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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-09-2008

Zapatero II: 100 das y un verano de contradicciones

G. Buster
Sinpermiso


Transcurridos 100 das y un verano, el balance del comienzo de la segunda legislatura del Gobierno Zapatero no puede ser optimista. Ha perdido la iniciativa poltica a pesar de su hiperactividad y de la falta de oposicin real, prisionero de sus propias contradicciones y de una agenda pendiente desde la primera legislatura que no sabe cmo abordar (1). A pesar de su amplia victoria electoral el pasado 9 de marzo, se ha encontrado sin aliados parlamentarios, a excepcin del BNG. Los resultados de la encuesta del CIS de julio no pueden ser ms demoledores: se han evaporado los seis puntos de ventaja que tena, situndose en un empate tcnico con el PP (39,9% frente al 39,3%) y el 58,6% de los encuestados consideran que su gestin de la crisis econmica es mala o muy mala, posicin que comparte un 30% del propio electorado del PSOE.

No es este, desde luego, el balance que ha hecho el propio Zapatero. Ante la Ejecutiva del PSOE ha respondido a las acusaciones de inactividad legislativa, derechizacin y ocultamiento de la crisis econmica (El Pas, 29-06-08), asegurando que la segunda etapa del cambio ha empezado con buen ritmo. Ha sealado tres prioridades alcanzar un pacto sobre la administracin de justicia con el PP, gestionar la crisis econmica desde el dilogo social y negociar un nuevo modelo de financiacin territorial-, al mismo tiempo que ha reafirmado su compromiso con el contenido social de su programa electoral, porque los planes de choque del PP chocan siempre contra los trabajadores (El Pas, 22-07-08).

Adems de estas tres prioridades, otras dos se imponen: cmo articular polticamente un nuevo pacto antiterrorista que no rentabilice el PP, para dar cobertura a la represin de una ETA reactivada y una izquierda abertzale ilegalizada; y cmo responder simultneamente al desafo del Gobierno vasco su principal aliado en la lucha antiterrorista-, con un Plan Ibarretxe que ha situado en el plano poltico el derecho a decidir, apoyado por la mayora del parlamento vasco.

El corto perodo de vacaciones estivales marcado por los Juegos Olmpicos y la crisis econmica ha terminado en la prctica con el terrible accidente del vuelo JK 5022, que puede convertirse a la vez en una metfora y en un mal augurio. Porque no es posible aislar las causas del accidente, que aun se investigan, del plan de ajuste y reestructuracin que los propietarios de Spanair han aplicado a la compaa para preparar su venta en un mercado internacional saturado de oferta y doblemente erosionado en sus beneficios por los precios de los carburantes.

Para recuperar la iniciativa, el Gobierno Zapatero necesita no slo dar respuesta a cada uno de estos cinco temas, lo que requiere un sistema de alianzas asimtrico, sino evitar que las contradicciones inherentes le aslen, que su accin de gobierno quede bloqueada y diezmadas y aventadas sus bases electorales por los efectos de la crisis econmica y de las cesiones ante la presin de la derecha. Hasta el momento, y como muestran las encuestas, no ha sido capaz de subvenir a ninguna de esas necesidades. Por otra parte, la derecha social y el PP, una vez reinstaurado el liderazgo de Rajoy en su congreso, cuentan no slo con una capacidad de movilizacin incontestable demostrada ampliamente en la primera legislatura y en estos 100 das, sino tambin con paciencia, trabajo y esperar los efectos de la crisis econmica.

La naturaleza de la crisis econmica

El absurdo empeo meditico del Gobierno Zapatero de no llamar a la crisis por su nombre no ha evitado una continua correccin de sus previsiones de crecimiento del PIB: 3,3% en noviembre del 2007 para el Presupuesto del 2008; 3,1% en diciembre, tras su aprobacin; 2,3% en abril, tras las elecciones; 1,6% este mes de julio. Ya se anuncia un 0,1% para el 2009.

Todas las cifras apuntan a un rpido deterioro. El paro ha subido casi tres puntos hasta el 11%, igualando la peor tasa bajo el PP, y se espera que alcance el 12,5% en 2009. La produccin industrial ha cado un 9,5%, hasta niveles de 1993. La venta de automviles se ha hundido un 30% anual; la construccin, un 16%. El dficit comercial ha aumentado este ao un 21,1%, hasta situarse en el 6,1% del PIB. El endeudamiento familiar ha pasado en diez aos del 47% al 135%. Las familias tienen que dedicar el 46,2% de su renta disponible a pagar las hipotecas, un aumento, en solo tres aos, del 10,2%. Mientras, la inflacin sigue creciendo un punto por encima de la media europea, hasta el 4,5%, dos puntos y medio por encima del objetivo medio del Banco Central Europeo.

No es de extraar que tanto The Economist como The New York Times consideren que el modelo de desarrollo neoliberal heredado del PP, ladrillo y endeudamiento familiar como motores, se haya agotado. Pero tambin que sea imposible sustituirlo en dieciocho meses por otro ms sensato, capaz de dar prioridad a la exportacin industrial y a la innovacin (NYT, 14-08-08).

En qu se funda la insistencia del Gobierno Zapatero en que nos encontramos en una fuerte desaceleracin econmica, pero no en una crisis o en una recesin? Evidentemente, en el argumento tcnico de que an no ha habido un crecimiento negativo de la economa espaola durante dos trimestres seguidos. Pero tambin en la lectura que hace de los datos de la crisis como todas, no lineal, y en especial, de los beneficios de las empresas. Segn el informe de julio del Banco de Espaa, los beneficios del sector no financiero aumentaron en el primer trimestre de 2008 un 9,2%. Esta cifra slo adquiere todo su significado cuando se tiene en cuenta que las empresas espaolas, gracias a la globalizacin, obtuvieron los mayores beneficios de su historia en 2007, hasta el punto de que las cinco mayores empresas del IBEX 35 ganaron unos 30.000 millones de euros, equivalente al 2,82% del PIB, ms que el supervit presupuestario en su momento culminante (2,23%) (2). Junto a la inversin en bienes de equipo, y a pesar de su relativa cada, los beneficios siguen sosteniendo esa tasa de crecimiento del 1,6%, ligeramente superior a la media de la zona euro. Cifras que explican, a despecho de la cada del consumo, el aumento del dficit comercial. Es esta lectura la que justifica la orientacin ideolgica socio-liberal con la que el gobierno ha articulado su programa de medidas anticclicas como el nico posible. No otra es la opinin del Presidente del Grupo Santander, Emilio Botn, para quien el momento de desaceleracin econmica durar hasta finales del 2009, pero no mucho ms () El pas est mucho mejor preparado que hace aos cuando hubo otras crisis (El Pas, 6-05-08).

A pesar de las declaraciones sobre la solidez del sistema bancario espaol, uno de los problemas ms urgentes de la economa espaola, como ha subrayado en varias ocasiones Pedro Solbes, es el de la financiacin de las empresas y, sobre todo, del sector bancario. Los bancos y cajas de ahorro necesitan para cubrir los crditos concedidos al sector de la construccin, el inmobiliario y las hipotecas unos 63.000 millones de euros (5,8% del PIB). Una cifra que en 2009 podra llegar a los 90.000 millones. El mercado de cdulas hipotecarias ha permitido en el primer trimestre de 2008 obtener una financiacin de 26.000 millones. Pero el grueso de la financiacin ha discurrido a travs del Banco Central Europeo, hasta alcanzar en julio la cifra extraordinaria de 49.300 millones, un aumento del 169%.

El margen de estos mecanismos de financiacin viene dado por la morosidad, que se ha doblado en slo dos aos, pasando del 0,7% al 1,7%. Aunque est todava lejos de la zona euro (2,5%), en 1994 la tasa de morosidad lleg en Espaa al 9%. Los analistas de la Deutsche Bank consideran posible que se alcance de nuevo esa cifra en 2011, lo que, con una tasa de crditos no recuperables del 30%, supondra unas prdidas de 51.000 millones de euros. En la actualidad, las previsiones del sistema bancario espaol son de 38.000 millones.

La negativa del Instituto de Crdito Oficial (ICO) a reflotar la inmobiliaria Martinsa-Fadesa ha puesto en primer plano el problema de la capacidad de intervencin directa del estado a la hora de salvar a las empresas de construccin ms expuestas. La presin seguir aumentando para que haya un cambio de reglamento del ICO, a fin de permitir a ste la compra de deuda del sistema bancario (3). En trminos generales, en el primer trimestre de 2008 el nmero de empresas creadas 33.767 ha cado un 26%, mientras que el de empresas cerradas 8.530 ha aumentado un 42,4%.

54 medidas para salir de la crisis

Un cuadro tal despeja toda duda sobre el carcter estructural de la crisis, sobre el agotamiento de un modelo econmico explotado hasta sus lmites en estos trece ltimos aos. A Zapatero le puede costar reconocerlo en los debates parlamentarios, pero el Presidente del Banco de Espaa es taxativo en cuanto al tratamiento: uso de medidas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia y la flexibilidad de la economa, as como moderar costes y rentas excedentes (El Pas, 6-05-08).

No existe un consenso claro en el Gobierno Zapatero. De todos es conocido que Solbes se resisti como gato panza arriba a la utilizacin del supervit fiscal para medidas electorales como la famosa devolucin de los 400 euros del IRPF diseadas por el ministro de industria, Miguel Sebastin. Y que Miguel ngel Fernndez Ordez, que consider dicha medida intil, se ha convertido en el sacerdote supremo de la contencin del gasto pblico en el 40% del PIB (por debajo de la media europea del 48%). Mientras, Solbes sigue ejerciendo de cancerbero de un equilibrio presupuestario ms rgido que el exigido por la UE, a pesar de que el dficit pblico ya es del 0,19% del PIB y a finales de agosto se haba evaporado el supervit de 7.500 millones de euros de hace un ao. Es difcil, sobre la base de estas ortodoxias, reclamar despus al BCE una poltica de tipos de inters ms expansiva.

Las 54 medidas (vase el recuadro) han sido el resultado acumulativo de tres paquetes, anunciados por el Gobierno Zapatero en abril, junio y agosto de este ao. Tericamente deberan servir para inyectar liquidez al sistema por valor de unos 18.000 millones de euros. Algunas de las medidas son claramente modernizadoras y simplifican el sistema administrativo y de financiacin. Otras, como la eliminacin del impuesto de patrimonio o la devolucin de los 400 euros del IRPF, reducen la capacidad recaudatoria cuando ms falta hace y favorecen a las clases medias y medias altas. Se contiene el gasto pblico mediante la reduccin de la oferta de empleo pblico (un 30% menos) y, finalmente, se da una vuelta de tuerca neoliberal con el proyecto de privatizacin parcial de los aeropuertos y la transposicin de la directiva comunitaria para la liberalizacin del sector servicios.

Hasta dnde son crebles las promesas de Zapatero de no dejar en suspenso ninguno de los compromisos sociales contrados en el programa () aplicando una poltica socialdemcrata a las dificultades? (El Pas, 2-07-08). Temas esenciales, como el salario mnimo interprofesional, las pensiones o la financiacin de la Ley de Dependencia, sern la prueba del algodn en los presupuestos del 2009, a votar en diciembre.

No es posible olvidar, cuando la lgica de las 54 medidas no est destinada tanto a aumentar el consumo como a sostener la liquidez y los mrgenes de beneficio de las empresas, que el gasto social ha cado en Espaa entre 1994 y el 2005, del 28,7% al 25,2% (cuando la media de la zona euro est ya en el 33,1%), que el salario real medio ha disminuido en un 2,4%, que la deuda familiar se ha triplicado y que el 8% de la poblacin vive por debajo del umbral estadstico de pobreza. Cuando lo que est en cuestin es todo un modelo de desarrollo para la prxima dcada, un programa de izquierda tiene que venir dictado por la necesidad de aumentar la productividad con un incremento de las rentas y del gasto social, ampliando el mercado interno mediante una mayor capacidad de consumo.

Sin embargo, no hay ningn programa que se sostenga sin la presin social. Y esta depende en buena parte de la actitud de los sindicatos, tanto en el llamado dilogo social como a nivel de empresa. Con excepcin de la movilizacin en defensa del sector pblico educacin y sanidad, sobre todo contra la poltica privatizadora del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, la actividad sindical es dbil y, en un ao de congresos de UGT y CC OO, anda represada. De hecho, la principal conflictividad social ha sido la organizada por la derecha social a comienzos del mes de junio en el sector del transporte por carretera y la flota de pesca de bajura, reivindicando subvenciones estatales para el precio del gasleo que utilizan (El Pas, 9 y 12-06-08).

La presin desde la izquierda al Gobierno Zapatero tampoco es significativa en el plano institucional. El PSOE ha sido capaz de superar el voto en contra de la derecha en el Senado al techo presupuestario del 2009. Pero en el debate en el Congreso antes del verano sobre la situacin econmica fue evidente que la presin esencial venia de la derecha nacionalista catalana y vasca, del PP y, sobre todo de las grandes empresas del IBEX 35. Para aprobar los presupuestos de 2009, el Gobierno Zapatero necesita 7 votos, adems de los propios. Parece contar ya con los 2 de su aliado en la Xunta gallega, el BNG. Y el resto slo puede obtenerlos, a base de concesiones en la financiacin del Estatut y en la negociacin del Concierto vasco, de CiU y del PNV. Como ha sealado Gaspar Llamazares, diputado de IU, la ceguera del Gobierno no es inocente.

El modelo de financiacin autonmico

Tan urgente, si no ms, para el Gobierno Zapatero es construir un consenso en torno al nuevo modelo de financiacin de las comunidades autnomas exigido por la reforma de sus estatutos, en especial del Estatut de Catalua. Un modelo que d respuesta al proceso de transferencia de competencias, muy especialmente del gasto social, de modernizacin de las estructuras administrativas e, inevitablemente, de las diferentes aspiraciones nacionales de autogobierno. Esta combinacin de problemticas que se retroalimentan y que exigen una nueva definicin federal del estado de las autonomas afecta, en definitiva, a la naturaleza misma del estado.

El Estatut de Catalunya exiga llegar a un acuerdo entre el Gobierno Zapatero y la Generalitat antes del 9 de agosto. Pero amplios sectores del PSOE, empezando por Felipe Gonzlez, han pedido abiertamente que no se negocie un nuevo modelo hasta que no se supere la crisis econmica. Sin embargo, como han reconocido todos los especialistas, el actual modelo del que est excluido el Concierto econmico vasco es simplemente inmantenible: no recoge la evolucin demogrfica desde 1999; distribuye territorialmente de manera muy desigual los recursos por habitante, penalizando a las Comunidades que hacen una mayor contribucin fiscal por habitante; y est creando un dficit fiscal que frena el desarrollo de inversiones bsicas para sectores econmicos claves (El Pas, 11-05-08). Catalua, con una contribucin fiscal superior en un 35% a la media, recibe por habitante un 18% menos (1.900 ), mientras que Extremadura, con una aportacin inferior en un 33%, obtiene por habitante un 24% ms (2.500 ).

Frente a esta realidad, hay un sector de la izquierda espaola que considera esencial la defensa de la caja nica y que las polticas redistributivas deben corresponder solo al estado [central]. Pero esta solucin, que se considera simple, no responde ya a la estructura del sistema de competencias transferidas, ni, por arriba, a la Unin Europea, ni, hacia abajo, a las Comunidades autonmicas y los municipios. El ejemplo del Concierto vasco demuestra, con todas sus peculiaridades, que son posibles mecanismos de redistribucin y gasto social ms eficaces que la pretendida caja nica, la cual, por otra parte, quedar en papel mojado con la transposicin anunciada de la Directiva de Servicios.

El problema de fondo al que debe responder la izquierda en el Reino de Espaay paralelamente en toda la UE (4) es cmo definir un nuevo modelo de estado en trminos federales, capaz de crear un consenso sobre la capacidad de autogobierno que ample el horizonte de decisiones lo que implica, en realidad, una reforma constitucional; que sirva de vehculo para una redistribucin territorial y social que permita alcanzar las medias de la zona euro, lo que presupone presin social para un cambio a la izquierda en la relacin de fuerzas y un nuevo pacto de solidaridad territorial; y que, al propio tiempo, responda al reto de la modernizacin de las estructuras administrativas que plantean las nuevas tecnologas de la informacin.

Por ahora, el compromiso de cumplir el Estatut de Catalunya ha encallado en una guerra de posiciones. El Tripartit de Progrs de la Generalitat ha defendido el principio demogrfico como eje del nuevo sistema, la nivelacin territorial parcial limitando la solidaridad a asegurar la financiacin de servicios bsicos como salud, educacin y servicios sociales, una transferencia de recursos, de acuerdo con las competencias, superior al 50% entre administracin central y administraciones autonmicas, y una negociacin bilateral ,primero entre Gobierno y Generalitat, abierta, despus, a una negociacin general del sistema de financiacin con todas las autonomas. El President de la Generalitat, Montilla, ha advertido del peligro de una desafeccin catalana respecto del actual modelo de estado, si no se pone rpidamente por obra el nuevo Estatut (El Pas, 10-05-08).

La posicin de la Generalitat se ha visto doblemente reforzada por el apoyo del principal partido de la oposicin en el Parlament de Catalua, CiU, y por la formacin de un bloque inicial con la Generalitat de Valencia, gobernada por el PP, y el Consell de las Islas Baleares, en manos de una coalicin de izquierdas. Frente a ellos, se sitan las autonomas, gobernadas por el PSOE o el PP, que exigen que el criterio demogrfico sea matizado con criterios cualitativos (nmero de personas dependientes, estado de la salud, dispersin y envejecimiento de la poblacin), y que en la nivelacin se incluyan sectores como la justicia, las infraestructuras, el empleo o la vivienda. Porque como ha sealado el Presidente de Aragn, Iglesias, el tratamiento igual de situaciones desiguales, solo perpeta la desigualdad.

A pesar de las presiones y de las tentativas de negociacin, que han creado una fuertsima tensin interna en el PSC hasta el punto de especular con la ruptura de la solidaridad de voto con el PSOE en los presupuestos, si no haba antes una solucin satisfactoria para la financiacin del Estatut, las ofertas de la administracin central son muy parciales. Las balanzas fiscales interterritoriales, exigidas por los partidos catalanes a lo largo de toda la legislatura anterior y prometidas una vez ms para el 15 de julio (El Pas, 11-06-08), slo han sido publicadas antes de las vacaciones. Y slo se ha anunciado un posible nuevo fondo de convergencia interterritorial que sustituya al actual Fondo de Compensacin (FCI), que slo supone el 1% del total de la financiacin comunitaria (El Pas, 15-05-08).

Como todo debate sobre prioridades de utilizacin de recursos escasos, tambin ste, al final, ha terminado por convertirse en una ria de legitimidades, que podra, o acabar con el Tripartit en Catalua ERC amenaza abiertamente con ello, o desvertebrar el sistema de alianzas territoriales del PSOE como partido estatal, erosionando su base social. Y todo ello sin descartar los efectos internos del asunto en un PP que asiste tambin al enfrentamiento enre s de los gobiernos autonmicos por l controlados, aun a pesar de la disciplina que impone la imperiosa necesidad de recuperar el gobierno central en 2012. Esta contradiccin la ha expresado mejor que nadie Solbes, al argumentar, para no cumplir la fecha fijada por el Estatut, que la Constitucin obliga a garantizar la financiacin para todas las Comunidades en todas las competencias compartidas y es una norma de rango superior al Estatut (El Pas,10-08-08).

A medida que ha ido quedando atrs la fecha del 9 de agosto, las acusaciones han ido subiendo de tono (5), hasta acabar en la solicitud de una comparecencia extraordinaria en agosto de Zapatero en el Congreso. La propuesta inicial del PP que mantiene su recurso contra el Estatut en el Tribunal Constitucional no tena ni la credibilidad ni los apoyos necesarios para ser aceptada. Pero cuando ICV (ecosocialistas), socio de IU en Catalua, present la misma iniciativa, la situacin cambio radicalmente. Zapatero solo pudo evitar el debate directo antes de la negociacin ofreciendo a la direccin de ICV el compromiso de alcanzar un acuerdo satisfactorio en tres meses, antes de los presupuestos, y la comparencia de Solbes. La finta de Zapatero a la imprudente mezcla de bisoez y zascandileo oportunista de los dirigentes ecosocialistas catalanes ha roto temporalmente el frente de todos los partidos catalanes, ha desplazado hacia fuera la lnea de friccin del debate, que atravesaba por la mitad al PSC, y, no menos importante, ha logrado ganar tiempo. No mucho, porque tres meses le obligan ahora a una negociacin en la que se juega no solo el consenso del modelo, sino la crisis terminal del Tripartit, el reforzamiento de los partidos nacionalistas catalanes CiU y ERC y un aumento de las exigencias de CiU en el debate presupuestario para aprobarlo con sus votos, lo que sin duda no mejorar ni la salud poltica del Tripartit ni la del PSC, para no hablar de la de ICV.

La comparecencia de Solbes en la Comisin de Economa del Congreso el pasado 28 de agosto slo ha servido para reiterar posiciones conocidas, con mayor contundencia, si cabe. Frente a la exigencia de negociacin bilateral, Solbes ha reafirmado que no podemos poner en marcha el modelo cataln, si no hay una nueva LOFCA (Ley orgnica de financiacin de las comunidades autnomas). A m me planteara dudas constitucionales. Y si no es posible el consenso, el Estado puede hacer prevalecer sus criterios (El Pas, 29-08-08). Veinticuatro horas despus, el propio Montilla sealaba que el tono de Solbes no ayudaba a la negociacin, advirtiendo de que ni el PSC ni la Generalitat aceptaran un mal acuerdo.

La cuestin vasca

La respuesta poltica del Gobierno Zapatero al fin de la tregua de ETA ha buscado responder a tres desafos. En primer lugar, al de la propia ETA y su campaa de atentados, reforzando la accin policial en colaboracin con Francia y la polica autonmica vasca, deteniendo a sus comandos y cuadros, aislando social y polticamente al conjunto de la izquierda abertzale, ilegalizada. En segundo lugar, al de la rentabilizacin por parte del PP, antes y despus de las elecciones de marzo, del fracaso de la poltica de dilogo del Gobierno Zapatero, reformulando el viejo Pacto antiterrorista PP-PSOE en un marco de colaboracin con todos los partidos del arco parlamentario, en lo que cuenta con un amplio apoyo, de acuerdo con las encuestas (75,2%, segn el CIS de abril). En tercer lugar, lo que es ms complicado, al desafo de ofrecer un nuevo contexto poltico en Euskadi hegemonizado por el PSE, y no por el PNV, lo que slo puede pasar por un gobierno vasco PSE-PNV slo constituible, si se consigue hacer naufragar el Plan Ibarretxe y su proyecto de articular en la sociedad vasca un espacio poltico totalmente separado de ETA que defienda el derecho a decidir (la autodeterminacin vasca).

En el primer caso, los logros del Gobierno tras las elecciones, en especial del ministro del interior, Rubalcaba (6), parecen significativos. ETA ha conseguido atentar contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Legutiano, causando un muerto y cuatro heridos, contra el Club Martimo de Getxo, contra edificios pblicos el 1 de Mayo, contra Construcciones Amenbar que participa en la construccin del AVE vasco y, en la Costa del Sol, contra la campaa turstica. Pero ha perdido a la direccin responsable de la ruptura de la tregua, con la captura de Francisco Lopez Pea, Thierry, y de otros tres liberados en Burdeos (EP 21-05-08), as como al nuevo comando Vizcaya (El Pas, 22-07-08). La presin judicial sobre los cargos electos de ANV y la izquierda abertzale en general se ha acentuado, pero ha fracasado en buena medida la iniciativa de mociones municipales del PSOE y del PNV contra los cargos electos de ANV que no condenaban explcitamente los atentados de ETA. Varios miles de simpatizantes de la izquierda abertzale han podido manifestarse en Bilbao al comienzo de la Semana Grande, tras identificarse sus convocantes ante el juez Grande-Marlaska (El Pas, 23-08-08). Pero sus consignas y denuncias estaban ms encaminadas contra el Plan Ibarretxe que a ofrecer una salida poltica propia ms all del resistencialismo.

Ms notable, si cabe, ha sido el xito del Gobierno Zapatero en cerrar su flanco antiterrorista a las crticas del PP. Ni antes ni despus de las elecciones, a pesar de las feroces intervenciones de Aznar y de Acebes, ha habido un desplazamiento de la opinin pblica en contra del PSOE. Segn los resultados del CIS de abril, el 15,3% de los encuestados defendan una reedicin del Pacto Antiterrorista PP-PSOE frente a un 75,2% que quera una nueva formulacin de la poltica antiterrorista que incluyese al conjunto de los partidos parlamentarios, tambin del PNV. La ruptura de cualquier perspectiva de dilogo con ETA y la represin contra la izquierda abertzale han dejado sin espacio a las posiciones ms duras del PP, como se ha puesto de manifiesto en su Congreso. Mara San Gil, referencia indiscutible de esas posiciones, no ha conseguido hacer de ellas un elemento central de ruptura con la mayora que apoyaba a Mariano Rajoy, ni siquiera dentro del PP en Euskadi, a pesar de contar con el apoyo de Mayor Oreja. Las tensiones alimentadas desde la derecha por la excarcelacin, tras cumplir sus condenas, del militante de ETA Iaki de Juana Chaos, han sido absorbidas desde el Gobierno con la promesa de convertir en ley la llamada doctrina Parot de cumplimiento sucesivo de las condenas por terrorismo.

El tercer aspecto es el esencial, y el ms complejo. Zapatero ha intentado dividir al PNV y aislar as al Gobierno vasco, sobre la base de un consenso que partiese de la prioridad de reprimir a ETA y preparar el terreno para un gobierno conjunto entre el PSE y el sector autonomista o moderado del PNV representado por Imaz, creando las condiciones polticas de una amplia reforma estatutaria como alternativa al Plan Ibarretxe. Los mrgenes de esta operacin estaban dictados por la necesidad de mantener implicado al Gobierno vasco en la represin de ETA y de la izquierda abertzale y de sostener, al mismo tiempo, una larga campaa electoral con el horizonte de una victoria electoral del PSE y de Patxi Lpez en las prximas elecciones vascas. La derrota de Imaz y su sustitucin al frente del PNV por Urkullu alineado finalmente con la opcin poltica del lehendakari Ibarretxe, han terminado por priorizar la candidatura de Patxi Lpez como nuevo presidente del Gobierno vasco en la estrategia de Zapatero, segn se puso de manifiesto en el mitin de Baracaldo (El Pas, 12-05-08). Como ha sealado Urkullu: tenemos ganas y fuerza suficiente para echar el pulso que nos quieren echar y ganarlo () si no muestra voluntad de acuerdo, es que quiere confrontacin. Y el PNV recoger el guante.

En el encuentro entre Zapatero e Ibarretxe del pasado 20 de mayo, el primero puso sobre la mesa su propia hoja de ruta: reforma estatutaria a travs del art. 17 del Estatuto de Gernika; negociacin con la administracin central; refrendo de las Cortes; y ratificacin posterior por referndum en Euskadi. La del Gobierno vasco no poda ser ms distinta: mantenimiento del objetivo del final dialogado de la violencia, ejercicio del derecho a decidir y la creacin de un rgano institucional de coordinacin entre las comunidades autnomas de Euskadi y Navarra (El Pas, 21-05-08).

En definitiva, la cuestin poltica tras el fin de la tregua de ETA es si se iba a retroceder a la situacin poltica anterior a ella, o si se mantena la perspectiva poltica puesta sobre la mesa en las conversaciones de Loyola entre el PSE, PNV y Batasuna. Y si sobre esos acuerdos se poda construir un nuevo espacio poltico, radicalmente separado de la violencia de ETA, en el que sea posible defender el derecho a decidir (7). No es de extraar que la actividad central poltica de la izquierda abertzale haya sido denunciar el Plan Ibarretxe como una maniobra electoralista del PNV, porque la aislaba en su ilegalizacin, pero que, al mismo tiempo, se viera obligada a prestar un voto de EHAK para facilitar su aprobacin en el Parlamento vasco (El Pas, 27-06-08).

La adopcin del Plan Ibarretxe por el Parlamento vasco tropez inmediatamente con la decisin del Gobierno Zapatero de impedir, por ilegal ,su primera consulta. Inevitablemente, ello implicar la convocatoria de las elecciones vascas, probablemente en febrero o marzo del 2009, en un marco de completa polarizacin entre el PSE y el PNV, y con la izquierda abertzale ilegalizada (8).

La bsqueda de consensos con el PP

La oferta de alcanzar un Pacto de la Justicia con el PP que permita la renovacin del Consejo General del Poder Judicial despus de ao y medio de bloqueo y del Tribunal Constitucional responde al reconocimiento, por parte del Gobierno Zapatero, de los lmites de la actual correlacin de fuerzas, de la presin continua de la derecha y de su reflejo en el interior del PSOE a favor de un consenso constitucional que establezca una lneas rojas a cualquier proyecto de cambio desde la izquierda. En definitiva, es difcil imaginar institucionalmente cmo puede el PSOE abordar temas como la reforma de la ley electoral, la reforma limitada de la Constitucin o la ley orgnica de libertad religiosa sin el consenso o, cuando menos, la abstencin del PP.

Pero el motivo tctico ms inmediato es romper con la dinmica de movilizacin extraparlamentaria del PP, de la Iglesia Catlica y de la derecha social frente a una izquierda prcticamente desmovilizada. El giro al centro pre-electoral se ve reforzado por la gestin socio-liberal de la crisis econmica, y las presiones de las grandes empresas se suman a las de la derecha ms moderada a favor de un ambiente poltico menos tenso, que evite alimentar una hipottica removilizacin de la izquierda social disparada por la perspectiva de una victoria electoral del PP en las elecciones municipales de 2011 y en las generales de 2012.

De aqu que la propuesta inicial del PP en la negociacin para el Pacto de la Justicia fuera exigir un derecho de veto sobre la aplicacin del programa electoral del PSOE, como la investigacin de los asuntos penales por la fiscala. El siguiente paso ha sido una poltica de vetos contra el sector progresista de la justicia, vetando al fiscal general Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, con la excusa del veto socialista al actual presidente Francisco Hernando para el CGPJ. En esos tiras y aflojas es esencial para el Gobierno Zapatero asegurar una mayora capaz de rechazar el recurso del PP al Estatut de Catalunya. Pero, por el momento, los acuerdos alcanzados se limitan al reparto de los 21 puestos del CGPJ entre PSOE y PP, reservando dos para PNV y CiU. El PSOE ha condicionado hasta ahora cualquier acuerdo sobre otros temas a la renovacin previa de los dos rganos superiores del sistema judicial.

La presin de la derecha tuvo una cierta respuesta, por muy limitada que pueda parecer, en el 37 Congreso del PSOE, celebrado en junio en Madrid. La ponencia marco, con una orientacin claramente socio-liberal, se encontr con una avalancha de enmiendas por la izquierda desde los congresos regionales en temas claves como la laicidad, el aborto o la flexiseguridad. Caldera, coordinador de la ponencia, tuvo que recordar en su estrategia de contencin que no se poda cambiar el programa cuatro meses despus de haber ganado unas elecciones. El Congreso puso las bases de un cambio generacional en el partido y el Gobierno, expresado en la designacin como secretaria de organizacin de Leire Patn. Un cambio que tambin influir en la presin por removilizar un proyecto de izquierda frente a la alternativa de un nuevo gobierno del PP en el 2012, empezando por los feudos de la derecha de Madrid y Valencia. La probable victoria del PSG y del BNG en las elecciones gallegas, ampliando su mandato anterior frente al PP, debe ser un acicate para ello.

Con todo, la dificultad de cualquier lectura de la actual situacin, dominada por las contradicciones descritas y la desmovilizacin de la izquierda social, se pone de manifiesto, por ejemplo, en el tratamiento de la poltica migratoria. El nuevo Plan Corbacho para el retorno de los emigrantes legales que se queden sin empleo como consecuencia de la crisis ofrecindoles cobrar en dos pagos la subvencin completa de paro a cambio de no poder volver a Espaa en tres aos ha demostrado hasta el momento no encontrar eco entre la poblacin emigrante. Pero tampoco entre el resto de la poblacin, que lo rechaza en un 67%, exigiendo una poltica ms dura y restrictiva.

El contexto europeo, en donde el Gobierno Zapatero se ha convertido en una rareza de izquierdas y se han aprobado aberraciones como la Directiva de Retorno o la de 65 horas de trabajo, amplifica la presin de la derecha con el multiplicador de la bsqueda de consensos para la Presidencia espaola de la UE en el primer semestre del 2010 (9). Todo ello hace ms urgente que nunca reconstruir las condiciones de una removilizacin autnoma y unitaria de la izquierda, por ms difcil que pueda parecer, para plantear a partir de ella una alternativa coherente a los cinco retos descritos. Solo en el desarrollo de esa tarea sera posible una refundacin de la izquierda alternativa, ly la superacin de su actual ensimismamiento identitario.

