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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-10-2006

Zapatero, entre el centro y el cambio

G. Bster
sinpermiso.info


Despus de un verano marcado por los incendios en Galicia, una oleada de pateras en Canarias y la decisin de desplegar a las tropas espaolas en el sur del Lbano, el Gobierno del PSOE se prepara para la tarea esencial de todo Gobierno al final de su legislatura: ganar las prximas elecciones.

El problema es que Zapatero enfrenta este reto sin otro proyecto poltico que la solucin de temas abiertos en la primera parte de esta legislatura, en ruptura con las polticas heredadas del PP: la reforma estatutaria, el proceso de paz en Euskal Herria, la emigracin. En todos ellos se enfrenta con la oposicin cerrada y frontal del PP -que, sin embargo, condiciona los ritmos de aplicacin y el alcance de las polticas del PSOE-, mientras tiene que hacer frente al desgaste del bloque social de izquierdas surgido el 14-M del 2004.

El clima econmico y social

La crispacin del clima poltico, resultado de una estrategia de polarizacin del electorado de derechas del PP, no se responde con el clima social, instalado, a pesar de todo, en el mejor de los mundos posibles. Por un lado, los beneficios del capital, de las grandes empresas y bancos, vuelven a alcanzar un record histrico, en un ciclo expansivo basado en la construccin y la deuda familiar que, no por insostenible, lleva ya doce aos. Esta lluvia de beneficios est favoreciendo una nueva reestructuracin del capital financiero e industrial, cuyo episodio ejemplar es Endesa, pero que se extiende a los sectores econmicos ms importantes.

Al mismo tiempo que la tasa de explotacin relativa de los trabajadores aumenta proporcionalmente a los beneficios, el Ministro de Economa Solbes garantiza unos presupuestos del 2007, 100% de izquierdas, apropindose de la marca de identidad de la LCR francesa, sin romper por ello con la lgica del modelo econmico productivo heredado del PP. Un crecimiento del 3,4% que sigue doblando la media de la eurozona a pesar de su tmida recuperacin, le permite aumentar los gastos sociales en 1,5 puntos con respecto a los presupuestos ya expansivos del 2006 y prever un superavit de cierre de ejercicio del 0,7% -prometido pero inalcanzado por el PP- y que, por aquello de que la caridad comienza por uno mismo, sin duda ser invertido en posibles males futuros de la octava economa mundial.

A pesar del dficit social en relacin con la media de la eurozona -que sigue aumentando ligeramente en vez de recortarse-, de los procesos de deslocalizacin industrial, del aumento de las hipotecas y del endeudamiento familiar, la promesa es que para final de legislatura se habrn alcanzado la media de renta de la eurozona y el 0,5% de ayuda oficial para el desarrollo. La crisis, por el momento, no vendr por el lado econmico, a pesar de seguir sumando contradicciones en el modelo productivo: no en vano el parque de viviendas dobla ya al de habitantes, pero el acceso a las mismas es imposible para casi un 20% de los mismos, en especial los jvenes.

Tampoco es previsible que la crisis venga de la calle. La movilizacin extraparlamentaria del PP de los primeros dos aos de legislatura ha tenido que ser reconducida a las instancias institucionales habituales. La puesta en cuestin de la legitimidad de la victoria del PSOE el 14-M con las teoras conspirativas sobre la conexin eta-islamista, han sido desmontadas definitivamente por Garzn. Y la Iglesia Catlica ha preferido llegar a un compromiso bastante ventajoso con el Gobierno en los dos temas esenciales del mantenimiento de su control sobre la enseanza de las clases medias y la asistencia social -bloqueando la expansin y modernizacin del estado del bienestar- y de su financiacin. Sin por ello tener que rebajar sus crticas a las reformas democrticas para la igualdad de derechos del Gobierno.

Las tres pruebas pendientes del gobierno

Las crisis, por el contrario, parecen despuntar por los tres temas ligados directamente a la propia identidad institucional y poblacional del Estado espaol. La gestin de la reforma del Estatuto cataln a travs del pacto Zapatero-Mas, puenteando y marginando a las fuerzas del Tripartito cataln, han acabado con este sin permitirle rentabilizar su principal activo poltico y dejando detrs un halo de frustracin. La fractura se ha situado en el mismo PSC, que parece condenado a arrastrar el dilema hamletiano de ser o no ser, perdiendo votos a un lado y a otro, amenazado por el espectro de una CiU renovada en solo tres aos de ausencia de la Generalitat y apoyada por sectores del PSOE de Madrid para imponer un gobierno socio-convergente en Catalunya. Mientras ERC, castigada por sus propios electores por su incapacidad poltica, puede acabar cargando con el sambenito de responsable de la no resurreccin del Tripartito de izquierdas y catalanista.

