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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-07-2019

La nueva ley electoral merece una consulta popular y un referendo

Emilio Duharte Daz
La Tizza


El presente material constituye una versin sintetizada y corregida especialmente preparada para La Tizza del artculo cientfico en proceso de publicacin Reformas electorales en el contexto terico y de la reforma poltica integral en Cuba: complejo camino hacia el consenso[1].

En un momento en que la nueva Ley electoral cubana[2] se encuentra prcticamente a punto aunque no se conocen pblicamente el nivel y calidad de la participacin real y efectiva en su elaboracin convendra insistir en propuestas que pudieran servir al perfeccionamiento del proyecto, aunque casi todas han sido presentadas anteriormente por diferentes vas y medios.

No se ha planteado el objetivo de valorar el proyecto de Ley electoral publicado recientemente. Se supone que est sujeto a cambios.

Constitucin de la Repblica: solo jurdica? Y la Ley Electoral?

Fue altamente positivo que en 2018 y comienzos de 2019 el pueblo de Cuba se enfrent al proceso de creacin y aprobacin de una nueva Constitucin de la Repblica. A juicio de este autor, ello comienza a dar respuesta a una demanda poblacional y, en especial, de la academia cubana: no posponer ms la formulacin de propuestas concretas de reformas con propensin integral: de los procesos econmicos, polticos, sociales, culturales, jurdicos, ecolgicos, ideolgicos, acadmicos, cientficos y tecnolgicos en conjunto, en interpenetracin e interinfluencias. No se puede avanzar con eficiencia en el proceso de actualizacin del modelo econmico sin precisar, con acuerdos nacionales, los derroteros del desarrollo poltico con el que aquel interacta. El proceso constitucional a pesar de sus insuficiencias constituye ya, por s solo, una expresin de democracia. Su calidad, el nivel de participacin popular en l, lo ha convertido en uno de los acontecimientos de mayor impacto de la historia revolucionaria cubana. Hganse algunas precisiones.

Un problema fundamental y gran riesgo para las reformas electorales es el enfoque jurdico que preponder en detrimento de otros durante el proceso de creacin constitucional[3], salvo contadas excepciones. Es decir, prevaleci un sobredimensionamiento del tratamiento jurdico de ese proceso. En la versin original del artculo se profundiza en ello. Para el presente material se quiere subrayar solamente la siguiente idea sintetizadora: Sin obviar que en la elaboracin de la Constitucin haya que ser sintticos, concretos en el orden normativo-jurdico, hay que serlos tambin en otros rdenes, enriquecedores del Derecho como ciencia y como prctica. No se duda del papel sobresaliente de las Ciencias Jurdicas en estos procederes. La tesis es que no basta para la Carta Magna contar con una formulacin rigurosa basada en lo que algunos llaman la tcnica o tecnologa jurdicas. Sin perder este lenguaje, hay que ser tambin precisos en las formulaciones que exige la integracin de los enfoques econmico, poltico, ideolgico-cultural, filosfico, sociolgico, tico, esttico, antropolgico, ecolgico, cientfico-tecnolgico, filolgico, comunicolgico que garantice la mayor calidad y precisin del texto constitucional y de las leyes. Solo una perspectiva de este rigor permite que el sistema electoral, reflejado en sus rasgos ms generales en la Constitucin, tenga una formulacin ms o menos precisa, completa y exacta, que facilite una ley posterior con similares caractersticas.

La ley electoral, por sus claras implicaciones sociopolticas exige, en su elaboracin, que se tengan en cuenta las diferentes condiciones y los factores sociales diversos que estn presentes e influyen sobre los fenmenos y procesos que ella refleja. No hay dudas que, para su elaboracin, es crucial tener en cuenta algunos asuntos de importancia vital para que la misma pueda legitimarse; por ejemplo, la necesidad de democratizacin permanente de la poltica y bsqueda del consenso poltico; el estudio de la psicologa social y poltica de los diferentes sectores poblacionales para conocer sus preocupaciones, percepciones, inclinaciones, los tipos de actitudes hacia la autoridad prevalecientes en una sociedad, la previsin cada vez ms rigurosa de las proyecciones de la conducta social y poltica de los ciudadanos; la comprensin de que la eleccin de representantes es un problema de valoracin de liderazgo, moralidad, instruccin, capacidad de gestin, oratoria, pero tambin de gusto, proyeccin de imagen, dramaturgia, espectacularidad y, sobre todo, de sensibilidad de los posibles candidatos; el conocimiento de las redes a veces invisibles que interactan en el tejido social con intereses de poder, acompaadas de mitos y smbolos que influyen de manera relevante en el pensamiento y comportamiento polticos; y otras cuestiones de importancia. Ello nos conduce al convencimiento expresado de que en auxilio del Derecho deben acudir necesariamente las otras disciplinas para un mejor diseo de los sistemas y procesos electorales y de los instrumentos legales que los respaldan.

El sistema poltico en su conjunto y el subsistema electoral [4] que a l se integra proyectan sus reformas

Algunas premisas fundamentales para el desarrollo poltico integral de la nacin, observadas como sus posibles tendencias y que tienen especial influencia en la conformacin y funcionamiento del sistema electoral, pueden sintetizarse en lo siguiente[5]:

La gestin econmica, social, cultural y poltica de la sociedad cubana est urgida de una mayor descentralizacin, estimulando la mayor autonoma y creatividad de las masas y, especialmente, de los municipios cubanos. La nueva Constitucin ya ofrece un respaldo especial, pero que debe tener un correlato riguroso en las leyes.

En este difcil camino es clave el fortalecimiento de las polticas de atencin a las demandas sociales e individualmente diferenciadas de la poblacin y su respaldo jurdico. En ello es definitoria la consecuente y definitiva ruptura con el igualitarismo, que no es sinnimo de igualdad ni de justicia social y s una errnea concepcin de la igualdad que excluye la individualidad. El enfrentamiento al igualitarismo desigual e injusto[6] no niega, por supuesto, la observacin de otro principio: la distribucin de acuerdo a los fondos sociales de consumo creados por el socialismo, o sea, los fondos para gastos sociales, o lo que algunos llaman inversin social.

Como parte de esos criterios de justicia se hace imprescindible la instrumentacin de mecanismos ms estables y duraderos de proteccin econmica, jurdica, social y poltica a la poblacin.

El sistema poltico cubano requiere un rescate definitivo y fortalecimiento continuo de la institucionalidad poltica, la rectificacin de sus disfunciones y la elevacin de la eficiencia en el funcionamiento del Estado, especialmente del Gobierno. Cada componente de la organizacin poltica no debe confundir sus funciones y atribuciones, ni suplantar las de otros. Fue esta confusin una desacertada experiencia del modelo socialista de Europa del Este y la antigua Urss. Ha habido tambin errores en este plano en la experiencia cubana de diferentes momentos histricos.

