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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-03-2007

Todava la memoria histrica es el pan de cada da a comienzos del siglo XXI en el Reino ibrico
Escenas de polarizacin poltica en el Reino de Espaa

G. Buster
Sin Permiso


Un da ha tardado la derecha social y el PP en responder a la decisin del Gobierno de conceder prisin atenuada al militante de ETA De Juana Chaos que llevaba 115 das de huelga de hambre con concentraciones nocturnas de varios miles de personas ante los ayuntamientos de las principales ciudades del pas, convocadas por el Foro de Ermua y la Asociacin de Vctimas del Terrorismo. La plana mayor del PP se ha repartido para encabezarlas, aunque los verdaderos protagonistas han acabado siendo dirigentes de extrema derecha como Ynestrillas y escuadras de algunos cientos de falangistas uniformados que intentaban, ante la sede del PSOE, repetir el escenario del 13-M del 2004, la noche anterior a la derrota electoral de Aznar.

En el actual, hay, sin embargo, algunas diferencias. Todo apunta a que el indudable alcance de las concentraciones, por alarmante que pueda parecer, no trae consigo una ampliacin de las fuerzas de la derecha capaz de integrar a nuevos sectores.

El 13-M fue la consecuencia de pillar a Aznar en la mentira y en la manipulacin electoral del atentado terrorista mas grave que ha sufrido Espaa. Ahora se acusa a Zapatero de debilidad ante ETA, de pactos secretos. Pero sus decisiones estn respaldadas por la ley, por el reglamento penitenciario y ejecutadas en nombre de criterios de humanidad. El desplazamiento a la derecha extrema, con la reaparicin de grupos fascistas en primera lnea, no parece la mejor estrategia para un PP que se juega en la movilizacin de todos sus votantes, incluidos los del centro, la posibilidad de mejorar sus expectativas de voto, mientras afianza la conviccin en la izquierda y entre los distintos nacionalismos perifricos que, de ganar unas elecciones Rajoy, seria rehn de Aznar y de la derecha extrema que ahora le jalea.

Los nuestros y los traidores

Dos meses despus del atentado de ETA en la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, la polarizacin poltica y social en el Reino de Espaa sigue en aumento ante la perspectiva de una larga campaa electoral que har de las elecciones legislativas de 2008 una continuacin de las municipales y autonmicas de mayo del 2007. En la ultima encuesta del CIS, el PSOE se mantiene un punto por delante del PP (38,8% frente a 37,9%), mientras IU sube hasta el 6,5%.

El PP ha sido incapaz de rentabilizar el atentado de ETA y el fin del proceso de paz en Euskal Herra rompiendo el bloque poltico de la izquierda en el que se apoya el Gobierno Zapatero. Las encuestas siguen mostrando un apoyo mayoritario a la gestin del Gobierno en su poltica de ambigedad calculada ante el conflicto vasco, que debe permitir mantener el horizonte de un nuevo proceso de paz en la siguiente legislatura, con una izquierda abertzale presente en los municipios vascos y un nuevo gobierno de coalicin nacionalista y de izquierda en Navarra.

Pero han sido dos meses de movilizacin extraparlamentaria masiva de la derecha social. La primera, el 3 de febrero convocada por el Foro de Ermua y la AVT en respuesta no tanto al atentado, cuanto a las manifestaciones unitarias de la izquierda y el Gobierno vasco del 13 de enero; enseguida, la del 24 de febrero, contra la reduccin de pena al militante de ETA De Juana Chaos, una manifestacin en la que el alarde escenogrfico de la extrema derecha desbord por mucho al PP; finalmente, en la noche de las traiciones, la del pasado 2 de marzo, tras el pase a prisin atenuada de De Juana Chaos. Y se anuncian mas movilizaciones.

La confrontacin entre la derecha y la izquierda domina toda la vida poltica y social, con sorprendentes ecos de los aos 30 en ms de una ocasin. El PSOE ha vuelto a tropezar inopinadamente y sin pretenderlo con la cuestin de la naturaleza de clase del estado que gobierna, con un poder judicial en manos de la derecha social y poltica que acta saboteando legalmente las polticas y la gestin gubernamentales en nombre de la razn de estado.

Una razn de estado esgrimida por la derecha a fin de deslegitimar al Gobierno Zapatero con un asombroso abanico de especulaciones y fantaseos ad hoc: la teora de la conspiracin del 11-M, los supuestos pactos secretos del gobierno con ETA, el espantajo del peligro de la ruptura de la unidad nacional, la pretendida persecucin de los ediles del PP en la lucha contra la corrupcin urbanstica, la indisciplina de la Guardia Civil, o, por acabar en algn sitio, el laicismo en las escuelas. Un da s y otro tambin, la COPE la cadena radiofnica, propiedad de la Conferencia Episcopal, de insolente militancia ultraderechista, El Mundo, La Razn y las televisiones autonmicas de la derecha, encabezadas por TeleMadrid, no cejan en el empeo de de apelar a las conciencias y menudo, a bajas pasiones quin sabe si del todo conscientes de los electores de la derecha, en una suerte de paroxstica movilizacin permanente in crescendo.

