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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-08-2018

La captura estadounidense de la protesta social en Nicaragua

Ricardo Orozco
Rebelin


Apenas un da despus de que una delegacin estadounidense conformada por el Secretario de Estado, Mike Pompeo; la Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen; el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; y el asesor senior del presidente Donald J. Trump, Jared Kushner; visitara Mxico con motivo de la transicin presidencial de diciembre prximo, el actual gobierno en funciones lanz un comunicado en el que afirma que el Estado mexicano condena el uso de la violencia y la represin en contra de estudiantes y civiles en las instalaciones de la Universidad Nacional Autnoma de Nicaragua.

El evento, por s mismo, en apariencia no representa mayor trascendencia si se toma en cuenta que dicho comunicado es apenas uno de cuatro que la administracin federal saliente emite, en torno de la profusin de violencia en Nicaragua, desde abril pasado. La cuestin de fondo es, no obstante lo anterior, que aunque el tono del comunicado mexicano se mantiene en la tnica discursiva adoptada desde el 22 de abril, marca cierta pauta de lo que ya se avizora ser el curso que tomar la poltica exterior de los aliados estadounidenses en la regin sobre la sociedad centroamericana.

Para poner en contexto la evolucin de la narrativa regional sobre Nicaragua, el primero de los comunicados formulados por la Cancillera mexicana, dado a conocer cuatro das despus de que las manifestaciones sociales sacudieran a ese pas por vez primera en el ao, se limit a expresar que el gobierno de Enrique Pea Nieto se restringa a dar seguimiento al curso de los acontecimientos, solicitando el cese de los actos de violencia por la va del dilogo entre las partes involucradas. Un segundo comunicado se dio a conocer un mes despus, a finales de mayo, reiterando la necesidad de que los antagnicos resolvieran sus diferencias recurriendo a mecanismos de concertacin, adems de apoyar las recomendaciones formuladas por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto.

El tercero se emiti a mediados de junio, introduciendo el apoyo del gobierno mexicano al establecimiento de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragenses durante los dos meses de protestas, as como reiterando la necesidad de buscar una salida al conflicto por el dilogo aunque ya siendo explcito el apoyo al rol de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como el mediador. El cuarto, finalmente, condena los actos de violencia cometidos en contra de la Universidad Nacional Autnoma de Nicaragua y de las instalaciones religiosas que la poblacin ha utilizado para construir sus propios bastiones de resistencia frente a la represin policial.

En conjunto, los cuatro documentos para los estndares de la poltica exterior mexicana en el actual sexenio, pretenden mantener un cierto grado de neutralidad y autonoma, as como un supuesto respeto al principio constitucional de no intervencin en los asuntos de otros Estados; con lo cual se busc no dar un posicionamiento que llevara a tomar partido entre sociedad o gobierno. Sin embargo, por supuesto que apoyos tan explcitos como los referentes a las recomendaciones de la CIDH, de la constitucin de un GIEI y de la mediacin necesaria de la Conferencia Episcopal son un posicionamiento explcito en favor de la sociedad (y en detrimento del gobierno nicaragense), pese a que por la pretendida neutralidad de los tres actores involucrados en cuestin se presupone que en realidad Mxico no tom partido por ninguno de los bandos enfrentados.

La posicin de la administracin de Daniel Ortega, despus de todo, se mantiene en la anquilosada negativa a cualquier prctica de escrutinio internacional que involucre, por un lado, a instancias histricamente empleadas por Estados Unidos para intervenir en otros Estados con fines humanitarios o en defensa de la libertad, la igualdad, la estabilidad, la paz, la seguridad y la democracia cada trmino entendido a la manera estadounidense, claro est; y por el otro, que siquiera le brinde una posibilidad a los aparatos de inteligencia de Estados Unidos para incidir sobre las decisiones de la sociedad en rebelda, por muy independientes, civiles y no gubernamentales que stas se afirmen.

Por oposicin, las masas manifestndose exigen que sean mecanismos ajenos a Nicaragua los que realicen el juicio histrico sobre la respuesta gubernamental ante sus demandas, dando por sentado que ello facilita y garantiza su independencia, objetividad, justeza y autonoma frente las redes de poder y los intereses vinculados a la administracin nacional vigente.