El desenlace de las elecciones catalanas del 1 de noviembre determinarn toda la situacin poltica hasta el fin de la legislatura. Sin el Tripartito cataln, el cambio de gobierno en Madrid el 14-M hubiera sido impensable. Su desaparicin definitiva como proyecto poltico implicara la consolidacin definitiva de un giro a la derecha en todo el Estado y la sustitucin de la alianza preferente del PSOE con IU y ERC, que han marcado los cambios progresistas en la primera parte de la legislatura, por un nuevo sistema de alianzas basado en CiU y Coalicin Canaria, con el apoyo puntual -segn la situacin en Euskadi y Navarra- del PNV. Este nuevo escenario en el fin de la legislatura puede ser determinante para condicionar el proceso de paz en Euskal Herria y volver a un modelo emigratorio ms preocupado por la seguridad que por la integracin.

De hecho, en este comps de espera, el Gobierno Zapatero se adelanta a los acontecimientos. Su estrategia es hasta ahora volcar los problemas de creacin de las condiciones para el proceso de paz en Euskal Herria en Batasuna. Es Batasuna la que tiene que resolver su ilegalidad, consecuencia de la Ley de Partidos PSOE-PP. Es Batasuna la que tiene que aceptar que no se cumpla la ley en relacin con el traslado de los presos vascos a Euskal Herria. Es Batasuna la que tiene que comprender la falta de control por parte del Gobierno del aparato judicial, en manos de la derecha gracias al Pacto Antiterrorista. Mientras, el Gobierno se limita a mantener el consenso alcanzado -a excepcin naturalmente del PP- en sede parlamentaria, sin dar nuevos pasos. No es de extraar que la capacidad de gestin de la direccin de Batasuna est llegando a sus lmites, que las manifestaciones controladas se multipliquen y que empiecen a reaparecer las descontroladas. Todo ello alimenta un ciclo de erosin y desconfianza de la base social del PSOE, bloquea la capacidad de iniciativa de este y desespera a la de la izquierda abertzale en una especie de eterno retorno a las fuentes del conflicto.

Un bloqueo similar, pero acompaado de un peligroso cambio de discurso, tiene lugar en la gestin de la emigracin. La alarma y la crisis no vienen, como es bien sabido, de los 200.000 emigrantes que entran anualmente por la frontera norte o por los aeropuertos, respondiendo a las necesidades de crecimiento de la economa espaola y la bajsima tasa demogrfica local. No, la crisis es producto de la llegada de una decena de miles de africanos subsaharianos en cayucos a las Islas Canarias -una vez que se han hecho inexpugnables las vallas de Ceuta y Melilla-, del espectculo de su agona y de la absoluta incapacidad institucional de acoger y distribuirlos, en medio de la demagogia alarmista y racista del Gobierno regional de Coalicin Canaria y del PP.

El efecto no ha podido ser ms inmediato: se rechaza el discurso de Sarkozy y de Rajoy sobre el efecto llamada del proceso de regulacin, recordndoles la insurreccin de los suburbios franceses, para a continuacin aceptar su mismo enfoque basado en la seguridad y poner el acento no en la lucha contra el mercado negro de trabajo sino en las repatriaciones forzadas.

La competencia por el centro poltico

Lo que tiene de comn el tratamiento de estas tres crisis larvadas, ms la solucin adoptada en la negociacin con la Iglesia Catlica y la propuesta del Gobierno de una ley de la memoria histrica que mantiene la continuidad jurdica y la legalidad de la represin franquista, es la opcin estratgica de buscar votos para las prximas elecciones no en la movilizacin de la izquierda -desechada desde el comienzo de la legislatura- sino en el centro, en competencia con el PP, aprovechando la propia polarizacin creada por la movilizacin de la derecha poltica y social.

El mejor de los mundos posibles parece condenarnos a una larga campaa electoral basada en rentabilizar los errores y las deficiencias del PSOE en el Gobierno y del PP en la oposicin para la movilizacin de los sectores abstencionistas del centro poltico, ms que en un nuevo impulso del proyecto de cambio poltico y social iniciado el 14-M del 2004. Plantear la necesidad y las condiciones de ese nuevo impulso -que solo ser posible con un nuevo ciclo de movilizaciones sociales- es la tarea de la izquierda.

* G. Bster es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO. Este artculo ha sido publicado originalmente en dicho portal el 1 de octubre de 2006.



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