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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-09-2019

El rey se sita al margen de la Constitucin

Jos Antonio Martn Palln
Ctxt

No se puede aceptar la decisin del rey, disolviendo de facto las Cortes Generales al afirmar que no propone, en contra del texto constitucional, a ningn candidato a la Presidencia del Gobierno


El comunicado de la Casa Real, que lleva fecha del 17 de septiembre, transmite a los ciudadanos que, despus de realizar las consultas preceptivas que impone la Constitucin, ha constatado que no existe un candidato que cuente, en el momento de terminar las consultas, con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue la confianza. En consecuencia, resuelve no proponer a nadie. La decisin nos sita ante una delicada y grave situacin que altera la esencia de nuestro sistema poltico constitucional.

Segn el artculo primero del texto constitucional, la forma poltica del Estado espaol es la monarqua parlamentaria. La soberana nacional reside en el pueblo espaol representado en las Cortes Generales por el Congreso de los Diputados y el Senado. Por tanto ser el Parlamento el que tenga la ltima palabra, sobre todo en decisiones tan trascendentales como la investidura de un presidente del Gobierno o la convocatoria de unas nuevas elecciones. En puridad, lo que el rey ha constatado es la posicin genrica y sin detalles de los representantes de los diferentes partidos polticos que componen el arco parlamentario. Como es lgico, no es el momento adecuado para entrar en detalles que estn reservados a los posibles cambios estratgicos y al resultado de las intervenciones y debates en la sesin parlamentaria de investidura.

Estos contactos le han permitido comprobar y valorar que, posiblemente, pero no con una seguridad absoluta, estbamos abocados a un investidura frustrada. Lamentablemente, mal aconsejado por sus asesores y servicios jurdicos, el monarca ha entendido que la constatacin abstracta de las posiciones que, a priori, se iban a mantener en el Congreso de los Diputados le permita abstenerse de designar un candidato para la investidura. La interpretacin que hace la Casa Real del artculo 99 de la Constitucin resulta totalmente equivocada y contraria a los principios constitucionales. Seguramente una lectura ms reposada y menos intervencionista por parte de los integrantes de la Casa del Rey les hubiera llevado a la conclusin de que el artculo 99 no le concede la facultad de prescindir de la propuesta de un candidato hasta que se agoten los plazos marcados por la ley.

Es suficiente con una lectura literal del apartado 4 del artculo 99 de la Constitucin para entender que el rey no tiene la facultad o no puede arrogarse la facultad de prescindir, por su propio imperio, de la obligacin constitucional de formular una propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno. Reproduzco su contenido para que los lectores saquen las oportunas consecuencias. El apartado 4 del artculo 99 dice textualmente: Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarn sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Es decir, el rey es un simple testigo de la posicin inicial, antes de entrar en la sesin de investidura, de las intenciones de los diferentes partidos polticos. No le corresponde hacer sumas, y mucho menos cbalas, sobre lo que puede acontecer en un Parlamento en el que, a pesar de los malos hbitos de la poltica espaola, todos los diputados tienen libertad de voto y mucho ms en las cuestiones de investidura.

El rey, conforme al artculo 62 de la Constitucin, tiene la facultad de convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, pero conviene resaltar en los trminos previstos en la Constitucin. Tambin tiene la obligacin de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. Creo que no ha cumplido con ninguna de estas facultades y obligaciones que le impone la Constitucin.

Por si alguno tiene mala memoria, le recuerdo dos situaciones que refuerzan el contenido del texto constitucional. Por un lado, el disputado voto del seor Pedro Quevedo (de Nueva Canarias) y, por otro, la misma posicin del actual presidente en funciones, Pedro Snchez, que renunci a su cargo de secretario general y abandon el hemiciclo y su condicin parlamentaria para no votar la investidura de Mariano Rajoy.

Pero en mi opinin la culpa no es exclusiva del jefe del Estado. La presidenta del Parlamento tiene la obligacin de velar por el papel prioritario de la representacin parlamentaria, en momento tan trascendental como es el de la investidura de un presidente del gobierno. Si desconoca los antecedentes de la posicin del Tribunal Constitucional hasta ahora, que se sepa, mximo intrprete de la Constitucin poda haber solicitado de sus servicios jurdicos un informe sobre las consecuencias de sustraer al debate parlamentario, a la argumentacin, al dilogo y a los posibles cambios producidos en sede parlamentaria, la decisin ltima y tambin, por qu no decirlo, la responsabilidad de que se hubiese agotado el plazo y necesariamente hubiera que disolver las Cmaras y convocar unas nuevas elecciones.

