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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-04-2019

Emergencia habitacional en Euskadi

Jose Arturo Val del Olmo y Marcelino Garca Carpio
Rebelin


Es conocido que la ley del paralelogramo de fuerzas se aplica tambin a la poltica: cuando los aliados polticos tiran en direcciones opuestas la resultante es cero. El DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GV quiere aplicar la Ley de Vivienda Vasca pero el resto del gobierno tira justamente en la direccin contraria. El DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA desoye la peticin de asignar mas personal a Vivienda, y el DEPARTAMENTO DE HACIENDA sita a la vivienda como farolillo rojo en recursos, a pesar de ser un derecho fundamental para la inclusin social, y del cual dependen otros derechos, como la salud, la educacin, o la proteccin de los menores.

La LEY DE VIVIENDA VASCA va a cumplir cuatro aos y la situacin se ha agravado. Vivimos una EMERGENCIA HABITACIONAL que se quiere desconocer. 52.000 inscritos en ETXEBIDE, con unos ingresos medios de 12.000 euros ao, demandan un alquiler social, mientras conocemos que hay familias viviendo hacinadas, o en viviendas que no son dignas, o en oficinas y locales sin actividad. Se retrasa la edad de emancipacin, y es difcil desarrollar proyectos de vida compartidos. Miles de personas viven dia-riamente de la caridad, cada dia es ms difcil acceder a un techo, y aumentan los hogares que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda y suministros bsicos.

Asistimos, adems, a un proceso de concentracin privada de la propiedad inmobiliaria. Los bancos estn vendiendo su patrimonio inmobiliario a fondos buitre como CERBERUS, LONESTAR, BLACKSTONE, O INTRUM. Fondos que operan en parasos fiscales, y actan agresivamente para conseguir beneficios abusivos de paquetes de deuda que compran a precios de saldo, y que incluyen viviendas con el propietario dentro. Hay esta el intento de desahucio de una familia por TESTA RESIDENCIAL, que gestiona 450 viviendas VPO en BENTA BERRI DONOSTIA, o el de CHUSE en Rioja Alavesa por INTRUM, que gestiona 45.000 alquileres en el estado. El resultado es que se han disparado los precios de alquiler, 1.096 euros de media en la CAV el ao pasado, y se ha turistificado el centro de las ciudades. La dramtica consecuencia es el aumento espectacular de los desahucios de alquiler, muchos de los cuales no pasan por el juzgado, ni aparecen en las estadsticas. Adems, hay arrendadores que directamente exigen condiciones discriminatorias que excluyen a colectivos vulnerables, y prolifera el alquiler de habitaciones, sobre todo de familias monoparentales, sin contrato ni derecho a empadronamiento. Actualmente, ms de un 40% de los contratos de alquiler en el mercado privado son clandestinos.

Aadir que, en los prximos meses, 80.000 ejecuciones hipotecarias, que estaban suspendidas, debern ser resueltas por los tribunales espaoles tras la Sentencia del TJUE sobre la clusula de vencimiento anticipado. En junio entrar en vigor la Ley de Crdito Inmobiliario y su carcter retroactivo significar una nueva ola de demandas hipotecarias. El ao que viene finaliza la suspensin por dos aos de los desahucios hipotecarios. Por eso son necesarias medidas urgentes que no admiten espera.

La primera obligacin de las administraciones pblicas es cumplir la ley. El DICTAMEN DEL COMIT DESC DE NACIONES UNIDAS, de junio de 2017, es de obligado cumplimiento, y dice que: es una violacin grave del PIDESC, suscrito por el reino de Espaa, cualquier desalojo forzoso, por ejecucin hipotecaria o por alquiler, de una persona o colectivo vulnerable, sin previa alternativa habitacional. El RDL DE ALQUILERES recin convalidado, establece que los jueces vienen obligados de oficio a comunicar a los servicios sociales del ayuntamiento todos los desahucios para que emitan informe de vulnerabilidad y proporcionen una alternativa habitacional. Los juzgados vascos ya han empezado a cumplir esta ley lo que va a incrementar la demanda de viviendas de emergencia. Sin embargo, los PISOS DE ACOGIDA, previstos en la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, estn saturados y son insuficientes, y los pocos PISOS DE EMERGENCIA del Gobierno Vasco se retrasan tres y ms meses en estar disponibles y ser asignados. Esta es la primera necesidad urgente.

Mientras se incumple la ley, se retrasan injustificadamente las actuaciones para movilizar las ms de 20.000 viviendas que segn el GV llevan ms de dos aos deshabitadas. Es exigible ya informacin transparente sobre cuntas viviendas deshabitadas hay en cada municipio, y quines son sus titulares. Es un crimen que haya viviendas vacas cuyo propietario es la propia administracin, por ejemplo 480 viviendas en Gasteiz segn el alcalde, pero tambin de bancos, fondos de inversin, de la Iglesia, o de grandes tenedores, que tienen una mayor responsabilidad social. Urgen medidas contra la especulacin, estableciendo INDICES OFICIALES DE PRECIO DE ALQUILER, por municipios y barrios, vinculados a los ingresos medios de la zona, que delaten a quienes se estn aprovechando de la necesidad para hacer negocio. Y hay que reformar la fiscalidad, porque no es comprensible que casi 400 millones de euros desgraven la compra de vivienda cuando hace falta mas presupuesto para aumentar el parque pblico de alquiler, ni tampoco que haya arrendadores con beneficios fiscales aunque cobren alquileres abusivos.

Finalmente, los ayuntamientos deben aprovechar la reciente autorizacin por ley para que dediquen sus Remanentes de Tesorera a polticas de vivienda, y el GV tiene que aumentar drsticamente su presupuesto para no tener que explicar maana por qu las promesas que hizo ayer no se han cumplido hoy.

Jose Arturo Val del Olmo es miembro de Stop Desahucios Euskadi

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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