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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-01-2007

La ruptura de la tregua y sus consecuencias polticas

G. Buster
sinpermiso.info


El 30 de diciembre ETA rompi su alto el fuego permanente con un coche bomba en la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid que caus importantes daos, decenas de heridos y dos muertos. Con este atentado se pona fin a ms de tres aos sin victimas mortales y a nueve meses de lo que ha resultado ser solo una tregua en la actividad de ETA.

El proceso de paz en Euskal Herria se encontraba bloqueado y las encuestas del Gobierno vasco mostraban que el 64% de los ciudadanos vascos tema un atentado de ETA. Pero la bomba de la T-4 en Madrid pill por sorpresa al Gobierno en un ao estaremos mejor que hoy, haba dicho Zapatero el da antes tras el ltimo consejo de ministros del ao- y a la direccin de Batasuna, como reconoci abiertamente Joseba Alvarez en Radio Euskadi: yo creo que eso no se lo esperaba nadie.

De hecho, reinaba un cierto ambiente de optimismo despus de que el Ministro Rubalcaba hubiese confirmado que representantes del Gobierno y de ETA se haban reunido el 14 de diciembre con el objetivo de intentar desbloquear el proceso de paz. El Gobierno habra podido verificar la voluntad de ETA de mantener el alto el fuego, segn la prensa vasca, y Zapatero as se lo comunic a Rajoy en su entrevista del 22 de diciembre. Es ms, al parecer, Gobierno y ETA haban quedado para una nueva reunin a finales del mes de enero o comienzos de febrero.

La cuestin poltica clave era la participacin de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de marzo. Batasuna y el Gobierno mantenan un duro pulso sobre cmo se producira la legalizacin de las candidaturas de la izquierda abertzale o superndolo, o en el marco mismo de la Ley de Partidos heredada del Gobierno Aznar-, pero nadie dudaba, empezando por Batasuna, de que esa participacin se producira. Con ella, la izquierda abertzale se legitimara como interlocutor poltico para la mesa de partidos que, junto a los contactos del Gobierno con ETA, constitua la segunda pata del proceso de paz.

El plazo para la presentacin y legalizacin de las candidaturas de la izquierda abertzale hasta finales de febrero era por lo tanto el margen temporal para continuar con un duro tira y afloja negociador. Un pulso que inclua adems otras condiciones para que el proceso pudiera seguir avanzando, simultnea o posteriormente, como el acercamiento de los presos, la situacin de los macro-sumarios contra los medios de comunicacin o los movimientos sociales ligados a la izquierda abertzale, la excarcelacin de presos de ETA cumplidas legalmente sus penas (con la huelga de hambre de De Juana Chaos como espada de Damocles). Es decir, las condiciones para una actividad poltica democrtica de la izquierda abertzale. Mientras tanto, sta aumentaba la presin por su parte con una importante movilizacin social y un incremento de la kale borroka frente a lo que consideraba el bloqueo del proceso por un Gobierno que se jactaba pblicamente de haber hecho menos concesiones que Aznar en su momento.

Por qu el atentado?

La cuestin es, por lo pronto: por qu puso ETA la bomba el 30 de diciembre?

La primera respuesta de Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, el mismo da 30 por la tarde, tras expresar su solidaridad humana con las victimas, fue que el proceso de paz no esta roto y es ms necesario que nunca, y que era necesario reconstruir las condiciones que permitan estabilizar de manera definitiva el proceso. Acus al Gobierno Zapatero de no haber hecho un solo gesto en nueve meses de tregua, pero que el atentado, no nos retrotrae a un escenario anterior al 24 de marzo (fecha de la declaracin del alto el fuego permanente de ETA).

Las declaraciones de Otegi parecan responder ante todo a dos prioridades de la direccin de Batasuna: evitar una escisin en sus filas y una ruptura con ETA y muy probablemente, una escisin en la propia ETA- cerrando filas, e intentar mantener el proceso sobre la base del ejemplo del proceso de paz irlands. Lo primero, de ocurrir, supona el fin del proceso mismo al desaparecer el interlocutor poltico de la izquierda abertzale; lo segundo, no dejaba de ser un intento desesperado de mantener la legitimidad como interlocutor de la propia ETA a partir de una analoga de imposible aplicacin en el Estado espaol, dada la correlacin de fuerzas impuesta por la movilizacin masiva y continua de la derecha social y poltica contra el proceso de paz.