El frente judicial

La recusacin de Pablo Prez Tremps como juez del Tribunal Constitucional en el recurso del Defensor del Pueblo sobre la supuesta inconstitucionalidad del Estatuto de Catalua ha vuelto a poner sobre la mesa en toda su crudeza las nefastas consecuencias polticas del Pacto Antiterrorista firmado por el PSOE con el PP bajo el Gobierno Aznar como respuesta a la ruptura de la tregua de ETA en 1999. En nombre del consenso, el Pacto Antiterrorista dio a la derecha una mayora en el poder judicial que le aseguraba la continuidad de su poltica en caso de un cambio de gobierno.

Tal obsequio de un verdadero derecho de veto judicial repercute hoy en el Tribunal Constitucional, poniendo en cuestin la legitimidad de la reforma estatutaria no slo en Catalua, sino en todas las autonomas que han aprobado los nuevos estatutos. En el Consejo Superior del Poder Judicial, como ha recordado el combativo nuevo ministro de justicia, Mariano Fernndez Bermejo, la actual mayora se sostiene sobre una composicin que es legal, pero ilegitima, porque el bloqueo del PP impide su renovacin aun a pesar de haber superado ya por mucho el plazo temporal de su mandato. Y en la Audiencia Nacional, se siguen aplicando con empeado denuedo las doctrinas que identifican a toda la izquierda abertzale con ETA, como partes de una nica organizacin terrorista.

El nombramiento al frente del Ministerio de Justicia de Mariano Fernndez Bermejo es una respuesta que refleja la consciencia, por parte del Gobierno Zapatero, de la necesidad de un pulso que se ha hecho inevitable en el frente judicial. Si Lpez Aguilar, el ministro saliente, haba sido uno de los negociadores socialistas del Pacto Antiterrorista con el PP, Fernndez Bermejo fue una de sus victimas ms seeras en el frente judicial, junto con Carlos Jimnez Villarejo, cuando era fiscal general de Madrid. Su rotunda advertencia de que tuvimos que luchar contra los padres y ahora tendremos que hacerlo contra los hijos para defender la democracia supone no tanto un giro a la izquierda del Gobierno, cuanto la resuelta decisin de conservar la legitimidad haciendo frente al desapoderado pulso de una derecha dispuesta a todo. En un sentido parecido hay que interpretar la decisin del gobierno de entesa de la izquierda catalana de recusar a su vez a Rodriguez Zapata, uno de los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional por los mismos motivos por los que ste instig la recusacin de Perez Tremps haber realizado informes tcnicos para la Generalitat catalana, a fin de asegurar una mayora a la faccin conservadora del Tribunal Constitucional (una posible mayora que, dicho sea de paso, cuenta entre sus miembros a un antiguo Gobernador Civil franquista y, en su da, Jefe Provincial del Movimiento).

Proceso de paz o frente antinacionalista

Por el momento, la ambigedad calculada del Gobierno Zapatero se subordina claramente a la necesidad de ganar las elecciones y evitar fisuras en el bloque electoral que le apoya. Busca, al propio tiempo, sostener una perspectiva que impida a la derecha dinamitar por una generacin toda posibilidad de un proceso de paz. Pero la ambigedad calculada se ha podido mantener superando la nada disimulada oposicin de sectores de la derecha del mismo PSOE slo gracias a la movilizacin callejera unitaria del 13 de enero por parte de la izquierda y de los nacionalistas perifricos.

El PP y la derecha social han intentado quebrar esa ambigedad calculada desde el frente judicial y desde el frente parlamentario: con la sentencia del Tribunal Supremo declarando organizacin terrorista a las juventudes de la izquierda abertzale; con la iniciativa de ilegalizacin de EHAK, rechazada por todas las dems fuerzas polticas parlamentarias; con el esperpntico encausamiento del Lehendakari Ibarretxe y de los interlocutores socialistas vascos de Batasuna; con la martilleante exigencia de prohibicin y persecucin de las candidaturas municipales de la izquierda abertzale. Todo con el inconfundible propsito de cerrar todas las puertas y ventanas a un posible cuadro nuevo de dilogo, al que ni la misma ETA se ha cerrado tras el atentado en Barajas.

La izquierda abertzale est inmersa en un vivo debate, mitigado por la represin, tras el atentado de ETA. La propuesta de un nuevo autonomismo vasco-navarro, en el marco del estado espaol y tras decisin democrtica de los electores en ambos territorios, supone un esfuerzo de adaptacin tctica significativo que permite a la actual direccin de Batasuna seguir siendo el interlocutor poltico de la izquierda abertzale. As lo ha reconocido el propio Zapatero, insistiendo en la necesidad de que, para ser creble tal evolucin, debe ir enfticamente acompaada del fin definitivo de la violencia. Pero cualquier escenario plausible de futuro pasa por la participacin de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de mayo.

Mientras tanto, la situacin de De Juana Chaos y su huelga de hambre de 115 das han puesto de manifiesto que la situacin poltica en Euskal Herria se asienta sobre una gran inestabilidad y peligro. La sentencia del Tribunal Supremo reduciendo la pena que le haba sido impuesta en un pleno de la Audiencia Nacional de 12 aos y medio a 3 aos por escribir dos artculos supuestamente amenazantes una vez cumplida ya su condena por los atentados con vctimas mortales debera permitir mantener abierto el horizonte del proceso de paz. La decisin de aplicarle ahora a de De Juana Chaos prisin atenuada, evitando que su huelga de hambre pueda acabar en muerte no es slo una medida humanitaria, sino una iniciativa de sentido comn poltico reveladora de que la ambigedad calculada de Zapatero es algo mas que una tctica meditica.

La movilizacin de la izquierda social por el proceso de paz sigue viva, no slo en Euskal Herria con iniciativas como las de Milaka Bilaka o las de las mujeres de Ahotsak, sino tambin en Catalua con la plataforma S al procs de pau. Las manifestaciones unitarias convocadas por la izquierda para el prximo 17 de marzo contra la guerra de Irak podran convertirse en algo mas que un imprescindible recordatorio, para pasar a exigencias de paz no slo valederas para el Oriente Prximo y Afganistn, sino tambin para el Reino de Espaal.

Un pas civilizado, coo!

El largo espectro de Aznar que determina la polarizacin y radicalizacin de la derecha frente a la supuesta bsqueda del sentido comn y a las pretendidas aspiraciones centristas de un Rajoy toma cuerpo cada da. El juicio del 11-M ha desmentido rotundamente al PP, aferrado a una doctrina oficial no por inverosmil, menos machaconamente repetida a sus votantes a travs de los potentes altavoces de sus oficiantes mediticos: que un grupo terrorista puso a Zapatero en la Moncloa, segn afirmara estlidamente en su da Miguel ngel Rodrguez antiguo portavoz del Gobierno de Aznar, y que de lo nico que se trataba ahora era de saber cul fue ese grupo.

Pero lo cierto es que la mayora absoluta del segundo Gobierno Aznar no slo trajo consigo la poltica exterior de la foto del tro de las Azores, sino tambin la colaboracin con los vuelos de la CIA y con el interrogatorio de prisioneros torturados en el limbo legal de Guantnamo. Y no ya valindose del secreto y el arcano, sino con la insolente impunidad de una derecha que se saba capaz de interpretar y apoyar en todos los terrenos, desde su control del poder judicial y del poder legislativo, la deriva antidemocrtica del Gobierno Aznar en el marco de la guerra contra el terrorismo de la Administracin Bush. Una derecha poltica bien escoltada por la Conferencia Episcopal, que, no satisfecha con el logro de haber renovado, merced al chantaje de su movilizacin, una financiacin pblica que roza lo anticonstitucional, llama ahora a la desobediencia civil contra la asignatura de formacin cvica, tmida alternativa laica a sus clases de catequizacin en la enseanza pblica y en la concertada.

Cuando se le record recientemente a Rajoy el caso de los interrogatorios llevados a cabo por policas espaoles en Guantnamo cuando l era ministro de Aznar, solt por toda respuesta esta sutileza, que dicho sea de paso vale por si propia para retratar de cuerpo entero al estupendo centrista sedicentemente moderado: Estoy en otras cosas, coo; ste es un pas civilizado, coo!. Desgraciadamente, se parece demasiado al Al suelo, coo! del golpista Tejero, de quien, mira por dnde, hemos descubierto estos das en qu anda ahora l, y los suyos, este coronel en libertad desde hace mucho, luego de cumplir slo diez aos de crcel con todo tipo de beneficios penitenciarios (sin necesidad siquiera de amagar con una huelga de hambre, o de cualquier otra cosa). Nos lo han revelado los alardes escenogrficos de la vieja extrema derecha en la Plaza de Coln de Madrid y los falangistas uniformados, brazo en alto ante los ayuntamientos de media Espaa en la noche de las traiciones, cargando as involuntariamente de razn al nuevo ministro de justicia: para defender la democracia, tuvimos que luchar contra los padres, y ahora tenemos que hacerlo contra los hijos. Debera ser evidente a estas alturas que esa lucha democrtica no slo ha de ser unitaria y movilizar al conjunto de la izquierda, sino que precisa tambin combinar la confrontacin institucional con la reocupacin de la calle, en la perspectiva de vertebrar un proyecto de profundizacin en el cambio social y poltico que vaya mas all del mero miedo a una vuelta de la derecha y qu derecha! al gobierno.

Todava la memoria histrica es la historia de todos los das a comienzos del nuevo siglo en el Reino de Espaa.

Gustavo Bster es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO


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