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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-11-2007

Los socavones del PSOE

G. Buster
Sinpermiso


Definitivamente, Zapatero no tiene buena suerte con sus declaraciones. Tras el precedente de que 2007 sera un ao positivo en el desarrollo del proceso de paz y el fin de la violencia declaracin inmediatamente desmentida por el atentado de ETA en la T-4 de Madrid, la prudencia pareca aconsejar no avanzar grandes perspectivas. Pero cmo no hacerlo cuando se trata de disear un programa para la segunda legislatura de su gobierno, resumido en la modernizacin definitiva de Espaa? Los siete socavones del AVE Madrid-Barcelona han venido a minar esta imagen de progreso, sustituida por el colapso de la red de cercanas catalana.

A pesar del intento de abrir un debate en positivo sobre el futuro de la segunda legislatura, objetivo de la entrevista del 2 de septiembre en El Pais/1, Zapatero se ha visto acosado en la primera mitad del otoo por los problemas no resueltos de la primera: las contradicciones de una reforma autonmica parcial; la prdida de su iniciativa poltica en Euskal Herria; el desgaste del modelo de infraestructuras y crecimiento heredado del PP y continuado por Solbes; el aumento del dficit social; y el mantenimiento de la contraofensiva de la derecha social en especial, de la judicatura y de la Iglesia catlica, a pesar de las menguantes perspectivas electorales de Rajoy.

La erosin de la base social del Gobierno Zapatero, frenada en parte por el miedo a una vuelta del PP, se traduce en abstencin, segn las encuestas, y en la crisis del sistema de alianzas a derecha e izquierda que ha puesto de manifiesto la primera votacin sobre los presupuestos del 2008, cuando son patentes las seales de un cambio del ciclo econmico. Socavones en una larga precampaa electoral que ha de durar hasta el prximo9 de marzo.

Los presupuestos del 2008

Ms que entrar en los objetivos del programa del PSOE para una segunda legislatura, conviene empezar por unos presupuestos que resumen en buena parte estas contradicciones y muestran sus limitaciones, ms all de las promesas electorales.

En la entrevista antes mencionada, Zapatero defina en tres puntos ese proyecto de modernizacin definitiva de Espaa: a) desarrollo de las condiciones materiales en infraestructuras y productividad para una nueva economa capaz de superar un modelo de consumo privado y ladrillo, heredado del PP, que manifiesta ya claros signos de agotamiento; b) esfuerzo por alcanzar la media de gasto social europea, superando el dficit acumulado desde los aos 90; c) y polticas de convivencia para la nueva realidad demogrfica que supone el crecimiento de la inmigracin.

Sin embargo, el proyecto de presupuestos del 2008 -probablemente los ltimos en esta fase expansiva del ciclo-, lejos de incorporar esos objetivos, ha revelado hasta qu punto los intereses de las grandes empresas determinan una orientacin bsicamente neoliberal de la poltica econmica, aun si con correcciones redistributivas /2 que, de todos modos, no alteran la tendencia dominante: ni frenan la cada de la participacin de los salarios en la renta nacional a pesar del crecimiento de la poblacin activa, ni ponen proa a la reduccin del dficit social con Europa /3. Y ello con tasas de beneficios empresariales y de crecimiento econmico muy altas/4.

A pesar de las declaraciones algo triunfalistas de Zapatero, el propio Solbes respondiendo a las acusaciones de despilfarro y de cambio de orientacin presupuestaria por parte de la derecha se encarg de subrayar que el gasto social se limitaba a crecer en la misma medida que los presupuestos: un 6,7%. Tras tres aos de supervit, previsto para todas las administraciones pblicas, del 1,15% del PIB en el 2008, y un gasto de proteccin social del 20%, en comparacin con el 27,3% del PIB de la UE-25, no se puede hablar de giro social.

De hecho, las dos medidas mas importantes anunciadas de ese supuesto giro social, el cheque-bebe de 2.500 euros y el plan de apoyo al alquiler de viviendas para jvenes, suponen en cada caso, aproximadamente, el 0,12% del PIB, mientras la financiacin de la ley de dependencia alcanza el 0,076% y las ayudas a las polticas de inmigracin el 0,036%. En realidad, la parte fundamental del gasto social sigue destinada a mantener el nivel adquisitivo de las pensiones, y a mejorar las muy bajas pensiones mnimas, de acuerdo con los compromisos adquiridos con los sindicatos. Se responde as a la importancia creciente de este sector del voto (17%), altamente sensible.