Enseguida se hizo patente que, como haba ocurrido en el primer proceso de paz alrededor de los contactos de Argel en 1989, el aparato militar se haba acabado imponiendo a la direccin poltica de ETA. Bien para introducir el espectro de nuevas victimas mortales y la derrota electoral del PSOE como consecuencia, bien para cerrar el proceso de paz una vez ms como en el proceso de Argel en 1989 o el de Lizarra en 1999- constatado que implicaba un viaje sin retorno para la propia ETA en ausencia de un cambio cualitativo del marco poltico-estratgico de su lucha. Lo que el Barne Buletina de la organizacin haba definido ya en marzo de 1993, al concluir el balance del primer proceso de paz, como el sndrome de Argel.

La analoga irlandesa, a la que parecan referirse las declaraciones iniciales de Otegi, era el atentado con un coche bomba en el barrio londinense de Docklands el 9 de febrero de 1996, que haba roto la tregua del IRA de 1994, ocasionando dos muertos y cientos de heridos. Un boletn interno de ETA del 2001, al hacer balance del proceso irlands, sealaba que ello haba permitido ms tarde llevar el proceso de paz a un nuevo escenario.

Los tres avisos de ETA previos al estallido del coche bomba en la T-4 de Madrid hacen suponer que su objetivo no era causar victimas mortales, sino graves daos materiales. La ausencia de victimas mortales haba sido uno de los argumentos fuertes de Zapatero para solicitar del Congreso de los Diputados el apoyo para el dilogo con ETA en mayo del 2005 su principal escudo institucional frente a la contraofensiva del PP. Pero como dijo Gaspar Llamazares, quien juega con fuego, se acaba quemando. La muerte de dos emigrantes ecuatorianos paradigma de vctimas inocentes y ajenas al conflicto vasco- haca imposible cualquier analoga irlandesa.

Por otra parte, los casi doscientos kilos de material explosivo abandonados en Atxondo por ETA alimentaban las tesis de quienes interesadamente defendan que el objetivo del nuevo sector dominante en ETA era lanzar una ofensiva en toda regla que cortase de raz el proceso de paz.

La consecuencia inmediata, en cualquier caso, es que el pulso poltico sobre la forma jurdica de la participacin electoral de la izquierda abertzale haba quedado saldado a favor de mantener su ilegalizacin, como haba venido exigiendo Rajoy antes del atentado. La movilizacin y preparacin de la izquierda abertzale para las elecciones se cort en seco. Como las campaas de solidaridad por las condiciones democrticas del proceso de paz, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado espaol. Y por si haba alguna duda, el acto previsto el 6 de enero de apoyo a los presos vascos, organizado por el nuevo Movimiento pro Amnista en el veldromo Anoeta de Donosti, era prohibido por la Audiencia Nacional y reprimido por la polica.

La falta de aviso formal previo del fin de la tregua por parte de ETA a diferencia de ocasiones anteriores, la sorpresa de la direccin de Batasuna, su reafirmacin de la estrategia de Anoeta y su negativa a dar por concluido el dilogo con ETA y el proceso de paz en curso hasta ese momento, parecen apuntar en definitiva a que un sector de ETA ha sido incapaz de aguantar la tensin poltica de la negociacin y ha cometido con este acto terrorista un grave error poltico.

La reaccin del Gobierno y la campaa del PP

Las primeras reacciones por parte del Gobierno, ms all de la sorpresa, reflejaron en seguida el debate en curso sobre qu hacer tras el atentado.

Zapatero compareci pocos minutos despus de hacerlo Otegi, confirmada la falta de condena formal por parte de Batasuna y su defensa del proceso. Tras constatar que no se cumplen las condiciones de la resolucin parlamentaria de mayo, inform que haba ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar el dilogo con ETA. Pero desde ese momento mantuvo una ambigedad semntica sobre el proceso de paz, distinguindolo del fin de la violencia como condicin previa para una nueva aproximacin del Gobierno al dilogo con ETA. Esa ambigedad aparece tambin recogida en el comunicado emitido al da siguiente por la Comisin Ejecutiva Federal del PSOE.

