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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-07-2019

El Tribunal Constitucional reinterpreta, de manera sustantiva, las funciones del rey y niega la posibilidad de ser criticado

Pedro Casas
Rebelin


El pasado 17 de julio, el Tribunal Constitucional (TC) dictaba una sentencia que declaraba inconstitucionales dos apartados de la declaracin del Parlament de Catalunya de octubre de 2018 en los que criticaba la intervencin del rey del 3 de octubre de 2017 y se declaraba en favor de los valores republicanos y la abolicin de la monarqua.

Se trata de una sentencia de gran transcendencia, pues el tribunal nada menos que reinterpreta la Constitucin de manera que modifica sustancialmente las funciones que la misma atribuye al rey como jefe del estado. Llama la atencin (o no?), la escasa atencin dedicada por los medios de comunicacin a dicha sentencia, que rezuma un elevado grado de autoritarismo y arbitrariedad a la hora de marcar jurisprudencia en lo que se refiere a las relaciones entre el monarca y sus sbditos.

Veamos someramente los hechos:

El Parlament de Catalunya aprob el 11 de octubre de 2018 la Resolucin 92/XII sobre la priorizacin de la agenda social y la recuperacin de la convivencia. En el apartado 15 del epgrafe II, declaraba lo siguiente:

El Parlamento de Catalua, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales:

[]

c) Rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervencin en el conflicto cataln y su justificacin de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017.

d) Reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolicin de una institucin caduca y antidemocrtica como la monarqua".

El 19 de octubre del mismo ao, el gobierno de la nacin solicita al Consejo de Estado el preceptivo dictamen a la propuesta de un Acuerdo por el que se plantea la impugnacin, por inconstitucionales, de los mencionados apartados de la Resolucin 92/XII, del Parlamento de Catalua, de 11 de octubre de 2018.

6 das despus, es decir el 25 de octubre, la Comisin Permanente del Consejo de Estado emite por unanimidad un dictamen que textualmente dice lo siguiente: Que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional citada en el cuerpo del presente dictamen, las declaraciones contenidas en las letras c) y d) del apartado II.15 de la Resolucin 92/XII, del Parlamento de Catalua, de 11 de octubre de 2018, sobre priorizacin de la agenda social y la recuperacin de la convivencia, no constituyen objeto idneo para su impugnacin por la va prevista en el artculo 161.2 de la Constitucin".

De manera resumida, los argumentos en los que basa el dictamen esta negativa a presentar el recurso son, de manera textual:

A pesar de este dictamen tan contundente contra el pretendido recurso de inconstitucionalidad, el 7 de noviembre de 2018 el Gobierno de republicanos-monrquicos del PSOE (a instancias de la Casa Real?), impugn las mencionadas letras c) y d) del apartado 15 del epgrafe II de la declaracin reseada ante el Tribunal Constitucional, que dict sentencia el mismo da que se reuni, el 17 de julio pasado.

Uno de los argumentos que esgrima el gobierno para la anulacin solicitada era que dichos textos constituan una nueva prueba de las renovadas pretensiones secesionistas de las instituciones catalanas, y por lo tanto eran parte del golpe de estado que se haba iniciado un ao antes con la celebracin del referndum de autodeterminacin. Este argumento fue rechazado por el TC; ya se sabe que para parecer ecunime, no hay mejor tctica que buscar el equilibrio, y para parecerlo en una sentencia tan sesgada, lo mejor es tener argumentos mucho ms radicales que, al rechazarlos, den apariencia de ecuanimidad. Puestos a pensar (mal y acertars), hasta el propio tribunal se podra haber elaborado estos extremos de la mano del abogado del estado.

Para admitir a trmite el recurso, lo primero que hace el TC es negar que las resoluciones impugnadas puedan ser tratadas en el marco de la libertad de expresin, afirmando que constituye la expresin de la voluntad de una institucin del Estado. Por tanto, ello no supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, sino el de una competencia, atribucin o funcin.