Hay que hacer ms racional y eficiente la composicin y funcionamiento de las asambleas del Poder Popular, en particular la Nacional, introduciendo modificaciones en su eleccin (se aborda ms adelante); instaurando el trabajo profesional de una mayor parte de los cargos de eleccin popular, especialmente de los diputados[7], segn las particularidades, necesidades y complejidad de regiones especficas; perfeccionando el trabajo de las comisiones permanentes y de la Asamblea Nacional como conjunto, de tal forma que las primeras no reemplacen el necesario anlisis integral que corresponde a la Asamblea en pleno; reglamentando e implementando adecuadamente y promoviendo activamente en la prctica la norma constitucional sobre el carcter pblico de las sesiones de las asambleas del Poder Popular a todos los niveles; y, sin evadir otras posibles modificaciones, valorar la implementacin de un rgano adecuado y funcional de control constitucional.

Otra posible tendencia muy importante es que se hace imprescindible la elevacin continua de la autoridad y poder reales an exiguos de los delegados municipales y diputados, lo que debe encontrar un reflejo ms amplio y ntido en las leyes y en la prctica poltica del pas. Es necesario que el delegado de circunscripcin logre ms profesionalidad en la labor de gobierno, mayor especializacin e idoneidad, reciba la preparacin adecuada, el tiempo y los medios econmicos y financieros necesarios para cumplir sus funciones.

Un asunto medular para la teora y la prctica polticas es la relacin entre los conceptos rendicin de cuentas y transparencia. A juzgar por los documentos polticos cubanos, la prensa y acciones polticas concretas, ello no se comprende suficientemente, observndose ambos como fenmenos prcticamente aislados, y no como ilustran la lgica de la poltica y su debate en las Ciencias Polticas actuales: la transparencia como parte de la rendicin de cuentas (su primera fase). Es urgente crear los dispositivos poltico-jurdicos que incluyan una entidad, rgano o instituto correspondiente que garanticen la transparencia y acceso a la informacin reales de acuerdo a los objetivos socialistas[8].

Es imprescindible elevar de manera constante el papel poltico de los colectivos laborales (colectivos de trabajadores) como fundamentos del sistema democrtico-participativo[9]. Ello implica otorgar mayor poder a los trabajadores, lo que significa consolidar la base misma del sistema poltico cubano. Sobre su posible papel electoral se expone ms adelante.

Cules pueden considerarse posibles reformas electorales en la Cuba de hoy?

Vale subrayar que el sistema electoral cubano tiene caractersticas democrticas esenciales al menos en el aspecto legal-racional que han regido durante las ltimas dcadas en Cuba, reformadas algunas en 1992. De ellas interesa destacar dos: una, el establecimiento con la reforma constitucional y la Ley electoral de 1992 del voto libre, directo y secreto de toda la poblacin para elegir a los delegados a las asambleas provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional, complementando la ya establecida desde 1976 eleccin directa de los delegados municipales o de base (de circunscripcin). Ello fue, en opinin de este autor, la reforma poltica de mayor trascendencia de los aos 90 en Cuba. Segunda caracterstica a resaltar: el sistema y su desarrollo han generado altos ndices de participacin en todos los comicios; garantizan una composicin social, profesional y poltica representativamente popular de las asambleas a todos los niveles; sin embargo, hay que atender la leve pero sostenida tendencia decreciente en la participacin que se ha establecido en los ltimos procesos comiciales y la necesidad de observar con ms detenimiento la calidad de la eleccin de los representantes populares y la evitacin del formalismo en la bsqueda de la representatividad.

El sistema electoral actual ha desempeado un papel positivo en etapas anteriores del proceso de democratizacin poltica; sin embargo, hoy se encuentra ante el dilema de ser renovado de manera inmediata por va ampliamente democrtico-participativa o deslegitimarse en gran medida, lo que incluye, por supuesto, la Ley Electoral[10].

Para ello es importante considerar que la nueva Ley debe ser parte de un proceso ms integral de perfeccionamiento del sistema poltico en su conjunto y de un transcurso sistmico de pensamiento y transformaciones sociales democrticos que permitan evitar la improvisacin, para que una nueva Ley no choque luego con otras modificaciones imprescindibles en la estructura y funcionamiento del Poder Popular y de todo el sistema poltico. Lo que se propone es pensar la nueva Ley electoral no como ente aislado, sino en su intervinculacin e interaccin con los dems componentes del sistema poltico en tanto fenmenos en transicin, sujetos tambin a cambios en el futuro inmediato, por lo que hay que tener en cuenta sus posibles transformaciones las que, a la vez que recibirn el impacto de las modificaciones al subsistema electoral, estaran influyendo igualmente sobre este.

En consonancia con ello, resulta de gran importancia una visin ms detallada y precisa de las propuestas de posibles nuevas reformas al sistema electoral[11] que podran aportar, particularmente, al proceso de elaboracin de la nueva Ley[12]. A saber:

A) Debe desarrollarse el fortalecimiento y sistematizacin de la prctica poltica de renovacin peridica incluyendo el paulatino rejuvenecimiento no solo de todas las instancias del Estado, sino tambin de todos los componentes del sistema poltico, de todos los cargos (electivos o no) y ms amplitud en cuanto a las proporciones de la renovacin.

Ello dinamizara el sistema poltico a todos los niveles, contribuira a la necesaria renovacin de ideas acerca del socialismo, favorecera el intercambio de experiencias y preparacin de los cuadros jvenes en convivencia con las generaciones mayores, as como estimulara el surgimiento de nuevos estilos y mtodos de direccin y gestin polticas ms democrticos, reales, visibles y convincentes.

Es imprescindible promover la legislacin y normativas que precisen en concreto cmo instrumentar esta reforma esbozada parcialmente y con cierta ambigedad en los Objetivos de trabajo aprobados en la Primera Conferencia Nacional del Partido[13] para garantizar una real, efectiva y verdaderamente peridica renovacin de todos los cargos administrativos, de gobierno y de las organizaciones polticas y de masas. Es positivo que la nueva Constitucin propone limitaciones en cuanto a la edad y al perodo en que podrn ejercer su mandato el presidente de la Repblica y algunos otros cargos pblicos. Este fue tambin y sigue siendo un punto de controversia. A este autor le parece adecuado el procedimiento propuesto y considera que deberan establecerse tales lmites para otros cargos como el de Primer Ministro, presidente de la Asamblea Nacional, gobernadores y otros puestos de alto nivel.

La instrumentacin de la poltica sugerida por el Partido sobre los lmites de edad y de mandatos y su respaldo legal debern ser bien diseados, pues an no queda claro cmo articularla con otra prevista en el propio documento mencionado acerca de rotar selectivamente a los dirigentes entre los cargos administrativos, de gobierno y las organizaciones polticas[14], ni tampoco el tiempo total para permanecer en varios cargos de direccin an no regulados, en qu perodos o plazos podra postularse y la definicin de cules considerar cargos fundamentales. La legislacin y normativas que correspondan, incluyendo las electorales en lo que les competa, debern esclarecer tales propsitos.

B) Ampliar los mecanismos de elecciones directas por los ciudadanos.

Este es un procedimiento que an cuenta con muchas potencialidades por explotar, no solo en los rganos del Poder Popular (rganos de gobierno), sino tambin en las organizaciones partidista, juvenil y de toda la sociedad civil[15].

En la consulta popular muchas personas consideraron importante proponer la eleccin directa de los nuevos gobernadores y vicegobernadores provinciales, lo que este autor comparte. La Comisin redactora no lo estim pertinente. En el proyecto que fue a referendo se reflej otro procedimiento: la eleccin de esos cargos por votacin de los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular correspondientes. Ello es, sin dudas, una mejor solucin que la presentada en el anteproyecto, pero, igualmente, resulta una forma de eleccin indirecta. Por otro lado, si fueron suprimidas las asambleas provinciales con lo que se est de acuerdo hubiera sido conveniente introducir alguna otra forma de eleccin similar (directa) para no poner la nueva Ley en desventaja con respecto a la actual. En sntesis, fue suprimida la figura de delegados provinciales (representantes a ese nivel) que eran electos directamente, y se incluyeron nuevos cargos para esa misma instancia a los que no se les aplica tal forma de eleccin.

Se presenta, entonces, otra problemtica: la facultad de proponer a las personas para su eleccin en esos cargos es del presidente de la Repblica[16]. Habr que consultar a los juristas: tendra cabida una interpretacin de este precepto que permita a la Ley establecer que las asambleas municipales nominen a los candidatos para esos cargos a partir de las propuestas del Presidente, utilizando una frmula similar a la de las comisiones de candidaturas muy cuestionada, por cierto? Un procedimiento de este tipo sera ms legtimo, se correspondera mejor con la intencin de otorgar mayor autonoma lase poder real en sentido poltico a los municipios y evitara que las asambleas municipales queden privadas de la capacidad de nominar a los candidatos para el nivel provincial[17]. En la prctica poltica real es recomendable no restar poder a las asambleas municipales para sumarlo a otras instancias, aunque ella sea la nueva figura del presidente de la Repblica.

Pero surge otra pregunta: cules son los cargos que pudieran ser objeto de eleccin directa? Hay muchas polmicas al respecto; tambin las hubo en la consulta popular. Pero, adems, existe un dficit esencial: la nueva Constitucin no ofrece nada nuevo en el plano de las elecciones directas como tendencia necesaria de desarrollo poltico; al contrario, retrocede en este aspecto, en el cual la innovacin poltica tipo peculiar de innovacin social no ha hecho acto de presencia[18].

Otro asunto importante a considerar es el tipo de candidatura. Se insiste desde este escenario en promover en los procesos electorales cubanos candidaturas abiertas con, al menos, dos candidatos fuertes[19] para cada cargo. Sera muy conveniente hacerlo en el caso de los gobernadores, vicegobernadores, presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales, pero tambin y no sera daino para el sistema poltico ejecutarlo en los casos del presidente y vicepresidente de la Repblica, el presidente de la Asamblea Nacional y su Consejo de Estado, y el Primer Ministro.

Tales procederes eleccin directa y candidatura abierta deberan ser considerados tambin por las organizaciones polticas y de masas en sus estatutos o reglamentos. Nada impide que se les pueda realizar tal recomendacin o que, de su propio seno, aparezca esa iniciativa, ms all de que concierna o no a la Ley electoral.

C) Se aprob en el nuevo texto constitucional extender el mandato de los delegados municipales, de dos aos y medio (como era antes) a cinco aos, decisin que satisface la propuesta que este y otros autores han hecho en estudios y publicaciones anteriores.

Ello significara una mayor preparacin de los mismos en la prctica poltica y un aprovechamiento superior de su experiencia en la gestin representativa, participativa y deliberativa del Estado. Igualmente, sera de gran significacin realizar un trabajo ms activo de concientizacin de los electores de que se necesita proponer y nominar candidatos a delegados de mayor experiencia, nivel de instruccin, preparacin tica y poltica para enfrentar las complejas tareas de su demarcacin. Sera esto vlido tambin para la proposicin de los candidatos a diputados si se les diera a los electores esta posibilidad. Ambas propuestas redundaran en un fortalecimiento de las asambleas municipales del Poder Popular como mxima autoridad local estatal y la nica autorizada por la Ley electoral vigente es recomendable mantenerlo en la nueva Ley para nominar candidatos a representantes o dirigentes populares para los niveles provincial y nacional[20] lo que, a su vez, contribuira al fortalecimiento de la autonoma municipal.

D) La tendencia general al fortalecimiento del papel poltico de los colectivos laborales demanda la necesaria complementacin, no lograda en las experiencias socialistas, del principio territorial de representacin con el laboral[21].

Las transformaciones econmicas que se han implementado desde los aos 90 y las que debern seguir producindose dan cuenta de nuevos actores econmicos y sociales. La representacin laboral significara, concretamente, la eleccin de representantes populares (delegados y diputados) en las empresas y entidades ms importantes de los diferentes territorios o del nivel nacional, lo que contribuira a otorgar ms autoridad a los colectivos correspondientes y favorecera un mayor control popular por parte de las asambleas sobre la actividad de esas instituciones. Un objetivo primordial sera el fortalecimiento de los actores econmicos y polticos socialistas.

E) Corregir la conformacin de las comisiones de candidatura y sus funciones.

Hay muchas opiniones que abogan por suprimirlas[22]. En caso de mantenerlas habra que lograr mayor flexibilidad en la seleccin de sus miembros, manteniendo a los representantes de las organizaciones de masas, pero integrando a otros componentes de la sociedad civil, as como a especialistas con slida formacin cientfico-poltica, jurdica y tica, de prestigio nacional o local, como miembros plenos o asesores directos y efectivos de esos rganos, con voz y voto. La nominacin debe estar precedida por ms transparencia en el trabajo de las comisiones de candidatura, especialmente en su relacin con el pleno de las asambleas municipales.

Es vital la mayor democratizacin del procedimiento para la elaboracin y modificacin de las candidaturas promoviendo, entre otros aspectos, la idea ya expresada de que estas sean abiertas y, por otro lado, restableciendo el papel decisivo de las asambleas municipales no solo en la nominacin de candidatos a diputados, sino tambin en la proposicin de los mismos. Es aconsejable evitar que las comisiones de candidaturas monopolicen la potestad de proponer y que las asambleas mximo rgano de poder en el territorio carezcan de ella. Fue esta una formulacin desacertada de la Ley Electoral de 1992.

F) En cuanto a la Asamblea Nacional, para su mayor racionalidad y eficiencia se propone, entre otros cambios, la reduccin significativa del nmero de diputados[23], suprimiendo completamente la eleccin para su membresa de los miembros del Consejo de Ministros, de las mximas autoridades de los rganos judiciales, electorales, de control estatal y otros dirigentes principales de los organismos gubernamentales de todos los niveles, que hoy son juez y parte en la toma de decisiones.

Se conoce lo relativamente polmico del asunto, la resistencia a esta idea por parte de algunos y otras dificultades. Pero, no estarn influyendo en ello la inercia, las tradiciones polticas propias y ajenas que no todas son positivas, la resistencia al cambio, la propensin sicolgica de algunos a estar presentes en todas o la mayora de las estructuras de poder y de otros a creer que ello es una necesidad o que ayuda en algo al desarrollo poltico, y otros factores, no precisamente positivos?

Es saludable para cualquier sistema poltico, que en los diferentes organismos, rganos, organizaciones e instituciones algunas de ellas contrapartes entre s estn participando diferentes personas en su membresa. Ello contribuira a la diversidad y pluralidad en los debates de gobierno, a un mejor control de la actividad gubernamental y a una rendicin de cuentas ms real y efectiva de representantes polticos, directivos y funcionarios pblicos.

G) Se impone el necesario incremento de la integracin de los delegados de base (municipales) al rgano legislativo nacional estableciendo, en la nueva Ley Electoral, el crecimiento de esa proporcin en ms del 50 % preferentemente en dos tercios.

En estos dos ltimos aspectos la Ley de 1992 retrocedi, en cierta medida, con respecto a la anterior[24]. Ya se analizaron las comisiones de candidatura. En cuanto a la representacin de los delegados municipales, la ley anterior estableca, al menos, un 50 % de su presencia en los rganos legislativos provinciales y nacional. La Ley electoral de 1992 plantea hasta un 50 %, lo que ha conducido a quedarse en niveles de alrededor del 46 % o menos. Para las decisiones polticas estratgicas que debe asumir un parlamento en el socialismo no es una disminucin porcentual despreciable. La nueva Ley debe favorecer un mayor poder de las asambleas locales y restablecer normas inviolables en este sentido. Ello evitara cualquier tendencia a disminuir la representatividad de los delegados locales en la Asamblea Nacional ms ahora que la nueva Constitucin promueve mayor autonoma municipal y obstaculizara cualquier posicin elitista, ya sea abierta o solapada. La propuesta de elevar a 5 aos el mandato de estos representantes populares el mismo que los diputados garantizara, igualmente, estabilidad de ellos en el Parlamento.

H) Como reforma poltica integral que incluye lo electoral es necesario un vnculo ms estrecho de los diputados con los territorios por los cuales son electos, lo que ha sido reforzado, en cierta medida, en la nueva Constitucin.

Los estudios realizados incluyendo anlisis comparativos con otros sistemas polticos apuntan a la conveniencia de no nominar candidatos a diputados por demarcaciones en que no residen pues, como norma, no tienen el mismo nivel de aceptacin popular, carecen de sentido de pertenencia a las comunidades que representan ms all de los intereses nacionales que integran y su presencia en esas localidades es casi nula, sin hablar de lo peor: no rinden cuentas antes quienes los eligieron; a la vez, la nueva propuesta implicara un mayor control de los representantes a todos los niveles por sus electores[25].

Hay que suprimir el formalismo de la representacin por territorios. A la vez que no se puede dejar de dar prioridad a los intereses nacionales, es contradictorio y hasta conflictivo fundamentar la permanencia de la frmula vigente con la idea absolutizadora y categrica de que los diputados representan solo los intereses nacionales. Ello significa no ser conscientes de que las tradiciones, psicologa social, preocupaciones y demandas locales no se pueden obviar en la accin de gobernar. Si la nueva Constitucin otorga autonoma a los municipios, es imprescindible tomarse ms en serio este precepto de la Carta Magna. Las relaciones entre centralizacin y descentralizacin, entre direccin central y autonoma local es necesario tratarlas desde una perspectiva compleja, sistmica, transdisciplinar y dialctica marxista.

Igualmente, resulta altamente conveniente en sentido legitimador, promover en la Ley que los electores a nivel de circunscripcin (barrios y comunidades) hagan propuestas directamente no solo de candidatos a delegados municipales, sino tambin de diputados. Una frmula menos democrtica, pero tambin plausible, sera conceder esta potestad a los consejos populares.

Lo mismo se piensa con respecto a la postulacin en los llamados plenos nacionales de las organizaciones de candidatos a delegados provinciales y diputados que no son delegados de circunscripcin; ellos constituyen tendencia negativa ms del 50 % de las asambleas a esos niveles. Por qu su proposicin no es resultado de un amplio proceso electoral desde las bases, para que sea ms legtimo? Otras organizaciones de la sociedad civil cubana podran desempear un papel activo en tales desarrollos. Estas propuestas fortaleceran la legitimidad de los diputados y de la Asamblea Nacional en su conjunto.

I) Posibilidad de establecer, durante las elecciones generales, un tiempo mayor entre la eleccin de los delegados municipales y la votacin por los diputados.

Qu ventajas tendra tal reforma? Habra una mayor toma de experiencia prctico-poltica de los primeros que en cada mandato son renovados en un porciento importante, garantizara un conocimiento mayor de los candidatos a diputados por parte de las asambleas municipales y del electorado, y estos dos ltimos actores realizaran, respectivamente, una nominacin y eleccin ms consciente y efectiva de sus representantes a la Asamblea Nacional.

J) Otro tema de inters es el de los tipos de autoridades a elegir.

No deben ser solamente los rganos representativos del Estado, sino tambin los directivos principales de diferentes organismos e instituciones estatales, incluidas las universidades. Abarcara, adems, a algunos de los otros miembros de los consejos populares que no son delegados. Tendra que observarse todo esto con carcter sistmico, y refrendar regulaciones constitucionales u otras que indiquen hacia un sistema de elecciones ampliamente democrtico en las organizaciones e instituciones de propiedad cooperativa o privada, en todas las organizaciones y asociaciones, las empresas, la educacin superior, y otras. En el caso de las instituciones universitarias, por ejemplo, hay una amplia experiencia internacional de eleccin de las autoridades principales, la que bien puede ser tenida en cuenta en la legislacin cubana de acuerdo a sus particularidades dado el alto nivel acadmico, cientfico, poltico e ideolgico alcanzado por los claustros universitarios. Por supuesto, hay que discernir aqu que toca a la Ley y qu no le corresponde.

Hay otros dos asuntos que han sido una especie de temas tab en el pas y que vale la pena analizarlos: uno es el financiamiento de la promocin electoral y el otro es el de los mecanismos para dar a conocer a los candidatos propuestos para cada cargo representativo del Estado. A continuacin, una propuesta con un breve anlisis.