Con una tasa de endeudamiento familiar superior al 120%, los salarios siguen disminuyendo su peso en la renta nacional, hasta situarse en el 46%. Esta situacin adquiere todo su significado si se tiene en cuenta que, a pesar de multiplicarse por dos el nmero de asalariados desde mediados de los aos 90, su participacin en la renta nacional ha cado tres puntos del PIB. Este espectacular aumento de la plusvala en forma de beneficios es lo que resume el efecto de las polticas neoliberales.

A las primeras seales del cambio de ciclo (cada del consumo privado en 0,3%, desaceleracin de la construccin en 1,1%), antes incluso de las alarmas de la crisis hipotecaria en EE UU, la principal respuesta del gobierno ha sido asegurar ese margen de beneficios con una reduccin de la ya baja presin fiscal en comparacin con Europa. Las reformas del IRPF y del Impuesto de Sociedades suponen una reduccin de ingresos pblicos de unos 6.000 millones de euros, el 0,53% del PIB, que en un 30% benefician directamente al 5% de los contribuyentes ms ricos.

Incluso en otro de los componentes ms progresistas de estos presupuestos, el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de un 26,9% para cumplir la promesa electoral de alcanzar el 0,5% del PIB en esta legislatura, la aportacin de la Administracin central es en realidad del 0,38% del PIB. Y no hay mecanismos para garantizar que las administraciones autonmicas y municipales, adems de las ONGs, puedan cubrir el 0,17% restante. Y el 55% de la cantidad asignada en los presupuestos centrales corresponde a crditos FAD.

Como el propio Solbes ha sealado, el verdadero objetivo de los presupuestos del 2008 era resolver el sudoku de la inversin territorial tras la reforma de los estatutos de autonoma, en especial de Catalua y Andaluca, que fijan criterios antagnicos de financiacin: el primero en relacin con su aportacin al PIB; el segundo en relacin con la poblacin.

Se trataba de evitar a toda costa lo que deba desaparecer del debate preelectoral, las frustraciones de las reformas estatutarias, sobre todo en Catalua. Unas reformas que, ligadas como van a la financiacin de los servicios pblicos yael gasto social transferido con las competencias, pueden rpidamente establecer una relacin directa entre descentralizacin administrativa y cuestin nacional, como de hecho ocurre en Catalua y Euskadi.

Para resolver el sudoku, Solbes ha contado con un aumento de la inversin territorial del 14,4%. Andaluca ha recibido un aumento superior al 10%, de acuerdo con el criterio de poblacin y la solucin de la llamada deuda histrica. Pero Catalua, en plena crisis de sus infraestructuras, no ha alcanzado el 18,8% de su contribucin al PIB (ni siquiera el 16% de su peso demogrfico), situndose en el 14,9%. A esta disparidad entre comunidades gobernadas por la izquierda, hay que sumar los agravios, reales o ficticios, de las comunidades regidas por la derecha. Valencia ha recibido mas del 25% de incremento lo que no ha evitado las quejas de Camps, mientras que Madrid, por primera vez, ve reducida su cuota, lo que ha desatado un torrente de acusaciones de Esperanza Aguirre (quien, dicho se de paso, ha doblado durante su mandato la deuda de su comunidad, hasta alcanzar los 10.000 millones de euros, sumaderos a los 6.000 de Gallardn como alcalde).

La realidad de las cifras no ha evitado su utilizacin interesada. En primer lugar por parte del Gobierno, a fin, supuestamente, de situar en primer plano lo social frente a lo territorial, como si ello fuera ya posible en la actual estructura de competencias del estado de las autonomas. Luego el PP, a fin de denunciar el supuesto despilfarro del gasto social, porque segn Rajoy : Este gobierno acabar por ofrecer a todos un chalet en el Caribe(El Pas 23-09-2007). Para los nacionalistas de derechas de CiU aspirantes a socios de gobierno, primero en Madrid, y despus, en Barcelona, las promesas presupuestarias del Gobierno son solo electoralistas, lo que se dice en un intento de capitalizar de alguna manera la erosin del voto de izquierdas en Catalua como consecuencia de la crisis de las infraestructuras y de la gestin sanitaria privatizada del Govern tripartito. IU-ICV ha dado una batalla tarda, pero con xito, para reorientar parte de los cheques-sociales hacia la financiacin de un derecho pblico universal, como son las guarderas infantiles.