Observar la poltica exterior de los aliados caribeos y centroamericanos de Estados Unidos, en general; y de Mxico, en particular; sobre el curso de los acontecimientos en Nicaragua, en este sentido, resulta fundamental para comprender la correlacin de intereses en disputa en el momento presente, y en particular en lo que respecta a la discusin sobre si se trata de un golpe de Estado suave o expresiones de inconformidad legtimas ante un gobierno cada vez ms acrtico y dictatorial; pero tambin, y sobre todo, para visibilizar las formas, los contenidos y la intensidad con la que intereses geopolticos externos al pas estadounidenses, de manera fundamental se estn configurando y avanzando en su reposicionamiento para reconfigurar las relaciones de poder dominantes al interior del pas.

Respecto del primer punto, es claro que la discusin pblica sobre la violencia en Nicaragua ha tendido a decantarse cada vez ms y con mayor profundidad y discordia, entre, por un lado, los argumentos que defienden la idea de que las protestas sociales de los ltimos tres meses responden a demandas legtimas de una poblacin hastiada por una poltica que discursivamente se presenta como de izquierda, pero que en la prctica, en sus tres ltimos quinquenios, rectifica su naturaleza neoliberal; y por el otro, los que reiteran que el carcter del conflicto en cuestin se encuentra comandado por intereses estadounidenses operados por organizaciones nicaragenses afines y por ellos financiadas.

La realidad, por supuesto, es mucho ms compleja que esa autocomplaciente polarizacin explicativa. Y, de hecho, si algo han ido confirmando los eventos que se han sucedido desde abril es que hay una concatenacin, una suerte de convergencia fctica, entre ambas lgicas, con la primera operando de manera explcita, pero inconsciente, por la segunda. Las amasas alimentando la intervencin extranjera.

Y es que, en efecto, no cabe duda que la masa de la poblacin saliendo a las calles desde abril se debe a sus manifestaciones como respuesta a intereses legtimos que la administracin nacional de Daniel Ortega han ido minando con el tiempo, por medio de una mayor profundizacin de la agenda neoliberal en el pas, en donde las propuestas en torno de la seguridad social de los trabajadores slo constituy la gota que derram el vaso en una larga lista de polticas pauperizantes, entre las cuales se incluyen concesiones millonarias por medio siglo a empresas chinas, proyectos de infraestructura privatizadores, actividades extractivas, despojos de tierras, aniquilacin de reservas naturales, desarrollos portuarios, aeroportuarios y carreteros con costosos elevados al erario y sus contribuyentes Todo sumado a una profusin de violencia armada a causa de la expansin de la guerra continental contra el narcotrfico, en los ltimos aos.

Ante esas protestas, el gobierno nicaragense actu mediante el recurso a una represin que lo nico que caus fue atizar ms el descontento de los diversos sectores que ya se encontraban involucrados en las calles o que an requeran de un pretexto para hacerlo. Por eso, los pasos que Daniel Ortega dio para retractarse de las principales decisiones que haban detonado las marchas de abril no fueron medidas suficientes paradesescalar las demandas populares. De hecho, en la medida en que la represin gubernamental se hizo ms sistemtica debido a la magnitud de las protestas cada nueva manifestacin se hizo ms grande, ms exigente y ms profunda. Y viceversa, la represin creci de manera proporcional al crecimiento natural del descontento.

Esta parte de la historia tiene poco que ver con cualquier intento extranjero de intervencin y responde ms al hecho de que, en sus tres administraciones al hilo, los intereses a los que representa Daniel Ortega abrieron frentes locales a los que ni ellos mismos supieron responder ni atajar: al sandinismo de la vieja guardia se le dio la espalda en el plano agrcola, mientras que a sus nuevas guardias los nietos de los sandinistas de la dcada de los ochenta, apenas se les ofreci una expectativa de vida con satisfacciones mnimas, sujetas a un futuro asalariado con una escasa perspectiva de movilidad y a una nula representacin poltica ms all de los mrgenes de la formalidad partidista histrica; la reconciliacin con la poderosa iglesia catlica entr en una nueva fase de sano distanciamiento, pese a las concesiones que se le hicieron desde 2006, como en temas de maternidad; y al empresariado local, por su parte, se le fue relegando por el extranjero, en la medida en que la lealtad poltica de aquel se haca cada vez ms endeble.

Es por esto que los intereses en conflicto al interior de las protestas sociales de los ltimos meses son tan diversos e incluso tan divergentes, con pocos puntos de convergencia ms all del reclamo sobre un cambio de rgimen, en cuyo escenario la disputa se encuentra en la posibilidad de cada grupo de instituir una nueva correlacin de poder que beneficie ms a unos o a otros.