K) El financiamiento de la promocin electoral es un tema a debatir.

Sera suicida convertir el proceso electoral en el mercado poltico prevaleciente en la teora y la prctica liberales. Pero el Estado deber seguir financiando esa actividad sin prejuicios; con las limitaciones racionales del pas, pero estableciendo un presupuesto suficiente que garantice las necesidades de un proceso que necesita ser ms visible, activo, convincente y hermoso en su sentido ms integral. Hay que invertir en poltica e ideologa para el bien del pueblo, pero con calidad, nivel cientfico-poltico, sin formalismo, sin teque[26], con discursos y campaas que incluyan las consignas necesarias, pero acompaadas del argumento que convence y atrae, con creatividad, espritu innovador y sensibilidad. Si la poltica aspira a conquistar a los individuos, entonces tiene que convencerlos, ofrecer argumentos slidos, ser objetiva, basarse en la realidad global y contextual, reflejar las necesidades y aspiraciones de la gente, ser dirigida y practicada por mujeres y hombres honestos, consagrados a la causa de la igualdad y la justicia social, caracterizados por una profunda tica cvica.

L) Los mecanismos para dar a conocer a los candidatos para cada responsabilidad deben ser ms novedosos y creativos.

Este investigador no los visualiza, por supuesto, como campaa promovedora de la competencia despiadada mostrada por esa suerte de empresa poltica electorera capitalista; ni tampoco como un espectculo poltico exotrico, trivial y vaco, repleto muchas veces de manifestaciones dramticas o tragicmicas, con amplios dficits de tica y moralidad. Pero s comulga con la promocin que d a conocer a los candidatos; que se pronuncien en actos pblicos, sin demagogia y sin teque, con sentido de prosperidad, pero realista y sostenible.

Desarrollar propaganda electoral de mayor calidad, diseada con sensibilidad, nivel artstico y el deleite que el socialismo debera provocar en todo terreno. Evitar lo que se puede denominar violencia propagandstica, esa insistencia constante y desmedida en un asunto pblico para llamar la atencin del ciudadano en este caso del elector con los mismos o similares formatos, estilo y lenguaje, no siempre atractivos, lo que puede ocasionar el efecto contrario al que se persigue. Publicar sobre los candidatos con gusto esttico, uso correcto de la redaccin, la ortografa y la mecanografa, y con la proyeccin de una imagen agradable y el colorido adecuado. Garantizar a todos los candidatos o grupos de ellos una presencia equivalente en el escenario electoral.

Todos estos temas indican hacia lo imprescindible de observar el enfoque integral y multidisciplinario del anlisis de los fenmenos y procesos de la poltica y la democracia para hacer recomendaciones prcticas efectivas a los organismos del Partido y el Gobierno. Podramos no captar la importancia, por ejemplo, de la Economa, la tica y la Esttica Polticas en este ltimo asunto que se ha expuesto? Igualmente ayudaran el Derecho, la Ciencia Poltica, la Filosofa, la Psicologa, la Historia, la Sociologa, la Antropologa, la Filologa y otras, siempre con enfoque integrativo.

Pero seran cruciales las Ciencias de la Comunicacin igualmente en interrelacin con algunas de las mencionadas. Cmo comunicar los mensajes necesarios para preparar a la poblacin con vista a los procesos electorales? No parece haber dudas en que la Constitucin y la Ley electoral son tambin instrumentos de comunicacin poltica. Es necesario que los escenarios que se instalen por diferentes vas y medios para llamar a ese ejercicio democrtico estn iluminados por una esttica poltica promotora del buen gusto, de una imagen atractiva, de espectculos seductores por su magia, su moralidad natural y una sensibilidad enorme frente a las perspectivas y mecanismos de solucin de los problemas cotidianos del pueblo.

El contenido y la forma en que los polticos o los organismos y organizaciones polticas trasmitan sus mensajes estarn impactando tambin la opinin pblica. Podra avanzar, por ejemplo, la comunicacin poltica, no solamente mediante un comunicado radial o un spot televisivo que aluda el tema que, por dems, debe tener un profundo contenido argumentativo, basado no solo en la repeticin de frases manidas o clichs; un lenguaje asequible a la poblacin pero que promueva el uso de trminos adecuados y una diccin correcta; y un bello y, por tanto, atractivo diseo. Hay que comunicar, en reuniones, asambleas y manifestaciones de cualquier tipo y nivel, mostrando comportamientos expositivos, gestuales y de tono que sean tambin interesantes, sugestivos, amenos, afectuosos, alegres, responsables, que inspiren y motiven la participacin popular consciente.

El examen del sistema electoral no se agota con estos temas. Es importante abordar otros tres que son de gran inters, no tienen an todas las garantas ni soluciones adecuadas y muchos expertos y electores demandan su debate.

Uno es la revocacin de mandatos. No se ha conseguido todava legislarla ni reglamentarla de manera suficientemente precisa, ni en la prctica se aprovechan sistemticamente sus potencialidades. Latinoamrica ha ido ofreciendo en este sentido algunas experiencias novedosas.

El otro est relacionado con la rendicin de cuentas de todos los elegidos ante sus electores, que debe ser renovada radicalmente; convertirse en prctica de todos los dirigentes (electos o no) tanto de los rganos y organismos del Estado, como de las organizaciones partidista, juvenil, de masas y socioprofesionales, ante los rganos representativos, ante sus organizaciones y ante la poblacin. Los diputados que no son delegados de base, si no rinden cuenta real y efectiva ante quienes los eligieron, pierden legitimidad. El voto directo de 1992 no fue protegido por disposiciones y mecanismos de rendicin de cuentas directa.

Y hay una tercera problemtica de gran impacto y muy sensible en varios sentidos: el esclarecimiento del papel del Partido Comunista de Cuba en los procesos electorales y su democratizacin.

El perfeccionamiento del sistema poltico en Cuba exige esclarecer la relacin entre el Partido y el Gobierno en su sentido ms amplio. Se trata de un asunto en extremo complejo, pues se refiere a cuestiones tales como: la unidad de poder, el rgimen de partido nico, la independencia del Estado, el precepto constitucional mencionado con respecto al estatuto del Partido y otras problemticas, sobre las cuales se expone en el artculo original. Esta versin se restringe a presentar dos aspectos relacionados con lo electoral. Uno: An no estn reguladas en ley las acciones que debe realizar la organizacin como partido no electoral que, aunque tericamente no postula candidatos y de hecho, no lo hace en determinadas fases del proceso, ni es su funcin organizar el proceso electoral s se involucra en la aprobacin de propuestas para determinados cargos. En cualquier relacin poltica hay que reafirmar el principio de que los mximos reguladores del sistema poltico son la Constitucin y las leyes, y no puede haber ni organizacin ni directivo al margen o por encima de ellas. Ello se encuentra en la tradicin del pensamiento poltico revolucionario cubano, y ha sido reafirmado con claridad por los principales lderes y otros actores polticos desde el propio proceso de elaboracin de la primera Constitucin socialista a mediados de la dcada de los aos 70 del siglo XX[27]. Dos: Se considera tambin viable, como se seal antes, que algunos posibles nuevos mecanismos electorales dentro del Estado como la ampliacin de las elecciones directas y la instrumentacin ms activa de las candidaturas abiertas puedan aplicarse al Partido, as como a las organizaciones juvenil y de masas, como frmulas revitalizadoras y relegitimadoras, ms all de que pueda corresponder o no a la Ley electoral establecerlo.

La elaboracin de la nueva Ley Electoral merece una consulta popular y un referendo (en lugar de las conclusiones)

Como criterio fundamental, indicador por excelencia del perfeccionamiento de la democracia y del desarrollo poltico en Cuba hay que continuar perfeccionando de manera continua las formas, vas y mecanismos de participacin popular no solo en las elecciones, sino en la elaboracin y toma de las decisiones polticas estratgicas del pas, sin formalismos, ni interferencias, ni excesivo tutelaje de los directivos, funcionarios u organizaciones polticas.

Las experiencias ms trascendentes de participacin poltico-democrtica que Cuba puede mostrar en todo el perodo revolucionario sobre las que poco se habla tanto en el exterior como en el propio pas son, a juicio de este articulista, las siguientes: el proceso de elaboracin, discusin y aprobacin en referendo de la primera Constitucin Socialista de Cuba entre 1974 y 1976, la discusin poltica nacional alrededor del Llamamiento al IV Congreso del Partido Comunista en 1990 que ya contena un avance de las propuestas de reformas polticas y econmicas para esa dcada, el desarrollo de los parlamentos obreros en 1994 expresin genuina, novedosa e indita de la llamada parlamentarizacin de la sociedad[28] y el debate poltico nacional mediante el cual se someti a examen el proyecto de Lineamientos de la Poltica Econmica y Social del Partido y la Revolucin entre 2010 y 2011 manifestacin de amplia participacin ciudadana real y efectiva[29].

El reciente proceso de elaboracin y discusin del anteproyecto y proyecto de nueva Constitucin en la segunda mitad del ao 2018, aunque pudo haber logrado un rigor superior en su realizacin, una vez coronado con la aprobacin de la Carta Magna en el referendo popular de febrero de 2019, puede ser comparado con aquellas experiencias y puesto a su mismo nivel, con lo que se convertira en la reforma poltica y jurdica ms importante de la sociedad cubana actual y marcara el inicio de una nueva etapa de desarrollo del sistema poltico cubano[30].

Las Ciencias Polticas cubanas deberan recomendar futuras formas y momentos de aplicacin de esas experiencias, como lo hicieron en relacin con la consulta popular ms reciente. Hay que continuar impulsndolas en futuros debates nacionales estratgicos, en los cuales todos los sectores y grupos sociales tienen mucho que decir. A las iniciativas desde arriba deben integrarse con ms fuerza las propuestas desde abajo, la promocin de decisiones desde las bases del sistema poltico a las cuales no hay que bajar, sino ascender.

La nueva Ley electoral deber tomar un curso tambin relevante y aportar de manera trascendente al proceso de relegitimacin de la Revolucin cubana. Una consulta popular nacional sobre la misma debera ser la prxima demostracin del democratismo creciente del proyecto socialista cubano.

Limitarse a los parmetros que obliga la Constitucin no fortalece la legitimidad del proceso de creacin de la Ley. Hay que considerar preceptos ticos que aconsejan no quedarse en lo legal, sino avanzar a otros horizontes que estn en los principios, normas, valores, sentimientos y cualidades morales del pueblo. Hay que tener en cuenta tambin postulados polticos relacionados con la tradicin, la cultura poltica, la ideologa revolucionaria renovada y creadora, las demandas de diferentes e influyentes sectores poblacionales y la necesidad de participacin menos formal y ms real y efectiva. Estn presentes, igualmente, valores esttico-polticos que, se quiera o no, impactan la imagen del proyecto, del sistema y de los lderes polticos a todos los niveles, exigen una sensibilidad mayor en la actividad poltica. En fin, existen muchas propuestas bien fundamentadas que no son nuevas, algunas datan de los propios aos 70 con un crecimiento importante en la segunda mitad de los 90 y hasta hoy que bien pueden enriquecer esa norma jurdica y contribuir con la relegitimacin del sistema poltico en su conjunto.

Consulta popular y referendo son dos figuras que han reemergido en la Cuba de hoy como factores relegitimadores por excelencia del sistema poltico. Pero, cmo hacer para que las experiencias de la consulta popular de 2018 configuren lecciones para futuros procesos de alta calidad democrtica, incluyendo los electorales?

Cules seran los principales momentos de consenso que reflej el proyecto de nueva Constitucin y que lo hara tambin una futura nueva Ley electoral y cualquier otro proyecto social en sentido amplio de relevancia? Cmo garantizar alta calidad de la participacin popular en esos procesos? Cules seran los criterios para determinar esa calidad? En las respuestas a estas interrogantes estn las claves polticas que garantizaran la gobernabilidad y la legitimidad a mediano y largo plazos!

Como no se ha promovido esa consulta, quedar para los interesados la lectura de la versin original del artculo para dialogar con algunas de las posibles respuestas a las interrogantes planteadas, partiendo de las positivas experiencias del proceso de creacin constitucional, sus insuficiencias y errores.

Sera ingenuo e irresponsable no atender permanentemente el surgimiento en el pas con renovada frecuencia de nuevos espacios de debate muchos al margen de las instituciones y las organizaciones reconocidas oficialmente. Redes sociales digitales, sitios web, revistas y boletines electrnicos, ponencias en eventos, cartas, recomendaciones, cuestionamientos, inundan las mentes por vas mltiples. Las opiniones expresan diversas posiciones ideolgicas y polticas, algunas contrapuestas. As ha sido con los documentos polticos sometidos a consultas. As est siendo desde hace mucho tiempo con el sistema electoral particularmente la Ley y lo ser con cualquier asunto de la sociedad, aunque no se convoque el debate. Ignorar eso no es conveniente; abandonar espacios, tampoco.

Casi todos los terrenos del debate cientfico, ideolgico y poltico tienen su base en el uso de las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin (Tic`s). Cmo se emplearan en lo adelante estos avances de la tecnociencia? Solo para reproducir materiales, enviar informaciones, descargar documentos, leer sobre esas plataformas o, cuando ms, procesar la informacin, a lo que en buena medida se limit hasta donde se conoce el tratamiento del tema durante la consulta sobre el anteproyecto de Constitucin en 2018? O se aprovecharan la ciencia, la tecnologa y la innovacin, especialmente las Tic`s, como vas y mecanismos de participacin directa, como plataformas de consulta popular, de debate, polmicas y deliberacin, de emisin directa de propuestas? Se lograran as mayor creatividad y eficiencia en una consulta?