Al iniciar los fundamento de derecho de la sentencia, afirma el TC que la Monarqua parlamentaria deriva directamente de la Constitucin, es configurada por ella y ha nacido del poder democrtico del constituyente. Los magistrados de los altos tribunales (TC y TS) necesitan urgentemente unos cursos de historia, o que sean retirados por tratar de legitimar al franquismo y su legado.

Sigue, Asimismo, el rey, como jefe del Estado, goza de una especial dignidad, pero no se sita jerrquicamente por encima de las instituciones, ni figura investido de potestades propias de supremaca para dictar decisiones vinculantes que se impongan a los poderes del EstadoSe sita, pues, en una posicin supra partes, que le permite relacionarse con los poderes e instituciones del Estado facilitando el funcionamiento efectivo de estos, pero no interfiere en la direccin poltica. Por si no ha quedado claro, ratifica as: dentro del mbito propio de un sistema de Monarqua parlamentaria, se mantiene totalmente ajeno a toda controversia poltica, al margen de los diferentes poderes pblicos y, por tanto, en un plano diferente al del resto de las instituciones del Estado (en el caso de autos, las autonmicas de Catalua), no teniendo ninguna intervencin en su normal desenvolvimiento Un simple vistazo al artculo 62 de la CE nos muestra unas competencias del Rey, tales como proponer candidato/a a presidente de gobierno, su nombramiento y los ministros, la sancin de las leyes.... y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, que desmienten de manera absoluta esa visin de figura mediadora sin poder alguno; y despus de escuchar el discurso del Borbn el 3 de octubre de 2017, se hace difcil sostener que se mantiene totalmente ajeno a toda controversia poltica, al margen de los diferentes poderes pblicos. Sobran las palabras.

El artculo 56.3 de la CE, que dice textualmente la persona del Rey es inviolable y no est sujeta a responsabilidad. Sus actos estarn siempre refrendados en la forma establecida en el artculo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artculo 65.2, sufre tambin una revisin en toda regla por parte del TC, al afirmar que la inviolabilidad preserva al rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos; se hallan estos fundamentados en su propia posicin constitucional, ajena a toda controversia, a la vista del carcter mayoritariamente debido que tienen. Dicho de otra manera, para el TC, la irresponsabilidad que la CE otorga al rey, no slo le hace inmune a la sancin judicial, sino tambin a la mera crtica por su actuacin. Nunca hasta ahora se haba hecho esta interpretacin tan extensiva de los privilegios reales en sus comportamientos. Volvemos al rey por la gracia divina, que slo responde ante dios y la historia

Ms adelante la sentencia se adentra en el fondo de la declaracin, criticando abiertamente el supuesto sesgo con el que el Parlament critica a las instituciones del Estado y protege y las de Catalunya. En este marco del conflicto cataln, el TC afirma La referencia a esta problemtica poltica y social en la que se sita el apartado 15 de la Resolucin 92/XII y el expresado contexto de reaccin defensiva en el que se adoptan las decisiones del citado apartado, son los aspectos que deben ser tomados en consideracin para el estudio de los contenidos de las letras c) y d) impugnadas.

Sigue, La utilizacin de ambos trminos (rechazo y condena de la actuacin real) entraa, pues, un doble juicio de contradiccin u oposicin hacia una persona, en este caso la del rey, al tiempo que una reprobacin de unos hechos y de una conducta o intervencin (discurso del da 3 de octubre de 2017) que aqul adopt en relacin con los mismos. Se trata, pues, de una declaracin formal en la que el Parlamento de Catalua toma posicin institucional emitiendo un juicio de valor que es contrario a la configuracin constitucional de la Institucin de la Corona.

Para que no queden dudas, si hemos sealado, adems, que la persona del rey es inviolable y est exenta de toda responsabilidad por sus actos (art. 56.3 CE), cualquier decisin institucional de un rgano del Estado, en este caso del Parlamento de Catalua, que pretenda emitir aquel doble juicio de contradiccin u oposicin, as como de reprobacin, en los trminos antedichos, hacia la persona del rey, resultar contrario al mencionado estatus constitucional del Monarca, pues la imputacin de una responsabilidad poltica y la atribucin de una sancin, igualmente poltica, en forma de rechazo y de condena a una persona a la que la Constitucin le confiere la doble condicin de inviolabilidad y de exencin de responsabilidad, contraviene directamente el art. 56.3 CE, porque supone desconocer este estatus que la Constitucin le reconoce al rey, al atribuirle una responsabilidad que es incompatible con su funcin constitucional.

