho legal y polticamente inadmisible al rango de derecho. El mensaje es inequvoco: desde la perspectiva estatal vigente, no todo sujeto tiene derecho a tener derechos. Con ello, convierte la excepcin en norma, consagrando la discriminacin institucional como parte irreductible del funcionamiento del estado central.

El problema, desde luego, no se limita al encaje legal de este tipo de encierro carcelario; tampoco se limita a la falta de infraestructuras adecuadas o a la falta de asistencia jurdica de las personas encarceladas. Implica, ms bien, enfrentarse a las estructuras racistas y xenfobas de un estado que, en este caso, invoca el derecho para aplicar procedimientos propios de un estado policial que deja en situacin de indefensin a cientos de personas.

En suma, la reciente reclusin de casi 500 inmigrantes en el Centro Penitenciario Mlaga II identifica, de forma abusiva y sin ningn tipo de debate previo, espacio carcelario y CIE, admitiendo de forma explcita lo que diversos colectivos sociales vienen denunciando desde hace tiempo: la existencia de instituciones europeas absolutamente incompatibles con el tan mentado estado de derecho. Con ello, el estado institucionaliza el trato a ciertos sujetos inmigrantes como delincuentes. La utilizacin de una crcel como CIE, producto de una decisin judicial avalada por el Ministerio del Interior, entronca as con una poltica de estado regresiva que trata de forma desigual a las personas segn su procedencia nacional, racial y tnica. No slo presupone negar cualquier rango de ciudadana a estos sujetos sino, lo que es igualmente grave, los priva del ejercicio de algunos de sus derechos humanos fundamentales.

El tratamiento de estos migrantes como sujetos delictivos ahonda en la injusticia sistemtica que sufren millones de personas en una Europa alambrada, indiferente a la gravsima situacin que han contribuido a producir a partir de sus polticas neocoloniales y sus injerencias polticas, econmicas y militares en el sistema mundo. Una decisin de este tipo marca una nueva etapa en la sistemtica vulneracin de los derechos de las personas racializadas: ya no se trata de ocultar lo que de todas formas sabemos la desigualdad tnico-racial que el estado espaol refuerza mediante sus polticas y prcticas racistas- sino de normalizar un trato vejatorio e ignominioso hacia diversos sujetos sociales. Semejante violencia sistmica recuerda la octava tesis de las Tesis sobre filosofa de la historia de Walter Benjamin: La tradicin de los oprimidos nos ensea que la regla es el estado de excepcin en el que vivimos. En efecto, a pesar del escndalo que provoca esa regla cuando apunta a la burguesa blanca y europea, la excepcionalidad es la norma para las clases oprimidas y tanto ms para colectivos que, de forma regular, son los principales damnificados no slo del clasismo sino tambin del sexismo y el racismo institucionalizados. En un contexto regresivo semejante, ni siquiera la izquierda europea tradicional parece estar en condiciones de implicarse en la elaboracin de una estrategia de lucha antirracista que cuestione y subvierta estas polticas.

Ante esta nueva ofensiva de un estado de derechas ms que de derecho no necesitamos consejos paternales para disipar nuestras diferencias en un proceso de integracin que se parece cada vez ms a la mera asimilacin, sino el apoyo activo a las comunidades racializadas y, en particular, la creacin de estrategias interseccionales en las que la participacin protagnica de los sujetos migrantes se hace impostergable. Sin esa participacin, es previsible que el sueo europeo no signifique nada distinto a la pesadilla del suprematismo racista.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter