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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-08-2018

Que se abra ms la caja de Pandora en Honduras

Expediente Pblico


El 13 de junio la Misin de Apoyo Contra la Corrupcin y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupcin (UFECIC), present ante las autoridades hondureas una amplia investigacin sobre corrupcin conocida como el caso Pandora.

El caso revela la desviacin de fondos de la Secretara de Ganadera y Agricultura (SAG) destinados a apoyar a mujeres en situacin de pobreza, para financiar campaas polticas y engordar los bolsillos de los implicados durante las elecciones de 2013.

La investigacin implica tanto a miembros del gobernante Partido Nacional, como del opositor Partido Liberal y al partido FAPER. Entre los 38 imputados hay caras conocidas como Elvin Santos, destacado lder del Partido Liberal y empresario de la construccin, con vnculos comerciales con las ltimas administraciones nacionalistas. Tambin vincula a veteranos diputados nacionalistas como Rodolfo Iras Navas (siete periodos en el Congreso) y a Celn Discua (cinco periodos). Tambin fue acusado Jean Marie de Peyrecave, viudo de Hilda Hernndez, hermana del Presidente Hernndez, fallecida en un accidente de helicptero a finales de 2017. En los ltimos das se vincul al caso a la actual primera dama de Honduras Ana Garca , que habra recibido ms de 60 mil dlares a travs de cheques emitidos por una de las empresas vinculadas al caso.

Una historia sin fin

Honduras arrastra un grave problema de corrupcin desde su nacimiento como Repblica. A principios del siglo XIX, las dinmicas geopolticas coloniales y poscoloniales dejaron al pas en una situacin de debilidad, en la que se configur una nefasta relacin entre una reducida lite poltica criolla y los inversores internacionales, basada en el trfico de influencias y la opacidad. Durante las primeras dcadas del siglo XX, el pas se convirti en un enclave para compaas bananeras estadounidenses, que hacan y deshacan gobiernos a su antojo. En aquellos aos, un empresario bananero lleg a afirmar que en Honduras una mula vale ms que un diputado, haciendo referencia al alto grado de corrupcin existente en aquella poca. Con posterioridad, el pas se vio golpeado por otras dinmicas internacionales como la guerra fra, la guerra a las drogas o el neoliberalismo, que no permitieron un desarrollo democrtico de sus instituciones.

Llegado el siglo XXI, Honduras padeci una severa crisis poltica como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derroc al gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Tras esta ruptura del orden democrtico, el sistema poltico hondureo, basado en el bipartidismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, entr en un proceso de descomposicin. El resultado fue un gobernante Partido Nacional fortalecido electoralmente, que vio la oportunidad de inaugurar un periodo de hegemona poltica en el pas.

Pasados 9 aos de gobiernos nacionalistas, tres procesos electorales altamente cuestionados y una crisis poselectoral a finales de 2017 y a principios de 2018 que dej ms de 30 muertos , la hegemona nacionalista muestra algunos signos de desgaste. Sin duda la indignacin social contra la corrupcin podra llegar a determinar el destino poltico del pas en los prximos aos.

Para tratar de arrojar algo de claridad sobre la maraa de corrupcin e impunidad que actualmente impera en Honduras, es necesario analizar por separado varios aspectos clave del fenmeno: el alcance y la magnitud de los casos de corrupcin en Honduras; el m arco l egal y el contexto poltico que favorecen la impunidad; y, los factores de quiebre del sistema de impunidad imperante en el pas.

Alcance y magnitud de casos de corrupcin en la Honduras actual

No es posible realizar una medicin exacta de la magnitud de la corrupcin en Honduras. Sin embargo, desde organizaciones de sociedad civil se han realizado diferentes ejercicios para tratar de darle un valor estimado. La organizacin FOSDEH cifra en un 4.5% del PIB el valor de los recursos que pierde el Estado por culpa de la corrupcin cada ao.

Para dar un panorama ms claro al respecto se hace una breve referencia a los principales casos de corrupcin revelados en los ltimos aos, que sin duda solo representan una pequea muestra de lo que podra estar ocurriendo en el pas, dad a s las limitadas capacidades investigativas existentes:

Desfalco del Instituto Hondureo de Seguridad Social - IHSS

El desfalco del IHSS consiste en una trama de corrupcin con mltiples ramificaciones, que supuso la sustraccin de unos 200 millones de dlares de esta institucin. El modus operandi de esta trama se bas en la utilizacin de empresas fantasmas para realizar cobros por bienes y servicios inexistentes, o la sobrevaloracin de bienes y servicios realmente prestados. El propio presidente Juan Orlando Hernndez reconoci pblicamente que su campaa electoral de 2013 se financi parcialmente con fondos provenientes de este desfalco, sin mayores consecuencias jurdicas.

Este caso ha sido investigado por el Consejo Nacional Anticorrupcin y varios de sus responsables guardan prisin. La sociedad hondurea respondi con indignacin ante estas revelaciones, y en mayo de 2015 se cre el conocido movimiento de los indignados, quienes se movilizaron durante varios meses en las llamadas marchas de las antorchas.

Entre las exigencias de ese movimiento destac la instalacin de una misin internacional de apoyo al Poder Judicial para luchar contra la corrupcin, liderada por Naciones Unidas, a imagen y semejanza de la Comisin Internacional Contra la Corrupcin y la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La magnitud y frecuencia de las protestas llev al gobierno de Hernndez a negociar con la Organizacin de Estados Americanos la instalacin de la MACCIH en 2016, cuyo mandato y competencias, aunque mucho ms limitados que los de la CICIG, sin duda suponen un importante paso en la lucha contra la corrupcin en Honduras.

Astropharma

Este caso revel una trama que se dedic a la venta de medicamentos de mala calidad (en algunos casos se trataba de cpsulas de harina) por parte de la empresa Astropharma al sistema de salud publico hondureo. La empresa en cuestin es propiedad de Lena Gutirrez, vicepresidenta del Congreso Nacional durante las administraciones de Pepe Lobo y parte de la de Juan Orlando Hernandez. En todo momento, el Partido Nacional apoy firmemente a la seora Gutirrez, que estuvo en arresto domiciliario al mismo tiempo que segua siendo vicepresidenta del Congreso. Uno de los testigos protegidos del caso sufri un atentado en 2015, cuando recibi cinco disparos, uno en la cabeza. En febrero de 2018, la seora Gutirrez qued en libertad por resolucin de la Corte Suprema de Justicia, que continua con el proceso judicial en su contra.

Caso Red de Diputados

El caso conocido como Red de Diputados fue presentado por MACCIH-UFECIC a los tribunales hondureos en diciembre de 2017, en plena crisis postelectoral. La investigacin presentada revel la existencia de una Red de Diputados que se apropi ilegalmente de fondos pblicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal. Cuatros diputados y una diputada se valieron de una ONG que reciba fondos para proyectos sociales de la Secretara de Finanzas y del Congreso Nacional. Los cinco diputados pertenecan a partidos opositores al gobierno, y en 2016 votaron en el Congreso Nacional a favor del nombramiento de varios magistrados para la Corte Suprema de Justicia propuestos por el gobierno de Juan Orlando Hernndez, en la mayora de los casos en contra de la disciplina de partido.

Meses ms tarde, estos mismos magistrados dieron al Presidente Hernandez el aval jurdico necesario para presentarse a la reeleccin, en violacin flagrante de lo establecido en la constitucin hondurea. De los diputados vinculados a esta trama, dos de ellos fueron expulsados de su bancada y partido (LIBRE) tras aquella votacin para nombrar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema. Otro de ellos fue expulsado de la Democracia Cristiana.

Con posterioridad, se supo que la investigacin realizada por la MACCIHUFECIC alcanzaba a muchos ms diputados. En declaraciones a un medio de comunicacin espaol, el entonces vocero de la MACCIH afirm que podra afectar a unos 140 diputados , en lo que calific como una vasta red.

Lamentablemente, este caso acab siendo archivado por la jueza que lo estaba conociendo, quien traslad acciones al muy politizado Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y dej en libertad a los acusados. Todo ello se realiz bajo el amparo de la recin aprobada Ley de Presupuesto para 2018, sobre la que se darn ms detalles posteriormente.

La caja chica de la dama

En este caso est directamente involucrada la exprimera dama y esposa de Porfirio Lobo (2010-2014), Rosa Elena Bonilla. La investigacin presentada por la MACCIHUFECIC en febrero de 2018, revel la existencia de una trama que oper entre 2011 y 2014, mediante el desvo de fondos destinados a obras sociales y manejados por la oficina de la primera dama por un valor de 16 millones de lempiras (ms de 600 mil dlares).

La reaccin del expresidente Lobo a la detencin de su esposa no se hizo esperar. En una llamada realizada a uno de los programas de debate poltico ms populares del pas, asegur que cinco personas con mucho poder en Honduras se reunieron en casa presidencial y decidieron entregar a su esposa como ofrenda a una MACCIH en crisis tras la salida del anterior vocero Juan Jimnez Mayor. Unos das antes, el gobierno hondureo haba procedido a embargar bienes a la exprimera dama, encontrando al entrar en su vivienda en Tegucigalpa, 16.7 millones de lempiras en efectivo. Una cantidad casi idntica a la que se le acusa de sustraer en la investigacin presentada en su contra. En los meses posteriores, y con la atencin meditica ms centrada en otros asuntos, una Corte de Apelaciones hondurea redujo el peso de las acusaciones contra la seora Bonilla al recalificar los delitos imputados y le devolvi todos los bienes embargados. El caso sigue en marcha.

Caso Pacto de Impunidad - Fe de erratas

Este caso , presentado en marzo de 2018 por la MACCIH, tiene relacin directa con el archivo del proceso conocido como Red de D iputados. Su origen est en la aprobacin de la Ley de Presupuesto de 2018 en enero de 2018. Esta ley, siguiendo el proceso legislativo comn, fue sometida a aprobacin por el Congreso y posteriormente fue publicada en el diario oficial La Gaceta. La sorpresa surgi cuando la versin publicada en este diario contena una disposicin que no fue votada en el Congreso, segn afirm la MACCIH tras revisar exhaustivamente los videos de la sesin parlamentaria correspondiente.

Dicha disposicin ordenaba al Tribunal Superior de Cuentas realizar una auditora de tres aos de duracin y que cubrira todos los fondos pblicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores pblicos, Congreso Nacional y otras entidades entre los aos 2006 y 2018. Adems, estableca que, durante ese periodo de tres aos de auditoria, no procedera ninguna accin judicial para reclamar ningn tipo de responsabilidad, ya sea esta administrativa, civil o penal. De esta forma y como se coment anteriormente, se estaba cerrando la posibilidad de que desde la MACCIH se presentasen ms investigaciones sobre corrupcin, ya que su mandato terminara antes del fin de la auditoria. Aunque posteriormente se public una fe de erratas en La Gaceta, se mantuvo el precepto introducido con algunas modificaciones en su redaccin.

En el caso fe de erratas, la MACCIH present acusacin contra siete diputados (uno de ellos Secretario del Congreso) y una exparlamentaria por manipulacin del texto legal efectivamente aprobado en el Congreso. Es importante sealar que la citada exparlamentaria, Ana Joselina Fortn, en su momento diputada del opositor PAC, tambin vot en 2016, contraviniendo la disciplina de partido, en favor de la nueva Corte Suprema de Justicia que acabara permitiendo la reeleccin de Juan Orlando Hernndez. Este proceso lleva meses pendiente de una resolucin judicial al respecto, que ha sido retrasada inexplicablemente.

Como respuesta a este proceso, el pleno del Congreso Nacional, con los votos a favor del Partido Nacional y sus aliados, emiti una declaracin afirmando la falsedad de las acusaciones contra los diputados encausados. En julio de 2018 el Secretario del Congreso e imputado por este caso Toms Zambrano, present una mocin para reformar la Ley Orgnica del Poder Legislativo para facultar a los secretarios del Congreso Nacional a modificar el contenido de lo aprobado y ratificado por el pleno de parlamentarios. La mocin fue aprobada.

Caso Pandora

Se trata del ltimo caso presentado pciamiento ilegal de campaas polticas en 2013 y varios casos de enriquecimiento personal. Entre los acusados figuran algunos de los diputados nacionalistas con mayor antigedad en el Congreso, un exalcalde nacionalista preso por vnculos con el narcotrfico, un recientemente fallecido exministro de finanzas de Porfirio Lobo, y un cuado del Presidente Hernndez. Tambin aparecen sealados destacados lderes opositores como Elvin Santos del Partido Liberal.

As, se revelaba que fondos provenientes de una administracin del Partido Nacional fueron a parar a las arcas del Partido Liberal y de sus dirigentes, en un momento (2013) en el que se produjo un pacto poltico entre el Partido Nacional y Liberal para marginar de instituciones clave como el Ministerio Pblico, el Registro Nacional de las Personas o el Tribunal Supremo Electoral a los opositores y emergentes partidos LIBRE y PAC.

Tras la presentacin del caso a las autoridades competentes, los tribunales hondureos analizaron la informacin recibida y no procedieron de forma inmediata a la captura de los acusados. Las rdenes de captura fueron emitidas un mes despus de presentado el caso, como resultado de las presiones del gobierno estadounidense, que horas antes haba hecho pblica la retirada de la visa a la jueza Alma Guzmn, por haber liberado a los acusados del caso red de diputados.

La mayora de los acusados se present de forma voluntaria ante el tribunal que, tras una audiencia inicial de varios das de duracin, decidi dejar en libertad con cargos a todos los procesados , con la excepcin del seor Jacobo Regalado, a quien se le dict prisin preventiva. En la misma resolucin, la jueza elimin la acusacin por lavado de activos (el delito ms grave que se imputaba a los acusados), y la sustituy por el delito de encubrimiento, con una pena mucho ms baja.

El 27 de julio, un medio de comunicacin hondureo informaba de la existencia de un supuesto nuevo requerimiento fiscal en el marco de este caso, que ya estara en manos del Ministerio Publico y en el que se acusara a otros 54 congresistas y ex congresistas. Segn la informacin difundida, los diputados serian miembros del Partido Nacional (31 congresistas), Partido Liberal (12 congresistas), Partido Libre (8 congresistas), Democracia Cristiana (2 congresistas) y Unificacin Democrtica (1 congresista).

Otros:

Los casos mencionados hasta ahora solo son una muestra de lo que podra estar ocurriendo en el pas. En los ltimos aos, se han multiplicado las revelaciones de nexos directos entre el crimen organizado y las instituciones pblicas. Hay alcaldes presos por narcotrfico, como el de Yoro . Otros tienen orden de captura y estn fugados, como el de El Paraso, Cop n, que durante la ltima campaa electoral se dio el lujo de participar en un acto proselitista en favor de su testaferro y actual alcalde del municipio, durante el cual mostr su apoyo incondicional a la reeleccin del presidente Hernndez.

Desde tribunales de Estados Unidos, narcotraficantes de la organizacin criminal conocida como Los Cachiros han vinculado con sus actividades al actual Ministro de Seguridad , al alcalde de San Pedro Sula y a varios polticos del ms alto nivel. Tambin han sido sealados pblicamente por vnculos con el crimen organizado el hermano del presidente Hernndez y el expresidente Pepe Lobo, cuyo hijo cumple condena por narcotrfico en Estados Unidos y en cuyo gobierno el crimen organizado recibi jugosos contratos pblicos .

Existen adems en el pas numerosos conflictos relacionados con las licencias otorgadas por el gobierno para la explotacin de recursos naturales, en cuya administracin se observa altos niveles de opacidad y favoritismo. El asesinato de la lder indgena Berta Cceres fue precisamente en el contexto de su oposicin a uno de estos proyectos. El caso est siendo investigado por la MACCIH.

Marco legal y contexto poltico que favorecen la impunidad

La corrupcin en Honduras constituye un fenmeno estructural, con gran afectacin en todos los poderes del Estado. Ya se han mencionado algunas de las causas de este fenmeno, relacionadas con la historia del pas y sus ltimas crisis polticas. A estas es fundamental aadir una nueva clave: un marco legal inadecuado para la lucha contra la corrupcin e impunidad.

Ya se ha hecho referencia a algunas de estas normativas, como la reforma de la Ley Orgnica del Poder Judicial, o la Ley de Presupuesto de 2018, pero tambin existen otras como la Ley de Secretos , la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad , la Ley de Promocin de Alianzas Pblico-Privadas , o la Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promocin y Fomento del Sector de las Comunicaciones , que contienen aspectos sumamente preocupantes y que podran estar dando cobertura a sectores corruptos de la clase poltica hondurea.

Es evidente que la clase poltica gobernante en Honduras no quiere remover el avispero de la corrupcin, ni ve con buenos ojos el trabajo que se realiza desde la MACCIH o el CNA. El diputado nacionalista y vicepresidente del Congreso Nacional Antonio Rivera Callejas ya dijo pblicamente el pasado enero que la MACCIH quiere desestabilizar el pas.

Prueba de la falta de aprecio de la clase poltica hacia la MACCIH es la sobresaltada (y breve) vida de la institucin. La presentacin de un recurso de inconstitucionalidad contra su convenio de creacin, interpuesta por el Secretario del Congreso, Toms Zambrano, es un caso paradigmtico de este tipo de sobresaltos. Aunque finalmente la Corte Constitucional emiti un pronunciamiento verificando la legalidad del convenio, el fallo contiene varias disposiciones entre sus considerandos que podran poner en peligro su viabilidad y capacidad de actuacin .