Por todo ello, conocer y tener en cuenta el sentir de los diversos sectores del pueblo sera de gran utilidad para trazar la mejor estrategia de perfeccionamiento y relegitimacin poltica permanentes mediante el subsistema electoral, que es una de las reas donde se ejercen las mayores presiones para imponer modelos acordes al llamado pensamiento nico. Ha sido una demanda reiterada por la poblacin y fundamentada por varios sectores acadmicos, que la elaboracin y toma de decisiones polticas en este mbito no se limite a grupos de expertos mucho menos pertenecientes a una sola rea del saber y a los rganos y organismos superiores del Partido y el Estado. Ello solo no es democracia. Las proposiciones deben ser resultado de una amplia consulta con la mayor cantidad posible de miembros de todas las organizaciones e instituciones, incluyendo la sociedad civil, lo que reforzara el reconocimiento, credibilidad y aceptacin del proceso de cambios, y preparara mejor a la poblacin para la guerra cultural que tiende a intensificarse.

Es factible, entonces, hacer de este proceso de construccin de la nueva Ley electoral una experiencia igualmente trascendente de la prctica poltico-participativa cubana. Aunque la Comisin redactora del proyecto constitucional ni tampoco la Asamblea lo hayan tenido en cuenta en sus anlisis como cuando propusieron, acertadamente, la Disposicin Transitoria Dcimoprimera para, en el plazo de dos aos de vigencia de la Constitucin, iniciar el proceso de consulta y referendo del proyecto de Cdigo de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio, el Partido y la Asamblea Nacional bien podran consensuar una propuesta de convocatoria a una consulta popular acerca de la nueva Ley electoral cubana que es, seguramente, una de las leyes de mayor repercusin e impacto social, nacional e internacional.

Es conocido y verificable que el tema electoral es, entre los de carcter estrictamente poltico, el que ms debate, polmica y produccin cientfico-social ha suscitado en revistas y otros medios acadmicos, eventos nacionales e internacionales, redes sociales virtuales y otros tantos espacios como los ya mencionados, desde aos antes de promoverse la consulta popular sobre la Constitucin. No se cuenta con informacin pblica acerca de la cantidad y calidad de las propuestas que el pueblo hizo en relacin con el Titulo IX (Sistema electoral) del proyecto de Constitucin y que, a decir de los representantes de la Comisin redactora en la presentacin final ante la Asamblea Nacional no fue modificado. Sin embargo, est claro que los electores en la consulta realizaron diferentes propuestas en relacin con ese Ttulo IX con enfoque extremadamente general en el proyecto y dedicaron muchas discusiones y proposiciones acerca de artculos no contenidos en el mismo, pero que tambin tienen carcter electoral, como los referidos a la eleccin para diferentes cargos pblicos. Por tanto, es recomendable que las mltiples propuestas publicadas, as como las proposiciones de la poblacin en la consulta popular, sean conocidas y estudiadas hayan sido hechas por vas formales o por las llamadas informales. Algunas de esas elaboraciones han sido entregadas directamente a los organismos del Partido y el Gobierno, ya sea dentro de otros trabajos sobre temas ms amplios como sistema poltico o democracia, o en calidad de publicaciones sobre el sistema poltico y electoral cubano en revistas especializadas.

La actualizacin del modelo poltico ha comenzado a desempear en 2018 un papel ms relevante en el debate pblico en busca del consenso nacional que permita que la poblacin cubana se sienta partcipe y protagonista de los cambios, para que los pueda acompaar con mayor conciencia, entusiasmo y honestidad, observando a la par, como factor insoslayable, la lucha contra los intentos de hacer retroceder el proceso de integracin latinoamericana y a favor de una insercin ms fructfera de Cuba en el actual sistema internacional. Para que, en accin coordinada, efectiva y legitimada de todos los actores polticos y sociales revolucionarios, se pueda preservar y fortalecer el carcter socialista, la unidad del pueblo, la continuidad de su poder, la soberana y la independencia nacionales.

Todo ello lase la transicin al socialismo solo puede hacerse irreversible si se perfecciona el poder poltico socialista y este, a su vez, puede hacerse realmente irrevocable no solo porque est escrito en la Constitucin, sino porque se legitima permanentemente a travs de distintas condiciones y factores. Entre estos destacara la materializacin cada vez ms real, efectiva y con calidad, del derecho electoral. Solo as ser viable la idea de un socialismo prspero, sostenible, ms democrtico e irreversible en Cuba.

Notas:

[1] A los interesados: En cuanto sea publicado se ofrecer la referencia correspondiente. Pueden mantener la comunicacin por correo ([email protected])

[2] En lo adelante la Ley

[3] Esta conclusin parte de un anlisis ponderado de lo mostrado en las sesiones de la Asamblea Nacional, de los numerosos programas televisivos y de otros medios de comunicacin referidos al tema, y de la propaganda poltica que se desarroll. Son estos los escenarios que impactan directamente en todo el conjunto poblacional. El autor no cuenta con referencias precisas (en detalles) de lo que acaeci en la consulta en ese sentido en todo el pas, pues no ha sido publicado.

[4] El sistema electoral es subsistema en relacin con el sistema poltico en su conjunto; este ltimo lo es (subsistema poltico) con respecto al sistema social como totalidad. Tanto uno como el otro son considerados tambin sistemas (sistema electoral y sistema poltico) por la relativa autonoma que les es inherente.

[5] Las explicaciones pertinentes aparecen en la versin original de este documento.

[6] Socialismo significa justicia social e igualdad, pero igualdad de derechos, de oportunidades, no de ingresos. Igualdad no es igualitarismo. Este, en ltima instancia, es tambin una forma de explotacin (Castro Ruz, Ral: Conclusiones de la primera sesin ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), 11072008, en peridico Granma, http://www.granma.cubaweb.cu, o www.granma.co.cu, o www.cubaminrex.cu).

[7] Lo que era virtud en una poca, se hace hoy una limitacin importante para la funcionalidad efectiva de las asambleas, por la creciente complejidad del pas y de las relaciones internacionales, la diversidad de asuntos a atender por los delegados y diputados, y la falta evidente de tiempo para desempear sus funciones. El nuevo proyecto constitucional no adopt las propuestas de variantes similares realizadas mucho antes de la consulta popular y en el transcurso de esta. Habr que ver qu permiten la nueva Ley electoral y otras leyes en las prximas reformas del Estado.