Al final, los nicos que no se han quejado han sido, significativamente, el PNV y la Iglesia catlica. Los primeros, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno central sobre el Concierto Vasco para los prximos tres aos, han apoyado naturalmente los presupuestos centrales, a pesar de la polmica sobre el segundo Plan Ibarretxe. La Conferencia episcopal, tras los acuerdos de financiacin con el Gobierno, recibe como un derecho 152 millones de euros, un aumento del 34% en relacin con el sistema transitorio provisional anterior.

Detrs de estos equilibrios es fcil descubrir tanto la verdadera correlacin de fuerzas como la erosin de las fuerzas acumuladas en el ciclo de movilizaciones sociales de 2002-2004, algo que no se haba hecho ms patente hasta ahora por las altas tasas de crecimiento de la economa espaola.

Catalua y Euskal Herria

La erosin del voto socialista puede ser especialmente peligrosa en Catalua/5, de cuyas tasas de participacin electoral, as como de la reeleccin de los 21 diputados del PSC, dependern en buena parte los resultados del PSOE en las elecciones de marzo del 2008.

Consciente de ello, Zapatero comenz tras el verano su pre-campaa electoral por Catalua: con la designacin de Carme Chacn como ministra de vivienda y con el anuncio de los cheques sociales en el mitin de Gav del PSC el 15 de septiembre, cuando prometi asistencia dental gratuita para los nios entre 7 y 15 aos. Montilla, tras el verano de la crisis de las infraestructuras elctricas y ferroviarias catalanas, acab su intervencin con una rogatoria: No nos falles, Jose Luis. Zapatero, por su parte, se comprometi a que la red ferroviaria funcionar perfectamente en diciembreno hay lugar para el pesimismo (El Pas, 16-09-2007).

Pero la presin en la calle y en el Parlament de Catalua empezaba ya a ser insostenible a finales de septiembre. Respondiendo a las acusaciones de CiU de no defender los intereses catalanes en Madrid, Montilla present como prueba de su falta de supeditacin el que, en realidad, el candidato de Zapatero como presidente de la Generaltitat haba sido Artur Mas y que solo la resistencia del PSC haba permitido conformar el tripartito catalanista y de izquierdas. Una experiencia que en el mes de agosto no pudo repetir el PS de Navarra con Nafarroa Bai e IU, a pesar de la mayoritaria posicin favorable de su direccin y del apoyo de la mayora del PS de Euskadi.

Las abiertas criticas abiertas a Zapatero del ex-presidente Maragall por las presiones de aqul en la negociacin del nuevo Estatut, y la posterior baja del PSC de ste, solo vinieron a echar gasolina al fuego de la crisis de todo el sistema de alianzas del PSOE, a derecha e izquierda, provocada por su viaje al centro del electorado. Una crisis que se manifiesta con especial crudeza en los partidos socialistas de Catalua, Navarra y Euskadi, esos imprescindibles catalizadores de las alianzas con las fuerzas nacionalistas en sus propios territorios, ahora sacrificados en el altar de la nueva orientacin de Ferraz.

Tras el penltimo socavn de la estacin del AVE en Sants, con una interrupcin prevista en los servicios ferroviarios de cercanas de ms de quince das, con el aplazamiento definitivo de las fechas de inauguracin del AVE y con el rechazo de los alcaldes del Baix Llobregat de su desvo provisional a la estacin de El Prat, Zapatero se ha visto obligado a acudir a Barcelona para explicar personalmente las decisiones adoptadas y asumir responsabilidades. Pero la mayora de los partidos catalanes exigan la dimisin de la ministra de fomento, la andaluza Magdalena lvarez. La visita no fue suficiente, a pesar del evidente respiro que proporcion a Montilla, y el mismo da en que se hacia pblica la sentencia del juicio del 11-M, el 31 de octubre, Zapatero compareca a peticin propia ante el Congreso de los Diputados para asumir de nuevo responsabilidades y enfrentar en el terreno ms propicio para l, en el cara a cara en Madrid, a los representantes de los partidos catalanes.