La ambigedad, que pareca querer mantener un horizonte de esperanza para repensar el proceso de paz en las nuevas circunstancias polticas, fue inmediatamente detectada por el PP. Rajoy haba comparecido ante los medios antes que Zapatero para exigir el fin del dilogo con ETA, la persecucin de la izquierda abertzale y la completa sumisin del Gobierno al Pacto Antiterrorista PP-PSOE heredado del perodo Aznar, en los mismos trminos que tras la reunin con Zapatero del 22 de diciembre. Pero despus de la comparecencia de Zapatero, el portavoz de interior del PP, Astarloa, exigi una declaracin formal de ruptura del proceso de paz, no su suspensin, y la autocrtica por la manifiesto fracaso de su poltica antiterrorista. Los medios de comunicacin de la derecha inmediatamente recogieron la nueva lnea de Astarloa.

Durante 48 horas, la ofensiva meditica del PP defini el marco de las posiciones del resto de las fuerzas polticas. El Gobierno Vasco, con el apoyo de los consejeros de las tres fuerzas polticas que lo componen, mantuvo no solo la ambigedad, sino la necesidad poltica de mantener el proceso de paz. Aunque Ibarretxe era contradicho pblicamente por Imaz, portavoz del PNV, que daba por acabado el proceso de paz, exiga la condena formal de Batasuna del atentado hacindose eco de la Ley de Partidos- y al fin del dilogo con ETA, de la que ya solo caba esperar su disolucin. Pocos das despus se sumaba a esta postura Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar, con mayor contundencia si cabe. Durn i Lleida, portavoz de CiU en Madrid, se ofreci como ministro, primero al PSOE, y despus, al PP. ERC se aline inicialmente con las tesis de Otegi, para aceptar despus la disciplina del Tripartito cataln de apoyo incondicional a Zapatero. IU, con la mayora de Llamazares apoyando a Zapatero, se encontr con posturas de algunos sectores del PCE que parecan aorar la estrategia de las dos orillas.

Esa ofensiva del PP vino acompaada de una crtica frontal a Rubalcaba y a su gestin del dilogo con ETA. Cmo era posible que las fuerzas de seguridad no hubieran detectado nada, que las conclusiones de la reunin con ETA del 14 de diciembre hubieran sido tan distintas en sus previsiones de los hechos? Pepe Blanco, secretario de organizacin del PSOE, haca frente en ausencia de Zapatero y de la portavoz del Gobierno, Maria Teresa Fernndez- a la ofensiva del PP, exigiendo unidad antiterrorista a todos los partidos y asegurando que las palabras de Zapatero no contenan ninguna ambigedad en cuanto al fin del proceso de paz y s la voluntad de autocrtica. Mientras se acumulaban las declaraciones y presiones de los barones territoriales del PSOE y de algunos ministros para una definicin mas dura en el mismo sentido, en algn caso exigiendo la vuelta al consenso antiterrorista con el PP, como defenda el ex ministro de defensa Bono desde muchos meses antes.

Segn distintos confidenciales de prensa, Rubalcaba exigi de Zapatero el fin de toda ambigedad y compareci el 2 de enero para asegurar que la polmica alimentada por el PP era falsa, porque el proceso de paz, no solo el dilogo con ETA, estaba roto, liquidado y acabado. Que el martes 9 de enero comenzara una ronda con todos los partidos polticos para conocer su posicin ante la situacin y sus propuestas para la poltica antiterrorista del Gobierno. Con ello tomaba directamente la iniciativa poltica frente al PP y trazaba las lneas generales de una estrategia antiterrorista ms all del Pacto Antiterrorista PP-PSOE, al abrirse al resto de los partidos polticos, incluidos los nacionalistas, sobre la que sustentar la poltica de represin selectiva sobre ETA que nunca haba cesado- y tambin un nuevo ciclo de represin de la izquierda abertzale, acorralada entre la kale borroka y la escisin.

La campaa del PP combinaba ya elementos extraparlamentarios -como la convocatoria de concentraciones por parte de la Asociacin de Victimas del Terrorismo (AVT) en la perspectiva de una gran manifestacin contra el Gobierno, y en las que reaparecieron grupos fascistas- con la agitacin meditica. Pero abri ahora un tercer frente, el parlamentario. Astarloa exigi de nuevo que fuera Zapatero quin diera personalmente por roto el proceso ante el pleno del Congreso de los Diputados, reunido de manera extraordinaria durante sus vacaciones. Al exigir el pleno y no la convocatoria de la Diputacin Permanente, el PP estaba cuestionando directamente la legitimidad del Gobierno al exigir la aplicacin de un artculo del reglamento previsto para casos de crisis institucional o guerra.