El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tema (sentencia 16/1984 de 6 de febrero y otras) y sobre las cuestiones constitucionales que suscita una investidura. Ha proclamado que nuestro sistema parlamentario responde al modelo de lo que se ha dado en llamar parlamentarismo racionalizado, que prev igualmente la posibilidad de que, de las diversas propuestas que se efecten, no resulte la investidura de candidato alguno. En tal caso, la solucin que debe adoptarse no es la disolucin de las Cmaras, sino la de proponer al candidato que designe el partido poltico que cuente con mayor nmero de escaos. Si a esto unimos lo que hemos expuesto sobre la obligacin constitucional de agotar la designacin de candidatos, llegaremos a la conclusin de que la decisin del rey se ha situado al margen de la Constitucin, lo cual constituye un grave precedente, que sita al parlamentarismo en una papel secundario. En todo caso, deberan haberle advertido de esta posibilidad antes de pronunciarse por la negativa.

En nuestro sistema parlamentario, el candidato, segn interpreta el Tribunal Constitucional, sera el del partido con ms nmero de escaos. Tendra que presentarse a la investidura, proponer su programa de gobierno, y abrir la posibilidad dentro de lo que los juristas llamamos la voluntad ambulatoria, es decir cambiante, segn las propuestas y los argumentos expuestos, de valorar en ese momento solemne si considera conveniente enrocarse en una posicin que ya haba manifestado o poda abrir algn resquicio a ofertas que pudiera hacer meditar y valorar al resto de los partidos polticos su posicin.

No se puede descartar que, en el curso del debate parlamentario, algunos partidos, a la vista de los discursos, de los argumentos, de los razonamientos e incluso de las posibles suspensiones temporales de la investidura para reuniones de urgencia, pudieran llegar a soluciones de consenso; por ejemplo de un pacto de legislatura sobre determinados puntos o, desde otro espectro ideolgico, de algunos pactos de Estado, lo que hubiera permitido o abierto la posibilidad de que con los ajustes o cambios impuestos por la racionalidad, y no por el empecinamiento, se pudieran acordar, en aras de evitar unas nuevas elecciones, la puesta en marcha de un gobierno cuya actividad es urgente ante los acontecimientos que tiene que afrontar el frente internacional y los peliagudos asuntos internos. Pensemos en el brexit, la sentencia de los polticos catalanes y ahora, de forma inesperada, la crisis del petrleo que puede elevar el barril de Brent hasta extremos que pongan en riesgo las previsiones econmicas que no haban contemplado este acontecimiento.

En cualquier pas democrtico consolidado, este sera el camino que habra que recorrer; y tambin est consagrado, como hemos dicho, en nuestra Constitucin, y refrendado por el propio Tribunal Constitucional, que es el mximo intrprete de la Constitucin.

A la vista de todo lo sucedido he llegado a la conclusin, que seguramente no todos comparten, de que no somos una monarqua parlamentaria sino una monarqua con Parlamento. Modelo muy diferente, que subvierte el sistema de valores y contradice la esencia de la democracia representativa, que no es otro que el reconocimiento de que la soberana reside en el pueblo y se encarna en el Parlamento.

Escribo estas lneas hoy, mircoles 18 de septiembre, a cinco das del plazo final para la disolucin de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones, que expira el prximo da 23. Hay tiempo, escaso, para recapacitar y volver a la senda constitucional. Este debera ser el objeto de reflexin de unos polticos que piensen en el inters general durante este precario plazo. Entiendo que el tiempo apremia, pero la voluntad y la capacidad de decisin de los seres humanos que en este momento ostentan la condicin de parlamentarios pueden rectificar y encontrar una va de solucin. Lo que no puede aceptarse, por situarse al margen de la Constitucin, es la decisin del rey, disolviendo de facto las Cortes Generales al decidir que no propone, en contra del texto constitucional, a ningn candidato a la Presidencia del Gobierno.

Jos Antonio Martn Palln es magistrado emrito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisin Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado de de Lifeabogados.

Fuente: http://ctxt.es/es/20190911/Firmas/28367/rey-constitucion-investidura-parlamento-monarquia-parlamentaria-soberania-martin-pallin.htm



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