Mientras tanto, en Euskal Herria, la prdida de la iniciativa poltica del Gobierno Zapatero tras la entrega del gobierno navarro a la derecha el pasado agosto cre un vaco que fue ocupado por la propuesta institucional del Lehendakari Ibarrretxe de una doble consulta en octubre del 2008 y el 2010. Un proceso que permitiese establecer, a travs del derecho a decidir del pueblo vasco, una nueva legitimidad democrtica frente al terrorismo y un pacto soberanista entre Euskadi y el Estado espaol. Ramn Zallo, en un articulo publicado el 5 de octubre, explicaba con todo detalle los objetivos, razones y lmites de esta propuesta: Hay que tomar iniciativas acertadas simultneamente en dos campos para que ETA no le robe la agenda a la sociedad real, a los partidos e instituciones; y para que el Estado no bloquee el cambio del marco jurdico-poltico. De hacerlo convertir esta nacin sin Estado en rehn de una institucionalizacin que no respald (Constitucin) y de una va agotada (el viejo Estatuto) y que ya no sirve para sus retos actuales/6.

Tras el fin de la tregua de ETA, los efectos polticos de una ofensiva terrorista no se han producido. Por una parte, una escalada con muertos resulta inasumible para una parte importante de la izquierda abertzale, que busca reconstruir su presencia poltica desde el espacio municipal y parlamentario que sustentan ANV y EHAK. La capacidad policial francesa y espaola ha demostrado su eficacia frente a ETA, al mismo tiempo que la represin contra la direccin de Batasuna detenida casi en su totalidad en Segura el pasado 5 de octubre ha situado al resto de la izquierda abertzale ante la alternativa de priorizar una campaa de solidaridad automarginante, o intentar seguir disponiendo de una cierta capacidad de influencia poltica institucional. Y hasta el momento, parece haber optado por esto ltimo/7, coherente con la apuesta de una parte de su direccin por mantener abierto el horizonte estratgico de un proceso de paz negociado.

Con este escenario de fondo y en un Euskadi altamente inflamable (como se vio en la batalla campal ocurrida en el barrio viejo de Donosti el pasado 11 de octubre, en los actos de protesta contra la decisin del Tribunal Superior de Justicia Vasco de permitir all una manifestacin por la unidad de Espaa de Falange), la reunin entre Ibarretxe y Zapatero en Moncloa el 16 de octubre se prepar como un dilogo de sordos. Para Zapatero, la prioridad electoral segua siendo la misma que le haba llevado a sacrificar el posible gobierno de izquierda en Navarra a la derecha carlista de UPN: evitar abrir un flanco al PP con su viaje al centro del electorado, rechazando de plano cualquier iniciativa del nacionalismo vasco, aunque fuese de su derecha ms moderada. Por su parte, para un Ibarretxe cabalmente consciente de la situacin electoral del PSOE, se trataba de ocupar todo el espacio democrtico de la resistencia nacional desde las instituciones vascas, capitalizando la esperanza de una salida negociada que cuenta con el respaldo segn una encuesta del propio Gobierno vasco del 59% y slo con el rechazo del 21% de los ciudadanos de Comunidad Autnoma Vasca (quienes, en cualquier caso, son partidarios en un 89% de un dilogo entre los gobiernos central y autonmico para buscar salidas a la actual situacin).

La contraofensiva sostenida de la derecha

Que las cosas pueden empeorar, es evidente. No ya porque ETA finalmente lleve a cabo un nuevo atentado con vctimas mortales. Sino porque la capacidad de la derecha, en este caso judicial, de prender con una chispa la piscina de liquido inflamable en la que flotan la sociedad civil y las instituciones vascas es considerable. Despus de Navidades, pero antes de las elecciones de marzo, est prevista la causa oral, abierta a requerimiento del PP y del Foro de Ermua por el juez Roberto Saiz contra la opinin de la Fiscala y de la doctrina de la Audiencia Nacional, que sentar en el mismo banquillo de los acusados al Lehendakari Ibarrretxe, a los dirigentes socialistas vascos Patxi Lpez y Rodolfo Ares y a los de Batasuna Arnaldo Otegi, Juan Jos Petrikorena, Rufi Etxeberria, Olatz Daobeitia (actualmente en prisin por otras causas) y Pernando Barrena. La acusacin es la celebracin durante el proceso de paz de entrevistas en la sede del Gobierno vasco y en un hotel, a pesar de la ilegalizacin de Batasuna. La peticin de la acusacin popular ejercida por el Foro de Ermua es de dos aos y nueve meses de crcel e inhabilitacin de cargo pblico para el Lehendakari Ibarretxe, nueve meses de prisin para los dirigentes socialistas y entre cuatro y dos aos para los de Batasuna.

Zapatero se vio ya en una situacin similar, con la accin popular de la organizacin de extrema derecha Manos Limpias, por autorizar con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados los contactos con ETA. Un auto del Tribunal Supremo de noviembre de 2006 fren la apertura de la causa, sealando que la tarea de control del Ejecutivo le corresponde al Legislativo, y no al poder judicial, de acuerdo con el artculo 97 de la Constitucin. Pero la opinin contraria del juez Saiz sobre la gravedad del incumplimiento de un mandato judicial por parte del ejecutivo y los diputados vascos consecuencia de la ilegalizacin de Batasuna por la antidemocrtica Ley de Partidos, pende ahora del recurso contra la decisin de la Audiencia Nacional de no juzgar al Presidente del Banco de Santander, Emili Botn, por un delito de malversacin en una acusacin ejercida por la va de la accin popular que se ver el prximo 14 de noviembre. Parece difcil imaginar pero nada es imposible que Saiz pueda actuar contra semejante precedente, que ha unido los destinos de Botn y la poltica vasca de manera tan sorprendente e irnica.

Las batallas en el poder judicial no se limitan a Euskadi. La bloqueada renovacin del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), con una estrategia de recusaciones mutuas entre los sectores conservadores y progresistas, a fin de romper el empate que dara a la Presidenta del TC el voto de calidad decisivo en el recurso de anticonstitucionalidad promovido por el PP contra el nuevo Estatut de Catalunya, pone de manifiesto hasta qu punto la divisin de poderes depende de la voluntad poltica de las partes, como ya advirti en su da el propio Montesquieu. Por si hubiese alguna duda, Zaplana anunciaba solemnemente el 23 de octubre que el PP daba por cancelada cualquier negociacin sobre la renovacin el CGPJ hasta despus de las elecciones de marzo, cuando les llamaremos desde el Gobierno para reestablecer el Pacto de Estado sobre la Reforma de la Justicia firmado por el PP y el PSOE bajo el Gobierno Aznar, que dio paso a la actual composicin del CGPJ favorable a la derecha conservadora.

Desde su bastin de la FAES entre viaje y viaje de sus negocios de trfico de influencias y como consejero del grupo Murdoch, Aznar volvi a asomarse a la vida poltica espaola. Como si Rajoy no tuviera bastante ya con la vuelta de Rato del FMI y la polmica sobre su sucesin al frente del PP, alimentada en Madrid por Esperanza Aguirre y Gallardn. Aznar reapareci para reafirmar las razones de su alianza incondicional con la Administracin Bush en la guerra de Irak recordada por la publicacin de las notas de sus entrevistas previas a la guerra con el Presidente de EE UU por El Pas (26-09-2007), pocas semanas antes de que la sentencia sobre los atentados terroristas del 11-M demostrase sin lugar a dudas el precio pagado por ella. Pero sobre todo para repetir machaconamente hasta la exageracin el lema de Espaa se rompe: Hoy vemos cmo se ataca interesadamente a la Monarqua de todos y cmo, en otro alarde de frivolidad, se inhiben quienes tienen el deber constitucional de defenderla. Hoy vemos cmo los que quieren acabar con Espaa han decidido acabar primero con sus smbolos...". Ernesto Ekaizer lleg a ver un paso ms en la evolucin de Aznar, y del sector poltico que representa en el PP, de la derecha extrema a la extrema derecha Lepenista (El Pas, 5-10-2007).

Pero Rajoy no pudo resistirse a esta campaa de su mentor y acab convocando, desde un video que calcaba la intervencin institucional de Navidades del Monarca, a una guerra por la bandera con ocasin de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. La concentracin de la extrema derecha con una muchedumbre de enseas preconstitucionales en el desfile militar que acab con la paciencia del propio Rey Juan Carlos, acosado desde la radio de la Iglesia catlica para que abdique en su hijo, por no hacer frente con suficiente energa a la crisis nacional tuvo como justa respuesta por la tarde una masiva Marcha de la Hispanidad, en la que 300.000 personas festejaron al ritmo del colombiano Carlos Vives y de los cubansimos Van Van, con un bosque de banderas de todos los pases de Amrica Latina, una visin muy distinta del futuro del Estado espaol/8.

A pesar de la nueva formula de financiacin de la Iglesia Catlica pactada por el Gobierno Zapatero, la Conferencia Episcopal ha sido, en la medida en que las perspectivas electorales de Rajoy disminuyen, la depositaria de la identidad de la derecha espaola, anclada en el nacional-catolicismo franquista. Frente a las ambigedades del Gobierno Zapatero y las divisiones de la izquierda en relacin con la Ley de la Memoria Histrica, la jerarqua catlica ha organizado en torno a la beatificacin en Roma de 498 mrtires de la fe asesinados en el perodo republicano (1931-39) una gigantesca movilizacin de masas presidida por el propio Benedicto XVI el mismo 28 de octubre que se conmemoraba el 25 aniversario de la victoria electoral de Felipe Gonzlez y del primer gobierno de izquierda en Espaa despus de la II Repblica.

Pero solo se trata de un primer paso, porque otros 863 mrtires esperan la beatificacin tras la resolucin de 46 causas. La Iglesia Catlica construye en Valencia sede del Gobierno de la II Repblica durante un perodo de la guerra civil una Baslica-memorial para estos miles de mrtires, que vendra eventualmente a sustituir al mismsimo mausoleo del Valle de los Cados, en un ejercicio de separacin de la imperecedera alma nacional-catlica de la derecha del corruptible cuerpo del franquismo. La presencia del Ministro Moratinos en Roma para la ceremonia de beatificacin, como representante del Gobierno Zapatero, ilustraba mejor que cualquier otra explicacin las limitaciones del proyecto de Ley de la Memoria Histrica, incluso en el terreno simblico.

Como en el caso de Navarra, marcar los lmites no transgredibles por la izquierda en el marco del actual sistema constitucional es el objetivo de esta contraofensiva permanente de la derecha, ms all de la perspectiva electoral del PP propiamente dicha.

Horizontes pos-electorales

A estas alturas la legislatura, a slo dos meses de su fin, todo apunta a que la erosin del voto socialista sigue siendo compensada ampliamente por el perceptible rechazo de la poblacin espaola a un posible regreso del PP al gobierno. A comienzos de octubre, las encuestas mostraban una cada de un punto en la intencin de voto del PSOE (42,5%), perdiendo, adems, Zapatero dos dcimas en su valoracin (4,9), su tercer suspenso tras el atentado de ETA en la T-4 del aeropuerto de Madrid. Pero el PP se mantena a 5 puntos de distancia (37,8%), y Rajoy segua en el 4,1, sin haber aprobado nunca.

De hecho, en los clculos ms optimistas de ambos partidos sobre los resultados electorales del prximo 9 de marzo, el PSOE ganara 8 escaos ms, situndose en 172, y el PP, 12, con lo que sumara 160 diputados/9. Siendo la mayora absoluta de 176, la cuestin esencial es con quin pueden construir ambos partidos una mayora parlamentaria de apoyo al gobierno, porque ninguno la obtendr por si mismo.

En esta tesitura, la ventaja del PSOE es ms evidente porque, dependiendo de los resultados de las fuerzas polticas nacionalistas y de IU, puede mantener las actuales alianzas asimtricas a derecha e izquierda. Pero el PP, con la excepcin de Coalicin Canaria, no puede establecer alianzas sin una modificacin sustancial de su estrategia de frontal recusacin del nuevo Estatut en Catalua y de tenso enfrentamiento con el conjunto del nacionalismo vasco.

La falta de un horizonte de alternativa de gobierno creble, junto con la evidente erosin de Rajoy como candidato de la derecha de la que la cateta chanza chocarrera a costa de su primo y del cambio climtico no es sino la ltima muestra, est llevando al PP a apostar por una frmula no solo compatible con el tremendismo del Espaa se rompe, sino afanosa de recuperar puentes con los sectores ms derechistas del PSOE con vistas a un gobierno de coalicin PSOE-PP. Se tratara de dar cuerpo a la pretensin de toda la legislatura ms all de una teora de la conspiracin concebida para ilegitimar al Gobierno Zapatero y ahora demolida por la sentencia del juicio del 11-M de que los temas de estado, en conformidad con un supuesto espritu de la Transicin, deben ser pactados por los dos grandes partidos espaoles, otorgando eso a la derecha un derecho de veto frente a cualquier propuesta de cambio poltico y social.

La frmula es un espejismo que trata de reproducir desde el otro lado del espejo la estrategia del PSOE de un viaje hacia el centro del electorado. Pero tiene el doble efecto de justificar la poltica ms agresiva de la derecha, aun careciendo de solucin de gobierno propia para materializarla, y de crear una presin sobre el PSOE desde la derecha social y desde las propias filas socialistas, a fin de llevar ese viaje al centro lo ms lejos posible en la naturaleza misma de sus propuestas y polticas. Su objetivo es alterar por otras vas la correlacin de fuerzas que sigue marcando en la izquierda el zapaterismo y que lo distancia del felipismo, tan aorado estos das con motivo de su 25 aniversario, mientras la derecha encuentra un candidato alternativo a Rajoy para las prximas elecciones dentro de cuatro aos. Dadas las cuestiones pendientes que deber afrontar el Gobierno Zapatero en los prximos meses y en la siguiente legislatura, esta estrategia de la derecha podra tener ms xito de lo pensado, si no se produce una movilizacin electoral de las izquierdas a la izquierda del PSOE y si la izquierda social no vuelve a entrar en un nuevo ciclo de movilizaciones capaces de acumular fuerzas enfrentndose a la crisis del modelo econmico heredado del PP y a las contradicciones de las reformas estatutarias.

NOTAS:

1/ Esta nota de coyuntura es continuacin de la publicada en Sin Permiso el 2-9-2007 con el ttulo El viaje del PSOE al centro del electorado. El Pas, 2-9-2007 "Si no hubiese intentado el proceso de paz, sera un presidente sin alma, sin entraas", entrevista de Javier Moreno a Jos Luis Rodrguez Zapatero. 2/ Esta concepcin neoliberal ha encontrado en la menor proporcin del gasto pblico espaol en relacin con el PIB, en comparacin con Europa, uno de sus dogmas. El Presidente del Banco de Espaa, Miguel ngel Fernndez Ordez se ha convertido, aun ms que Solbes, en su principal defensor en las filas del PSOE frente a los sectores socio-liberales defensores de una poltica prudente de desarrollo del estado de bienestar: Como se sabe, el gasto pblico de los entes territoriales es ms de dos veces y media el de la Administracin Central. Con esta distribucin, es obvio que lo que hagan Comunidades Autnomas y Entes locales es, a efectos del mantenimiento de la proporcin del gasto pblico sobre el producto interior bruto, muchsimo ms importante que lo que haga el Gobierno del Estado. Las leyes de Estabilidad Presupuestaria han tenido en cuenta este cambio esencial en la estructura del Estado a la hora de establecer las reglas de disciplina presupuestaria. Y hasta ahora el objetivo de estabilidad se ha satisfecho razonablemente, pero este es un campo en el que no se puede bajar la guardia. Como he dicho antes, una de las ventajas que avalan el crecimiento diferencial en Espaa cuando se compara con otros pases europeos, es el hecho de que la proporcin del gasto pblico sobre el PIB no llega en Espaa al 40%, mientras que en otros pases se acerca o supera el 50%. Es muy importante tener clara la exigencia de mantener esta ventaja comparativa. Y ello implica que cuando las demandas pblicas de educacin y de sanidad presionen sobre los distintos gobiernos territoriales, especialmente en momentos en que el crecimiento de los ingresos no sea tan elevado como lo es ahora, ser necesario que los aumentos de los gastos en educacin, que tan importantes son para el crecimiento, se vean compensados con descensos en los gastos destinados a otras reas menos prioritarias. El mayor peligro: la complacencia, conferencia pronunciada ante el Crculo de Economa de Barcelona el 31-01-2007. http://www.bde.es/prensa/intervenpub/gobernador/mfo310107.pdf

