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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-06-2019

Suprema Impunidad

Arturo Peinado Cano
Foro por la Memoria

El Supremo ha adoptado una resolucin poltica, no jurdica. Pero no se le puede acusar de incoherencia


El pasado 4 de Junio el Tribunal Supremo ha decidido a favor de adoptar la medida cautelar solicitada por la familia Franco, paralizando la exhumacin del dictador del Valle de Cuelgamuros y el traslado de sus restos, accin prevista por el Gobierno para el 10 de Junio.

Venimos defendiendo pblicamente que cada da que Franco pasa en Cuelgamuros es un insulto a la sociedad espaola y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de vctimas. Asimismo, los intentos de la familia Franco de entorpecer y sabotear la salida de los restos de Cuelgamuros con la inestimable colaboracin de jueces de convicciones democrticas discutibles, suponen una vejacin y humillacin para las miles de vctimas del franquismo, para sus familias y para el conjunto de la sociedad.

Una verdadera democracia no puede permitir que se siga honrando a un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internaciones de derechos humanos. Un criminal debe tener slo un reconocimiento particular, al contrario que los defensores de la Repblica y las personas que lucharon contra el franquismo, que deberan ser honrados oficialmente por el Estado, y siguen, en muchos casos, en cunetas.

Creemos que el Supremo hubiera debido rechazar la cautelar de manera tajante, puesto que la exhumacin y el traslado de los restos desde Cuelgamuros al panten de El Pardo no suponen un dao para la familia, ya que ambos lugares de enterramiento son propiedad del Estado espaol. Asimismo, en caso de que el Tribunal Supremo estime finalmente el recurso de los abogados de la familia Franco contra el Decreto-Ley convalidado por el Congreso de los Diputados, el traslado de restos previsto para el 10 de Junio hubiera sido fcilmente reversible. Argumentar en el auto del 4 de junio que se aprueba la medida cautelar porque la exhumacin sera perjudicial para la familia y para el inters pblico, y que incluso hay coincidencia entre estos intereses, resulta de un cinismo insultante.

En consecuencia, llegamos a la conclusin de que el TS ha adoptado una resolucin poltica, no jurdica. Pero de lo que no se le puede acusar es de incoherencia.

Ha llamado la atencin y ha generado polmica en los medios y en la sociedad, que el Supremo en su auto, afirme que Francisco Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936. En aquella fecha, solo haban pasado dos meses desde el golpe militar del 18 de julio y quedaban por delante ms de dos aos de Guerra Civil. Por tanto, al reconocer la legalidad de la proclamacin de Franco por la Junta de Defensa golpista, considera como ilegtima a la II Repblica.

Una cosa es la verdad histrica, dado que existe un generalizado consenso acadmico sobre la legalidad y la legitimidad republicanas, y otra es que el Estado espaol actual ni se reconoce como heredero de la Repblica, ni ha ilegalizado el franquismo. Todo ello fruto de que en la Transicin no se produjo una ruptura democrtica con el pasado dictatorial. No se puede seguir ocultando la gravedad de que la construccin jurdica del Estado espaol se fundamente en una flagrante falsificacin histrica.

El 18 de julio de 1936 Franco, Queipo de Llano, Fanjul, Saliquet, Goded y Cabanellas fueron separados de sus funciones y tres das despus expulsados del ejrcito, lo que se public en la Gaceta de Madrid, antecedente del BOE. Pero a da de hoy el Estado espaol no reconoce esa expulsin, sino los grados militares que tenan los golpistas en aquel momento, adems de todos los ascensos, condecoraciones, etc.. que se autoconcedieron posteriormente.

Otro ejemplo, ente muchos, de la continuidad jurdica entre el franquismo y la democracia actual es que todas las sentencias represivas del franquismo continan siendo legales y firmes. Es ms, el gobierno de Rodrguez Zapatero argument durante la elaboracin de la llamada Ley de Memoria Histrica de 2007, que las sentencias emitidas por los tribunales entre 1936 y 1977 en aplicacin de la legislacin represiva del franquismo, no podan ser declaradas nulas porque ello supondra poner en riesgo la seguridad jurdica.

Somos conscientes de que el nmero 1 del actual Boletn Oficial del Estado es de fecha 2 de Octubre de 1936? La legalidad actual proviene directamente del 18 de julio, y asume la ruptura con la legalidad constitucional republicana como propia (1). Por supuesto, el sistema democrtico ha sustituido y derogado buena parte de la legislacin franquista (como en las disposiciones derogatorias de la Constitucin). Pero la legislacin que desde el 18 de Julio del 36 hasta 1977, entr a formar parte del ordenamiento jurdico espaol no fue la promulgada por la Repblica sino por el Estado franquista, tanto la que pueda seguir en vigor como la que ha sido derogada en democracia.