Zapatero, sin embargo, no reapareci hasta el da 4 de enero con su visita al lugar del atentado -donde seguan las tareas de bsqueda de una de las victimas bajo decenas de miles de toneladas de escombros-, para expresar en los trminos ms firmes su compromiso con el fin de la violencia y la consecucin de paz, anunciar su comparecencia parlamentaria para construir el consenso de las fuerzas polticas y rechazar cualquier posibilidad de intimidacin al Gobierno por parte de ETA. Pero no dijo nada ms.

Soledad Gallego-Diaz, desde El Pas el da 5, resuma as las posiciones: Parece evidente que siguen existiendo dos maneras de enfocar el fin de ETA. La que defiende el PP pretende alcanzar el fin de la violencia mediante la accin policial y judicial y exige cegar toda va de dilogo. La estrategia de Zapatero ha sido otra, y probablemente seguir sindolo. El presidente sigue pensando, y trabajando, para lograr un fin dialogado de la violencia () Pero hace falta que explique a los ciudadanos por qu sigue en ese camino, aun sabiendo que no va a contar con el apoyo del PP, y que exponga las nuevas condiciones que exige a ETA y a Batasuna para ello.

Un debate con cuatro posiciones

En realidad, en el debate poltico que estaba teniendo lugar, no haba solo dos posiciones, sino al menos cuatro, con distintos matices en cada una de ellas.

La del PP cuenta con la ventaja de ser una continuacin de la contraofensiva iniciada despus del 14-M de 2004, incluidas las teoras conspiratorias sobre la participacin de ETA en los atentados del 11-M, para deslegitimar al Gobierno Zapatero. El atentado dara la razn a la poltica antiterrorista definida por el Gobierno Aznar tras la ruptura de la tregua de 1999 y que se concret en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, la Ley de Partidos y la persecucin judicial del conjunto de la izquierda abertzale a travs de la doctrina Garzn. El Gobierno Zapatero debera ahora reconocer pblicamente su error al alejarse de esta poltica abrfiendo un dilogo con ETA sin el consenso del PP. En realidad, el PP ha hecho del fracaso del proceso de paz el eje de su contraofensiva desde el 14-M, cercando al Gobierno e intentando limitar su margen de maniobra con una movilizacin extraparlamentaria, encabezada por la AVT, que ha sacado a la calle en Madrid a cientos de miles de personas en cinco ocasiones. La va represiva y judicial contra la izquierda abertzale es a la vez su estrategia de acoso y derribo del Gobierno Zapatero. (Dentro de esta orientacin estn aquellos sectores del PSOE que siempre han condicionado cualquier poltica socialista en relacin con el conflicto vasco a un consenso previo con el PP, dndole un derecho de veto en la prctica aunque sea en nombre de la eficacia. Y tras el atentado, han exigido, con Bono, ensear seria y democrticamente los dientes a ETA o, de acuerdo con la doctrina Garzn, a ETA-Batasuna, demostrando una capacidad represiva igual o superior a la del PP para evitar el corrimiento de votos del centro hacia la derecha.)

La segunda gran opcin es la que parece estar construyendo Rubalcaba. Una nueva poltica antiterrorista, en el sentido de que no espera contar con el consenso de un PP, que mantiene su dinmica de acoso y derribo del Gobierno Zapatero, pero si apoyada por el resto de las fuerzas polticas. Una poltica que en sus contenidos, como se ha encargado de subrayar Rubalcaba, implicara la represin selectiva de ETA y la extensin de la judicializacin del conflicto a toda la izquierda abertzale, sin grandes diferencias con la poltica antiterrorista del PP. La eficacia de esa accin represiva sera la garanta de la buena fe y capacidad del Gobierno. A esta postura parecen sumarse sectores tan dispares como Imaz del PNV o Zabaleta de Aralar, con la idea de que el aislamiento y derrota policial debe llevar a una autodisolucin de ETA antes de cualquier legalizacin de la izquierda abertzale como sujeto poltico y nica posible mediadora ya en temas como los presos. Patxo Unzueta daba cuerpo terico a esta postura en El Pas el 4 de enero.