3/ Para un anlisis ms detallado, ver el informe del Gabinete Tcnico del grupo parlamentario de IU-ICV, Los Presupuestos Generales del Estado-2008 en la legislatura del superavit fiscal, Rebelin (10-10-2007), http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57416, del que se extraen los principales datos. Es significativo que este informe exprese claramente las contradicciones que introdujo en la posicin de IU-ICV el voto favorable a las leyes de estabilidad presupuestaria de Solbes, por cuestiones meramente tcticas equivocadas, aceptando de hecho una lgica presupuestaria que el propio informe y la presentacin de una enmienda a la totalidad posterior rechazaron.

4/ Si no cabe duda en cuanto al crecimiento por encima de un punto del PIB de la media europea, conviene hacer algunas matizaciones en cuanto a la tasa de ganancias de las empresas espaolas. Claramente superior a la media europea y sobre todo a la alemana hasta el 2002, es la que sufre actualmente una cada sostenida ms importante, quizs la seal ms importante del agotamiento del modelo, junto con el endeudamiento familiar y la reduccin de las tasas de crecimiento en la construccin. A pesar de su importancia no se suele subrayar este dato estructural clave por la espectacular realizacin de beneficios netos en los sectores financieros y de la construccin de estos aos. Goldman Sachs, European Weekly Analyst, 28-06-2007.

5/ La Vanguardia publicaba el 29 de octubre del 2007 una encuesta realizada entre el 22 y el 25 de octubre, cuyo principal resultado era que desde julio del 2006 quienes consideran buena o muy buena la poltica del Gobierno central hacia Catalua ha cado del 60% al 37%, mientras que los rechazos han pasado del 19% al 33%. La valoracin positiva en general del Gobierno tambin ha descendido del 74% al 53%, reducindose en la prctica a los votantes del PSC. Sin embargo, en las preferencias entre Zapatero y Rajoy, el primero, a pesar de caer ocho puntos, sigue manteniendo una ventaja aplastante de 72% frente al 13%. Y este posicionamiento ante las alternativas de gobierno central contiene la erosin de momento cara a las elecciones generales: de acuerdo con la encuesta, el PSC pasara de 21 a 23 escaos, ERC perdera 2 escaos, pasando a 6 y el resto de las fuerzas catalanas se mantendran igual.

6/ Ramn Zallo, El GPS de Ibarretxe, Rebelin, 5-10-2007 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57213

7/ As, una semana despus de la detencin de la direccin de Batasuna en Segura y un da despus del robo por ETA en Lorentte, Francia, de 2.000 litros de nitrometano diluido, ANV anunciaba pblicamente su intencin de concurrir a las elecciones generales del 9 de marzo (El Pas, 13-10-2007).

8/ Quiz convenga subrayar el hecho de que tras las grandes manifestaciones en Madrid contra los atentados del 11-M, los atentados de ETA y el aniversario de la Guerra de Irak, las grandes concentraciones de la izquierda social en la calle en Madrid han tenido un carcter claramente festivo, como el Da del Orgullo Gay y la Marcha de la Hispanidad, cuestionando de raz la pretendida naturaleza trgica de la polarizacin que alimenta la derecha social. El carcter inclusivo de estas celebraciones, capaces de atraer en un nuevo ritual ciudadano a todos los sectores populares, debera abrir una reflexin sobre el agotamiento de algunas formas de expresin institucionalizada de la izquierda, en especial los desfiles sindicales del 1 de Mayo. 9/ El Pas, Los estrategas del PSOE y PP concentran sus esfuerzos en 23 provincias clave, 14-10-2007.

Gustavo Bster, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es el heternimo de un analista poltico madrileo.

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www.sinpermiso.info, 4 noviembre 2007


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