La Justicia espaola es siempre garantista con los derechos de los victimarios, mira hacia otro lado cuando se trata de los derechos de las vctimas, y nunca pierde oportunidad en apuntalar el Modelo Espaol de Impunidad. Qu se puede esperar del Tribunal Supremo, si reconoce explcitamente en un Auto aprobado por unanimidad, la legalidad del golpe del 18 de Julio? El sistema democrtico seguir pagando las consecuencias de no haber depurado en su momento a los franquistas de los aparatos del Estado. Especialmente grave es el caso de la judicatura, donde perviven endogamias, valores y hbitos que muy difcilmente podramos calificar como democrticos. Adems, las polticas de nombramientos de los gobiernos de la derecha, junto a la connivencia entre magistrados y polticos conservadores han empeorado la situacin, llevndola a un estado difcilmente reversible.

El accidentado proceso para exhumar a Franco y trasladarlo desde Cuelgamuros, as como los avatares de la llamada Querella argentina, por ejemplo, la Circular de la Fiscala General del Estado (2), han tenido a pesar de todo un efecto positivo: dejar en evidencia la continuidad y plena vigencia a da de hoy, de lo que dimos en llamar el Modelo espaol de impunidad.

Un Modelo de Impunidad, explicitado en el llamado Documento Nizkor (3), que no slo sigue plenamente vigente, sino que cada vez se muestra como un elemento central y definitorio del sistema democrtico creado durante la Transicin, y de lo que ahora se da en llamar el Rgimen del 78. Cuando en los aos 80 los polticos espaoles definan nuestro modelo de Transicin a la democracia como ejemplar y exportable, de lo que realmente estaban hablando era de impunidad.

Que la exhumacin de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy la prueba de fuego de la calidad de la democracia espaola. El Decreto-Ley sobre la exhumacin de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el da 13 de septiembre de 2018 con slo dos votos en contra. Por tanto, lo que ahora se est dilucidando es quin tiene realmente el poder en Espaa: las instituciones democrticas (Gobierno y Parlamento), o la familia Franco, sus fundaciones y abogados, financiados con el producto del expolio masivo de bienes pblicos y privados llevado a cabo por la dictadura.

La campaa #NiValleNiAlmudena respaldada por ms de 100 organizaciones memorialistas y de vctimas del franquismo, colectivos religiosos, vecinales, feministas, ecologistas, polticos, sindicales, culturales, etc ha propuesto crear una comisin parlamentaria para investigar y hacer pblicos la herencia recibida y el origen de las propiedades actuales de los Franco, y asimismo conocer las actuaciones de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento patrimonial de dicha familia. Esta actuacin pretende, con 44 aos de retraso, naturalizar una situacin (la rendicin de cuentas y eliminacin de privilegios de la familia del dictador) como ha sido norma habitual en los pases que han pasado de una dictadura a una democracia.

Uno de los argumentos que los abogados de los Franco han presentado al Supremo para impedir la exhumacin es que, de llevarse a cabo, les producira unos supuestos daos morales, y el Tribunal ha acordado en su auto la proteccin cautelar y urgente del inters familiar del dictador. Al menos ellos sabrn siempre dnde est enterrado su abuelo, porque docenas de miles de familias de vctimas del golpe del 36 y de la dictadura, no tienen reconocido ni pueden ejercer ese derecho.

Notas:

(1) A partir del Dictamen de la Comisin sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, informe de discutido valor jurdico que trat de justificar la ilegimitidad del Gobierno de la Segunda Repblica. Fue entregado en febrero de 1939 a Ramn Serrano Suer.

(2) La Fiscala espaola ni investiga ni deja investigar

Comunicado de la Federacin Estatal de Foros por la Memoria, 10 octubre 2016

https://www.foroporlamemoria.info/2016/10/la-fiscalia-espanola-ni-investiga-ni-deja-investigar/

(3) La cuestin de la impunidad en Espaa y los crmenes franquistas. Equipo Nizkor, 14 de abril de 2004

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html

Arturo Peinado Cano (@apces) Presidente de la Federacin Estatal de Foros por la Memoria

Fuente: http://www.foroporlamemoria.info/2019/06/suprema-impunidad-2/



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