La salida del anterior vocero Juan Jimnez Mayor, estuvo precedida de fuertes presiones y acciones en su contra. l mismo denunci que sectores corruptos haban contratado un bufete de abogados para tratar de deslegitimarlo, vinculndolo al escndalo Odebrecht en Per, su pas natal. La salida de Jimnez Mayor fue amarga, y aunque los dardos lanzados por el exvocero fueron dirigidos al Secretario General de la OEA Luis Almagro, sin duda los enemigos internos que tena en Honduras pesaron mucho sobre su salida.

El nombramiento de un sustituto a Jimnez Mayor se produjo varios meses despus de su salida, debido a la actitud de bloqueo del gobierno de Hernndez, a pesar de que desde la OEA se propuso con rapidez el nombramiento en el cargo del brasileo Luiz Antonio Marrey Guimaraes. El nombramiento del nuevo vocero se produjo de forma simultnea a la firma de una carta de 10 puntos entre la OEA y el gobierno de Honduras, que desde algunos sectores de sociedad civil se teme pueda suponer una limitacin al mandato de la MACCIH.

Fa ctores de quiebre del sistema de impunidad imperante en el pas

La problemtica de la corrupcin, como fenmeno estructural al interior de la sociedad y el estado hondureo, presenta diversos factores de quiebre que, en los prximos aos y si se combinan de forma adecuada, podran llevar a un cambio positivo en el pas.

El primero de estos factores de quiebre lo constituye la movilizacin ciudadana contra la corrupcin. La movilizacin de los indignados de 2015 constituye todo un referente al respecto. La capacidad de las y los hondureos de replantearse sus estrategias de movilizacin y lograr hacer presin ante instituciones y partidos polticos ser la clave fundamental de la deriva del pas.

Otro factor de quiebre fundamental ser el trabajo que se realice desde organismos clave como la MACCIHUFECIC y el CNA, as como desde los medios de comunicacin independientes. La presentacin de nuevos casos de corrupcin puede servir como revulsivo para la movilizacin social, y para presionar al gobierno para que reforme el marco legal existente y tome medidas contra los corruptos. La importancia de este factor en el actual panorama supone una fuerte debilidad de cara a avanzar en el proceso de cambio necesario, ya que la existencia de la MACCIH est muy vinculada a la propia voluntad del gobierno de renovar su convenio una vez se venza el periodo de vigencia inicial. Adems, y ms all de la importancia de los casos presentados por la MACCIH, la dependencia del sistema de justicia hondureo de un organismo internacional supone una rplica de anteriores modelos de dependencia externa.

Para lograr un impacto sostenible del trabajo de la misin, ser fundamental avanzar en la independencia de instituciones clave del sector justicia como el Ministerio Pblico y el Poder Judicial. Lamentablemente, el panorama poltico actual no es proclive a que se produzcan este tipo de reformas, como lo pone de manifiesto el proceder de los poderes pblicos descrito en este artculo.

Un tercer factor de quiebre de este sistema lo constituyen las presiones que los socios internacionales de Honduras realicen sobre el Estado para lograr las reformas necesarias. Sin embargo, es evidente que las relaciones polticas, econmicas y militares que tiene Honduras con su principal socio, Estados Unidos, estn basadas en muchas ms consideraciones que la lucha contra la corrupcin (relaciones comerciales, lucha contra el narcotrfico, consideraciones geopolticas).

Conclusiones

La corrupcin en Honduras, como fenmeno estructural, ha crecido en los ltimos aos y alcanza a la mayor parte de las instituciones del Estado. Existe todo un proceso de concentracin de poder alrededor de la Presidencia de la Repblica, dirigido inicialmente a dar una legitimacin jurdica a la reeleccin presidencial, y que ha generado un modelo de Estado autoritario y opaco. El propio entorno del Presidente Hernndez est salpicado por la corrupcin (recordemos el caso de su cuado, su hermano y su esposa comentados anteriormente).

Adems, se observa que miembros de partidos opositores estn involucrados en tramas corruptas, en las que supuestamente habran recibidos fondos pblicos con origen en el poder ejecutivo en el momento exacto en que sus partidos realizaban alianzas polticas con el gobierno (vinculadas al nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo Fiscal General, y nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral).

La maraa de intereses existentes, la inestabilidad poltica imperante a nivel nacional y regional y la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones internacionales en la era Trump, dibujan un panorama poco claro para Honduras. Parece evidente que solo una potente movilizacin social lograr sacudir los cimientos en los que se asienta el fenmeno de la corrupcin en Honduras.

Fuente: http://www.expedientepublico.org/index.php/corrupcion/96-que-se-abra-mas-la-caja-de-pandora-en-honduras



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