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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-06-2019

Crnica de un rechazo anunciado: el intento de modificacin de la Ley Indgena

Karina Vargas
Observatorio Ciudadano


Cuando se anunci la modificacin de la Ley 19.253, ms conocida como Ley Indgena, era de esperarse el rechazo que esta modificacin generara entre los pueblos indgenas que habitan Chile. Lo que no imagin ni dimension el Gobierno fue la magnitud de ese rechazo: protestas y pronunciamientos en contra de la modificacin a lo largo de todo el pas, expresados en la casi totalidad de los talleres informativos de la consulta para la modificacin de la referida ley, suspensin de algunos de estos talleres, cambio de los lugares de reunin a ltimo momento, realizacin de algunos talleres a puerta cerrada con pequeos grupos, as como el despliegue de gran contingente policial en algunos de los lugares donde se convoc a los talleres informativos, lo que ocasion enfrentamientos con los representantes que se buscaba consultar y la detencin de algunos de ellos.

Un proceso de consulta en estos trminos no es acorde a los estndares internacionales de derechos humanos; primero porque la consulta requiere de un clima de confianza que permita el desarrollo de un dilogo constructivo entre las partes. Ya el Comit Tripartito de la OIT ha sealado que el establecimiento de mecanismos eficaces de consulta y participacin contribuyen a prevenir y resolver conflictos mediante el dilogo y por ello, es consustancial a toda consulta la instauracin de un clima de confianza mutua[2]. Aspecto que no se cumple cuando los talleres se realizan a puerta cerrada, sin garantas de transparencia y con la intervencin de contingentes policiales; ya que expresan la desconfianza hacia los sujetos consultados, y de otro lado, intimida a los representantes indgenas, quitndole incluso el carcter de libre que conlleva el derecho a la consulta, pues los titulares de este derecho no deben ser objeto de ningn tipo de coercin, intimidacin, presin o manipulacin externa.

Por otro lado, el despliegue de los contingentes policiales para brindar seguridad al proceso frente a los mismos sujetos que sern consultados, implica en cierta manera una deslegitimacin hacia ellos, con la contradiccin de que deslegitimar a los sujetos con los que se entabla el dilogo[3] es deslegitimar el dilogo mismo.

Las muestras de rechazo que vemos desplegarse a lo largo de estos das, expresan principalmente su negativa frente a la modificacin de la Ley 19.253, Ley que si bien adolece de limitaciones para asegurar el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indgenas, entre ellos su derecho al territorio, ha servido y es la nica herramienta de proteccin de la tierra que actualmente tienen los pueblos indgenas.

Expresa claramente tambin un rechazo hacia el dilogo unilateral que busca implementar el gobierno; pues un verdadero dilogo debe ser definido por las dos partes que dialogan, tanto en la forma como en el contenido del mismo, y en este caso las medidas a consultar, as como las fechas y lugares para su realizacin no fueron definidas en un proceso participativo con los pueblos indgenas, sino impuestos desde el Gobierno, otorgando un carcter pasivo al sujeto consultado.

En un proceso participativo para definir los contenidos a consultar, el gobierno hubiera podido conocer aquello que hoy se expresa en los carteles de rechazo: no a la modificacin de la ley indgena, s a la recuperacin de los territorios ancestrales. Demanda histrica y actual que ningn gobierno de turno a querido asumir a travs del dilogo.

Finalmente, se seala que las modificaciones que buscan consultarse responden a la situacin de pobreza y vulnerabilidad que vive la poblacin indgena respecto a la no indgena[4], y con la finalidad de incentivar el desarrollo territorial indgena, rebajando con ello los estndares de proteccin de la tierra en la bsqueda de introducirlas en la lgica del mercado[5].

Cuando la idea de que alcanzar el desarrollo recortando la seguridad de los territorios no guarda lgica respecto a los pueblos indgenas, por el contrario, contar con territorios suficientes y seguros es lo que garantiza el mayor desarrollo para estos pueblos.

Ya que para los pueblos indgenas la tierra y los territorios no son solo una entidad productiva, sino como bien seala en el Convenio 169 de la OIT en su artculo 13.1 los pueblos indgenas tienen una relacin con sus tierras y territorios que reviste una importancia especial para sus culturas y valores espirituales.

Asimismo, La experiencia de la OIT con los pueblos indgenas y tribales demuestra que cuando las tierras indgenas de tenencia comn se dividen y asignan a particulares o terceros, el ejercicio de los derechos de las comunidades indgenas tiende a debilitarse y, por lo general, acaban perdiendo todas las tierras o gran parte de ellas con la consiguiente reduccin general de los recursos de que disponen los pueblos indgenas cuando conservan sus tierras en comunidad[6]. Sin mencionar que los territorios indgenas son un requisito esencial para la supervivencia y reproduccin cultural de los pueblos indgenas, y por ende para un desarrollo de acuerdo a sus propias prioridades.

Es en este sentido que la Declaracin sobre derecho al desarrollo, en su artculo 1, inc.2, seala que el derecho humano al desarrollo implica tambin la plena realizacin de los pueblos a la libre determinacin, que incluye el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberana sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

En este sentido, es la seguridad jurdica de sus tierras y territorios la que les permitir lograr la implementacin de su propia racionalidad econmica, que al fin y al cabo remite a las dinmicas de produccin, administracin, distribucin, intercambios, entre otras, como un acumulado de acciones que se efectan por medio de sus propias instituciones, en todos los aspectos de la vida y a nivel territorial[7].

[1] Karina Vargas es coordinadora del Programa Derechos de los Pueblos Indgenas del Observatorio Ciudadano.

[2] Informe del Comit encargado de examinar la reclamacin en la que se alega el incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre pueblos indgenas y tribales, 1989 (nm. 169), presentada en virtud del artculo 24 de la Constitucin de la OIT por la Federacin de Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC), GB.294/17/1; GB.299/6/1 (2005), prr. 53

[3] Ejemplo de ello, son los 11 detenidos en el taller informativo de la consulta en San Bernardo, luego de una represin policial hacia los comuneros en las dependencias de la Gobernacin Provincial del Maipo: https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/28/video-consulta-indigena-en-san-bernardo-termina-con-alta-represion-y-11-detenidos/; y 35 detenidos en el taller informativo de la consulta en Valdivia: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/06/06/valdivia-comunidades-que-rechazan-consulta-indigena-denuncian-participacion-de-conscriptos.shtml

[4] http://consultaindigena2019.gob.cl/medidas?fbclid=IwAR3PNDOSKGw_YmaudJNQyYwnVJHcxB9lH28i0cED8MTy6VZyvjcMTdEe-PA

[5] Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucana, pg. 14.

[6] (CEACR OIT Reclamacin contra Per, GB.273/14/4, prr. 26).

[7] Tesis Nor Mogen ka Dewman, Ronny Leiva Salamanca (2016).

https://observatorio.cl/cronica-de-un-rechazo-anunciado-el-intento-de-modificacion-de-la-ley-indigena/



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