NOTAS: (1) Vase: G. Bster, Zapatero II: peor de los mismo (www.sinpermiso.info/?id=1806). (2) Segn los datos proporcionados en febrero del 2008, las cinco principales compaas del IBEX 35 haban visto crecer sus beneficios en un 27% en 2007. Telefnica haba aumentado los mismos en un 43%, con un volumen neto de 8.906 millones de euros superior al de cualquier otro operador mundial, incluida la AT&T. Los beneficios del sector financiero en el 2007 fueron del 30,5%, equivalente a 25.707 millones de euros. Y a pesar de la crisis, en julio del 2008 sus beneficios solo haban disminuido frente a los obtenidos en la misma fecha en el 2007 en un 1,25%, atribuible a la reduccin de beneficios extraordinarios en ventas patrimoniales. Los beneficios del Grupos Santander han sido de 4.730 millones de euros (un 6% ms que el ao anterior). El BBVA, a pesar de ver sus beneficios reducidos en un 7,8%, llega a la cifra de 3.108 millones de euros. El 60% de los beneficios del BBVA vienen ya de sus inversiones exteriores. El sector energtico, donde se ha refugiado buena parte de los beneficios acumulados del sector constructor e inmobiliario, obtuvo tambin importantes beneficios, como Iberdrola (41%). La nica excepcin notable fue la de Repsol-YPF, que como consecuencia de la devaluacin del dlar frente al euro, vio el crecimiento de sus beneficios situarse en un 2% (3.188 millones de euros) y no en el 14% que hubiera obtenido de otra manera. (3) El porcentaje de los crditos de la banca a los tres sectores mencionados es del 60% y el de las cajas de ahorro del 70%. Ver El Pas, El BCE bate otro record de financiacin de la banca espaola, 15-08-08; y el informe de la Deutsche Bank Daily Economic Notes de 19-08-08, The Trials and Tribulations of the Spanish Banking Sector, elaborado por Susana Garca Cervero. (4) Es evidente que las especificidades histricas en la formacin del estado, como la cuestin nacional, marcan de manera muy directa el debate. Pero los aspectos de modernizacin ligados a las funciones de unas administraciones estatales y regionales que gestionan cerca del 50% del PIB tienen un enorme impacto social. Mas cuando una parte muy importante de ese presupuesto y de sus competencias estn tambin transferidas a la UE. La historia del fracaso de la constitucionalizacin neoliberal de la UE, que ha terminado en el Tratado de Lisboa, es una parte central de este debate. La necesidad de un nuevo modelo de estado federal y ms democrtico, vertebrado en un nuevo sistema de subsidiaridades esta presente en el Reino Unido (Escocia y Ulster), Italia, Alemania o Blgica de manera no menos acuciante que en el Estado espaol. (5) De todas las declaraciones contra la posicin del Tripartit, hay que destacar las de Alfonso Guerra, presidente de la Comisin Constitucional del Congreso, actuando de portavoz de los sectores mas espaolistas del PSOE: La teora de las balanzas fiscales es algo predemocrtico, de antes de la Revolucin francesa () eso que lo defiendan los grupos conservadores () no son posiciones progresistas, tienen solo la etiqueta (EP 19-08-08). (6) Tras el asesinato del ex concejal del PSE en Mondragn Isaas Carrasco antes de la elecciones del 9 de marzo, Rubalcaba advirti que vamos a un ciclo largo de violencia porque ETA tiene capacidad para hacer cosas (EP 24-03-08). Con posterioridad a la captura del Comando Vizcaya, Rubalcaba subrayaba como seal de la eficacia represiva contra ETA que tras la ruptura de la tregua del 2000, ETA haba causado 23 muertos, mientras que tras el fin de la tregua en junio del 2007 haba asesinado a 4 personas (EP 22-07-08). (7) Ver la intervencin de Ramn Zallo en la presentacin de la plataforma ERABAKI de apoyo al Plan Ibarretxe en Rebelin, 21-05-08. Segn Urkullu, el portavoz del PSE Eguiguren ya le anunci el 11 de febrero que: no retomaremos Loyola ni aunque Batasuna se rebele contra ETA (EP 9-06-08). (8) Una polarizacin y choque de legitimidades que no impide que ambas partes mantengan una perspectiva de negociacin posterior. Y, lo que no deja de ser casi ms sorprendente, de separar la situacin poltica en Euskadi del debate presupuestario. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, se ha ofrecido ya a negociar el apoyo a los presupuestos del 2009 si se llega a un acuerdo sobre el Concierto vasco (EP 27-08-08). (9) Ver G. Bster, Reflexiones sobre la UE y la prxima presidencia espaola en 2010 (www.sinpermiso.info/?id=1924).


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