La tercera alternativa parece surgir de la ambigedad calculada de Zapatero. Parte de un reconocimiento de que el atentado ha acabado con las condiciones institucionalizadas para el dilogo, pero se mantiene para un futuro no determinado un horizonte de proceso de paz que reivindique la lnea seguida por el Gobierno hasta ahora. Aunque se haya hecho imposible la legalizacin de las candidaturas de la izquierda abertzale, no implica una nueva criminalizacin masiva de Batasuna y su entorno -contrarios mayoritariamente a la violencia segn las encuestas-, para empujar definitivamente a una autonoma poltica de la izquierda abertzale respecto de ETA, de manera que ms all de la represin selectiva, sea este el precio poltico que tenga que pagar por la ruptura de la tregua. La deslegitimacin como interlocutor de ETA no implicara la de una nueva direccin autnoma de Batasuna. El horizonte de un proceso de paz se trasladara as a una nueva legislatura.

Por ltimo, la cuarta postura, defiende la necesidad de mantener el proceso de paz entendido como la creacin de las condiciones polticas que lo hagan posible, el desarrollo de un movimiento social por la paz que articule un consenso para evitar retrocesos y bloqueos, y la adopcin de medidas unilaterales, que incluyan la actividad legal democrtica de la izquierda abertzale. Se trata en definitiva de evitar un nuevo ciclo de violencia-represin-violencia en Euskal Herria, que acabara llevando de vuelta al PP al Gobierno central. Porque la experiencia ha demostrado que solo la deslegitimacin poltica de la va armada a travs de alternativas democrticas, y no solo la represin policial, pueden superar las causas profundas de la existencia de organizaciones como ETA. La resolucin democrtica dando la palabra a los ciudadanos del conflicto nacional vasco debe ser el punto de partida para mantener una perspectiva de dilogo con ETA para su autodisolucin. Como se ha demostrado, el mantenimiento en la ilegalidad de la izquierda abertzale refuerza el carcter incontrolable del aparato militar de ETA.

Se trata naturalmente de un esquema de posiciones, en una realidad cambiante de lneas no definidas, que contribuye y cambia con la correlacin de fuerzas entre fuerzas polticas y la movilizacin de la opinin publica. El propio Zapatero, en sus conversaciones con los periodistas durante las celebraciones de la Pascua Militar el da 6, quiso cerrar la polmica semntica mantenida con Rubalcaba: el proceso de paz tena su fundamento en el dilogo y, por tanto, tras el atentado, lleg a su punto final. Pero se reafirm en la correccin de la orientacin y metodologa seguida por el Gobierno en el proceso de paz, definiendo el terreno de consenso en el PSOE. Su toma definitiva de posicin se dar en la comparecencia el 15 de enero en el Congreso de los Diputados y en el debate que all tenga lugar, el cual dejar sin duda marca para el resto de la legislatura y determinar el tono y el momento de las prximas elecciones generales.

La removilizacin de la izquierda

Durante la primera semana de enero, despus del choque del atentado, el debate poltico ha sido un ejercicio de desconcierto, con una derecha volcada a la contraofensiva final contra el gobierno y unas izquierdas impotentes y sumidas en la pasividad. El resultado, en definitiva, de dos aos y medio de gobierno minoritario del PSOE, en el que Zapatero ha intentado hacer una gestin en fro del mandato de cambio recibido el 14-M del 2004, apoyado en el impulso menguante del mayor ciclo de movilizaciones del post-franquismo de 2002-2004, mientras la derecha social y poltica se volcaba en una movilizacin extraparlamentaria e institucional sin precedentes.

La falta de iniciativa de la izquierda peso tanto como los escombros de la T-4 hasta el 5 de enero. Las primeras concentraciones de protesta en Madrid fueron convocadas separada pero paralelamente por la AVT y la Federacin Espaola de Municipios y Provincias. La desventaja numrica de la izquierda en la segunda convocatoria acab con intimidaciones por parte de piquetes de manifestantes de derechas, fascistas incluidos, ante la falta total de servicios de orden. El Foro Social de Madrid fue incapaz de encontrar el consenso para un comunicado llamando a la movilizacin. El peligro de desmoralizacin solo empez a superarse cuando CC OO y UGT, con el apoyo posterior de IU y del PSOE, convocaron finalmente en Madrid una manifestacin para el 13 de enero por la paz y contra el terrorismo, a la que se sum la organizacin de emigrantes ecuatorianos que haba previsto otra ese mismo da.

La bola de nieve de una cierta recomposicin poltica de la izquierda frente a la contraofensiva del PP, empez a hacerse sentir tambin en Catalua a partir de la iniciativa de la Plataforma Aturem la Guerra, que haba estado a la cabeza de las manifestaciones contra la guerra de Irak. Se constituy la Plataforma S al Procs de Pau y se convoc otra manifestacin de todas las fuerzas polticas para el 28 de enero. Montilla y el gobierno cataln de la Entesa se pusieron detrs de Zapatero.

Por su parte, el Gobierno vasco convoc directamente su propia manifestacin tambin para el da 13 en Bilbao, por la paz y el dilogo, abriendo con el lema una polmica con el Partido Socialista de Euskadi y desatando el rechazo frontal del PP.

Los lmites impuestos por la derecha

A la espera de la evolucin de los acontecimientos, que estarn marcados por la movilizacin de la izquierda y el debate en el Congreso de los Diputados, los ltimos das han vuelto a poner de manifiesto muchos de los problemas tcticos y estratgicos de las izquierdas en el Estado espaol que han comenzado a ser discutidas en Sin Permiso [vase: Bster I, Bster II, Bster III y Maurizio Matteuzzi].

El proceso de cambio social y poltico iniciado el 14-M del 2004 con la derrota de Aznar, tras el ciclo de luchas del 2002-2004, esta llegado a sus lmites. En el terreno econmico ha supuesto una continuacin de las polticas neoliberales en muchos aspectos, matizados por un fuerte crecimiento econmico y reformas para la extensin de prestaciones sociales gracias a la Ley de Dependencia. Pero el modelo econmico sigue siendo prcticamente el mismo, basado en la construccin y el endeudamiento familiar, a pesar de no ser sostenible a medio plazo. La polarizacin de la renta nacional sigue perjudicando a los asalariados, que soportan el mayor ndice de temporalidad de toda la UE, erosionando el voto de los sectores de centro, como han argumentando recientemente Toni Domnech y Daniel Ravents en El Pas el pasado 31 de diciembre.

El Gobierno Zapatero ha producido importantes avances en temas democrticos y de igualdad jurdica de los ciudadanos. Basta compararlo con el resto de los gobiernos de la UE en estos aspectos. Pero la estructura de un estado con distintas nacionalidades y la descentralizacin del gasto social hacia los gobiernos autonmicos ha vuelto a plantear con urgencia la mas importante de las cuestiones democrticas aun no resuelta, como es el modelo de estado. Es en este terreno de la reforma de los Estatutos de Autonoma, y del proceso de paz en Euskal Herria donde la correlacin de fuerzas impuesta por la movilizacin de la derecha social y poltica tras el 14-M del 2004 ha impuesto unas lneas rojas que han frustrado el avance hacia un modelo federal de estado, avances democrticos mas importantes en la cuestin nacional y bloqueado el proceso de paz.

La falta de debate tctico y estratgico de cmo superarlas desde la izquierda para mantener y profundizar el cambio poltico y social iniciado en el 2004 es uno de los principales impedimentos. La gestin en fro del Gobierno Zapatero, con una izquierda social subordinada a acompaar institucionalmente las iniciativas parlamentarias de la izquierda poltica, no es capaz de superar los problemas de fondo que plantea la fuerte articulacin social y poltica de la derecha despus de los ocho aos del periodo Aznar. Ha sido especialmente patente en los nueve meses del proceso de paz en Euskal Herria. De ah la importancia poltica de los debates que estn teniendo lugar y de la experiencia prctica que van a suponer para sectores significativos de la ciudadana. Sin una poltica de izquierdas, claramente delimitada de las propuestas del PP -tanto en lo que se refiere al proceso de paz, como en relacin con la estabilidad y seguridad laboral, la mejora perceptible del nivel de vida de la mayora de la poblacin tras aos de perdida de poder adquisitivo-, no se podr movilizar una mayora social de izquierdas para ganar las elecciones y se abrir el paso a una fuerte involucin democrtica con un gobierno del PP enfrentado los gobiernos de izquierdas autonmicos y dispuesto a asfixiarlos econmicamente.

Pero todava estamos a tiempo.

* Gustavo Bster es miembro del consejo editorial de SinPermiso



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