Aqu es donde entra el factor extranjero de la ecuacin. Y es que si bien es cierto que toda esta dinmica presenta sus propios rasgos de espontaneidad y legitimidad popular, tambin lo es que existe un ncleo duro, interno a las movilizaciones, que pugna por ser el conjunto de intereses que domine la accin social en las calles y la agenda poltica a impulsar para la obtencin de una transicin. Ese ncleo, en trminos generales, se compone por un compacto espectro juvenil conglomerado en torno de su actividad estudiantil y su participacin en organizaciones no gubernamentales.

Parte importante de la actividad de esas universidades la gran mayora de ellas privadas o con participacin estatal minoritaria y de esas organizaciones no gubernamentales, hoy, se encuentran bajo la acogida de la agenda poltica y el financiamiento impulsado por tres instituciones estadounidenses histricamente ligadas con la desestabilizacin de sociedades por la va de la promocin de la democracia, el libre mercado y los derechos humanos; a saber, la United States Agency for International Development (USAID), la National Endowment for Democracy (NED) y el National Democratic Institute (NDI), este ltimo presidido por la exsecretaria de estado de Bill Clinton, Madeleine Albright con presencia en pases tan hermticos a los aparatos de inteligencia estadounidenses como Cuba, Corea del Norte e Irn.

De ah que lo que comenz siendo un movimiento popular, de masas, paulatinamente est siendo capturado por la agenda particular de estos grupos, sin ms, ejecutores de la agenda de intereses geopolticos estadounidenses en la regin (y en un pas que, adems, cuenta con una presencia china importante y desafiante al establishmentmilitar de Estados Unidos).

La receta por supuesto no es nueva. En los aos recientes, es el vivo reflejo de los eventos que llevaron a consumar un golpe de Estado en Brasil, contra Dilma Rousseff, y a cerrar el cerco alrededor de Venezuela en lo que va de mandato de Nicols maduro. Por eso el seguimiento al debate pblico regional y a los posicionamientos de poltica exterior de los actores locales resulta fundamental para conocer las vas y los contenidos por los cuales van avanzando los intereses geopolticos exteriores a Nicaragua, porque son, en varios sentidos, los calibradores que indican las formas, las intensidades y la extensin de las narrativas que se van construyendo para dotar de legitimidad al cambio de rgimen y a la intervencin internacional en el pas.

Es cierto que el sandinismo de la vieja guardia, dominante en la administracin del aparato gubernamental nicaragense, hoy, en realidad, ya no representa el peligro que en los aos ochenta del siglo veinte le supona a Estados Unidos. Y tambin lo es que el origen de la protesta social actual no encuentra sus races en alguna articulacin con los aparatos de inteligencia estadounidenses. Sin embargo, ello no significa que el gobierno de Donald J. Trump no est aprovechando el momento, la coyuntura, para montarse sobre las exigencias de las masas para colocar su agenda y hacer valer ese cambio de rgimen por el que tanto ha presionado desde abril pasado.

Y aqu la cuestin es que el gobierno de Ortega ha resistido esa presin extranjera, pero lo ha hecho al precio de escalar la violencia en el pas o, por lo menos, sin saber cmo actuar de manera tal que no se d pauta alguna a actos cada vez ms combativos por parte de la poblacin. Y el riesgo de seguir con ese rumbo de accin es que se potencia el margen para calcar el modelo de intervencin en Venezuela: en donde, de abril a la fecha, una resolucin de la Cumbre de las Amricas, tres posicionamientos del Grupo de Lima (que aglutina a trece Estados de la regin) y una resolucin ms de la Organizacin de Estados Americanos han ido ejerciendo mayor presin sobre la presidencia de Maduro, en aspectos tan claves como el financiamiento a instancias multilaterales para intervenir en el pas, el cerco a los fondos y recursos financieros a los que es posible acceder, el bloqueo comercial, el fortalecimiento poltico de la oposicin de extrema derecha en la Asamblea Nacional, el desconocimiento del orden constitucional del Estado y el rechazo de los procesos electorales celebrados y por celebrar.

Por eso los posicionamientos de Mxico en torno de la situacin nicaragense son reveladores: porque si bien la poltica exterior del presente sexenio ha tendido a un mayor alineamiento con la estadounidense para no tener que ceder en algunas de las demandas que le formula la administracin Trump, gran parte de Centroamrica es una zona estratgica para los intereses de seguridad mexicanos, y un endurecimiento, abrupto o paulatino, de su narrativa condenatoria de los actos del Estado nicaragense apunta no slo a un repliegue mexicano respecto de esos intereses, sino que, adems, es indicativo de un escenario en el que un actor antao aliado en la pacificacin de las guerrillas en la regin estara liderando el cierre del cerco, ocultndolo detrs del velo de legitimidad democrtica y libertaria que le confirieron a Mxico mecanismos como Contadora.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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