Lo que hace la letra d) es reafirmar su compromiso con los valores republicanos, esto es reforzar, de una parte, su preferencia por el sistema republicano, pero, al propio tiempo, tambin su rechazo y condena a la institucin monrquica, en cuanto que es ostentada por el titular de la Corona, que previamente ha sido objeto de aquel juicio de rechazo y condena. Ms o menos viene a decir, que el Parlament quiere abolir la monarqua porque no le gusta Felipe VI; y al hacerlo en ese contexto, su defensa de la repblica ya no es algo legtimo amparado por la libertad de expresin, sino un ataque al titular de la corona, lo que resulta inconstitucional segn el criterio del TC.

No se trata, como dice la representacin del Parlamento de Catalua, de un mero desideratum o de una declaracin de voluntad poltica que no va ms all de este deseo, precisamente porque el contexto en el que se enmarca excluye toda posibilidad de aceptar esta valoracin. Si la letra c) expresa con la contundencia que lo hace su rechazo y condena al rey por su posicionamiento en el conflicto cataln y por su intervencin del da 3 de octubre de 2017, el corolario lgico a este planteamiento ser tambin el rechazo de la institucin monrquica que aqul representa y de la que es su titular. La apuesta por la abolicin de la Monarqua se tiene que interpretar tambin en ese contexto de rechazo y condena que se ha anticipado. La letra d) hace extensivo el juicio de reprobacin dirigido contra el rey, tambin a la Corona y al sistema constitucional de Monarqua parlamentaria que aquel representa.

Y como remache, Adems, tal decisin de la Cmara autonmica ha sido adoptada fuera del mbito propio de sus atribuciones, que son las que le confieren la Constitucin, el Estatuto de Autonoma de Catalua y su propio Reglamento Orgnico, que no le reconocen ninguna potestad de censura o reprobacin de los actos regios.

Si he optado por transcribir con generosidad prrafos tanto del dictamen del Consejo de Estado como de la sentencia del TC, a pesar de que algunos llegan a ser redundantes en sus planteamientos, ha sido porque me parecan ms elocuentes que los razonamientos o explicaciones que yo mismo pudiera presentar. Tales prrafos aparecen en cursiva y entrecomillados, y tan slo los posibles subrayados son mos. No es necesario ser jurista (como es mi caso) para entender que estamos ante una revisin y modificacin en toda regla que hace, nada menos que el Tribunal Constitucional, del papel y las funciones que, con bastante claridad, la Constitucin atribuye al Rey, derivndose unas nulas posibilidades que los sbditos, o las propias instituciones, tienen de criticar sus actuaciones.

A corto plazo la nica consecuencia es que los apartados c) y d) de una declaracin del Parlament de Catalunya han quedado sin efecto (bueno, hasta cierto punto, pues nadie puede negar que el Parlament cataln est contra la monarqua, por la repblica y contra la actuacin de Felipe VI en la situacin catalana; eso es un hecho que ninguna sentencia ni alto tribunal puede negar). Pero en el futuro esto se puede extender a actos contrarios a la monarqua que hasta ahora han sido consideramos como ejercicio de la libertad de expresin, pero que en un futuro no lejano pueden empezar a ser considerados como delito contra una persona inviolable e irresponsable (esto ltimo lo dice la Constitucin, que quede claro por si acaso).

Parece que la monarqua se siente amenazada (por fin), y eso resulta un sntoma positivo de cambio. Pero la parte negativa es que el estado da otra vuelta de tuerca a su blindaje. Si conseguimos sumar muchas personas para luchar con fuerza e imaginacin por el cambio, conseguiremos avanzar en las libertades; de lo contrario nos podemos sumir en un escenario de retrocesos y mayor represin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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