[8] Podra ser un Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacin, subordinado directamente a la Asamblea Nacional y respaldado por la ley de transparencia correspondiente.

[9] Ms detalles sobre este conjunto de posibles tendencias con algunas precisiones y propuestas concretas se pueden ver en los trabajos del autor (2010 al 2018) sealados en la bibliografa, en especial: Sistema poltico cubano: estado actual y reformas posibles para una transformacin integral y democrtico-participativa, dem; Reformas, tendencias y legitimacin en el sistema poltico cubano, ibdem, pp. 413448.

[10] La nueva Constitucin, en su Disposicin Transitoria Primera, establece que antes del plazo de seis meses, despus de haber entrado en vigor la Constitucin, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba una nueva Ley electoral. Parece ser un plazo demasiado pequeo para las dimensiones de ese dispositivo jurdico-poltico. O se debi haber comenzado de manera inmediata luego de la proclamacin de la Constitucin un debate amplio y efectivo del documento. Transcurrido ya una gran parte de ese tiempo, no se observa tal intencin.

[11] Varios economistas, socilogos y politlogos cubanos y de otras naciones han realizado recomendaciones, las que se pueden consultar, entre otras fuentes, en Journal CSAD SOCIALISM AND DEMOCRACY, Cuban Perspectives on Cuban Socialism, 52, Vol. 24, №1, March, 2010; en la misma revista, №70, vol. 30, no. 1; March 2016, USA, http://tandfonline.com/toc/csad20/current, y en otras publicaciones ms recientes. Aqu se tratar de presentar una versin actualizada y ampliada de propuestas formuladas por el autor de 1998 a 2018 (consultar los libros, artculos y ponencias que aparecen en la bibliografa).

[12] En esta exposicin hay aspectos puntuales que podran no concernir a la Ley, pero son parte del contexto y de las condiciones y factores concomitantes. Por otro lado, fue declarada la intencin de presentar las posibles reformas en su dimensin integral, que no se limiten a lo que competa especficamente a la Ley electoral.

[13] Ver Partido Comunista de Cuba: Documentos, Ibdem, objetivo №76, p. 7.

[14] Consultar: Partido Comunista de Cuba: Documentos, Ibdem, objetivo №80, p. 7.

[15] Uno de los apartados finales del artculo precisa esta problemtica.

[16] En la consulta popular se realizaron propuestas discordantes de este criterio.

[17] Las asambleas municipales no nominaban a los candidatos a presidentes y vicepresidentes de las asambleas provinciales, pero s a sus candidatos a delegados que, una vez electos directamente por los distritos electorales correspondientes, eran la fuente inmediata para elegir esos cargos.

[18] En la consulta popular se emitieron varias alertas al respecto.

[19] El trmino fuerte sugiere aqu rechazo a una manifestacin de formalismo que muchas veces afecta a las candidaturas. Varios estudios realizados indican que el elector ya adelantado polticamente prefiere el reto de elegir no solo entre dos candidatos, sino que estos estn en igualdad de condiciones (sean equivalentes). Tal procedimiento no se recomienda solo por su utilidad para una candidatura especfica, sino porque debe demostrar tambin las potencialidades de un sistema poltico que cuenta con varios lderes reales (y no formales) capaces de asumir ese u otro cargo de envergadura y contribuir en diferentes esferas y territorios a la consecucin de los objetivos socialistas revolucionarios. Ello tambin fortalece la legitimidad del sistema poltico.

[20] Se incluye aqu tambin el nivel provincial por su presencia en la Ley vigente y por las recomendaciones al respecto hechas en este texto.

[21] Un anlisis del asunto ver en: Limia David, Miguel: Sociedad civil y participacin en Cuba, en Duharte Daz, E.: Teora Sociopoltica. Seleccin de Temas, Tomo II Ob. cit. Otros autores se han referido al tema.

[22] Los principales argumentos sugieren eliminar cualquier mediacin que, como es el caso, limitan la accin directa del electorado e, incluso, de sus representantes en la proposicin de candidatos como derecho poltico.

[23] En lo que al nmero de diputados respecta, es evidente que hay una desproporcin en relacin con la poblacin total y electoral del pas. Haciendo un anlisis comparado con parlamentos de otros estados de diferentes signos (por ejemplo, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Mxico, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Vietnam), queda claro tambin que la desproporcin mayor en demasa la presenta el caso cubano. No es solo un problema de cantidad, sino de calidad y funcionalidad de la Asamblea.

[24] Garca Brigos, Jess P.: Gobernabilidad y democracia: los rganos del Poder Popular en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1998.

[25] Una ampliacin de los criterios sobre el tema se puede ver en: Garca B., Jess P., ibdem, pp. 100108; Duharte Daz E.: Cuba socialista y la actualizacin de su modelo poltico, ponencia presentada en la Conferencia Internacional de filsofos y cientficos sociales cubanos y norteamericanos, UH, junio de 2018; y otros.

[26] El teque es una expresin cubana. No es un trmino cientfico pero, lamentablemente, afecta la ciencia. Segn el Diccionario de la Real Academia Espaola significa chchara, conversacin frvola, larga, tediosa, ligera, veleidosa, insustancial (tomado de Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 19932004. Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos).

[27] Pueden revisarse, por ejemplo, los discursos de Fidel Castro, Ral Castro y Blas Roca en relacin con el proceso constitucional y el perfeccionamiento del trabajo del Partido en esa poca. Lo ha ratificado Ral Castro en algunos de sus discursos como primer secretario del Partido.

[28] Los parlamentos obreros fueron asambleas de trabajadores (colectivos laborales de base) convocadas en 1994 por la Asamblea Nacional, con la novedad de delegarles parte de sus funciones en bsqueda del consenso no alcanzado por ella para la aprobacin de las principales reformas econmicas de los aos 90. Luego convoc a una sesin especial para aprobar las reformas aceptadas por la mayora de los trabajadores.

[29] Inters particular han tenido otras manifestaciones participativas como la discusin poltica nacional convocada por el presidente Ral Castro el 26 de julio de 2007, y los debates nacionales por todos los trabajadores de los proyectos de Ley de Seguridad Social en 2008 y del nuevo Cdigo del trabajo (2013).

[30] Una propuesta de clasificacin de cuatro etapas anteriores de formacin y desarrollo del sistema poltico cubano puede leerse en: Duharte Daz, E.: El sistema poltico cubano: particularidades de su formacin y desarrollo, dem; Reformas y tendencias polticas en Cuba: Hacia un fortalecimiento de la legitimidad, en Duharte Daz, E. (Comp. y ed. cientfico) y coautores: Teora y Procesos Polticos Contemporneos, Tomo II, Editorial Flix Varela, La Habana, 2014, pp. 324345.

Fuente: http://medium.com/la-tiza/la-nueva-ley-electoral-merece-una-consulta-popular-y-un-referendo-842d9f529a02



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