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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-03-2009

A un ao de la segunda legislatura Zapatero
Despus de las elecciones vascas y gallegas comienza la cuenta atrs?

G. Buster Daniel Ravents
Sin Permiso


Desde hace meses, los distintos grupos de prensa que controlan los diarios madrileos presionan para que se produzca una crisis de gobierno. Se trata de la crnica de una crisis anunciada, cuando se cumple un ao de la segunda legislatura del Gobierno Zapatero, una crisis cuya causa fundamental es la prdida de iniciativa poltica y de aliados estratgicos; la desarticulacin, en definitiva, del proyecto hegemnico de Zapatero.

Los rumores sobre una crisis de gobierno se remontan al otoo pasado, pocos meses despus de las elecciones legislativas, y nacen en el interior del propio PSOE, alimentados por una legin de jvenes turcos secretarios de estado y secretarios generales que critican como continuista la composicin del Gobierno. Cmo pueden resolver los problemas enquistados desde la primera legislatura quienes los han creado? Detrs de las distractoras invocaciones a la renovacin generacional y a la eficacia en la gestin, amaga la inconfundible voluntad de propiciar un giro a la derecha. Un viraje que, a la vista de la crisis econmica y del atasco en la negociacin sobre financiacin autonmica (1), aboga por pactos de estado con el PP.

La Justicia como banco de pruebas

Despus de varios intentos mediticos, el banco de pruebas de esta nueva sensibilidad poltica difusa en el PSOE ha sido la Justicia. En el mes de julio, PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para la reforma del poder judicial, apoyado parcialmente por CiU y el PNV, que bloqueaba la aplicacin de las reformas propuestas en el propio programa electoral socialista. La renovacin del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) se pact al 50% entre las asociaciones de magistrados afines a ambos partidos y excluyendo a las otras dos: la mayoritaria, Francisco de Vitoria, y el Foro Judicial Independiente. A pesar del pacto de estado, el PP se neg en redondo a una renovacin del Tribunal Constitucional -varios de cuyos miembros han superado los lmites temporales reglamentarios de su mandato-, hasta que pronuncie su dictamen sobre el recurso del partido de la derecha espaola contra el Estatut de Catalunya.

El Ministro Bermejo se encontr en una situacin sin margen de maniobra, sometido a una creciente presin por la movilizacin de los secretarios de juzgado, primero, y por los jueces, despus, ante la degradacin creciente y consciente de la justicia como servicio pblico (2,5 millones de causas pendientes) por unos cuerpos judiciales decimonnicos. El 18 de febrero, los jueces con el apoyo explcito de las dos asociaciones excluidas del pacto de estado- convocaron por primera vez una huelga de tribunales en el Reino de Espaa, alentada por la derecha social y el PP. El CGPJ se pronunci en contra de la misma, pero tuvo que reconocer el vaco legal existente en la normativa en vigor por lo que se refiere al derecho a la huelga de los jueces y a la posible fijacin de servicios mnimos.

De 3.500 jueces en activo, el 62% se sum al paro, formando un comit de huelga de mbito territorial de todo el Estado, que coincidi en la Comunidad de Madrid con la huelga por sus reivindicaciones salariales de los secretarios y trabajadores de los juzgados. Frente a la paralizacin del poder judicial, el Ministro Bermejo intent mantener el principio de autoridad anunciando una ley antihuelga para el sector. Pero la propia legitimidad de la medida haba quedado seriamente daada por los pactos firmados y rotos por el PP que, en la prctica, le daban a la derecha social un derecho de veto en el aparato judicial, que ahora ejerca de facto con la huelga.

Mientras tanto, el juez Garzn, desde la Audiencia Nacional, llevaba a cabo una doble investigacin sobre cargos municipales electos y militantes del PP. La primera, una trama de espionaje ilegal desde la Comunidad de Madrid a otros miembros del PP de la alcalda de Madrid. La segunda, una red de financiacin ilegal a partir de una pirmide de empresas de servicios en las Comunidades de Valencia y Madrid. Pero lo que sucedi a continuacin podra ser perfectamente una escena de la pelcula de Berlanga La escopeta nacional.

La coincidencia en una montera del ministro Bermejo y de varios jueces de la Audiencia Nacional, incluido Garzn, permiti al PP orquestar una campaa sobre la falta de licencia provincial de caza de Bermejo, la carencia de sensibilidad ecolgica de los presentes y la posible confabulacin poltica de la izquierda para perseguir con nepotismo judicial a la derecha poltica, que consigui con un xito asombroso situar la atencin de la opinin pblica no en la tica, sino en la esttica, y exigir la dimisin inmediata de Bermejo.

Que Zapatero no fuese capaz de comprender el pulso que se planteaba tras la huelga de los jueces y que se dejase aconsejar por los sectores del PSOE que apoyaron esta exigencia del PP como una manera de abrir la buscada crisis para la renovacin del gobierno, demuestra hasta qu punto ha errado el presidente del gobierno en la apreciacin de la correlacin de fuerzas y de la situacin poltica. El cese de Bermejo, pocos das antes de las elecciones autonmicas gallegas y vascas, envi el mensaje de que la movilizacin de la derecha social y poltica rinde beneficios, de que es capaz de imponer lneas rojas al Gobierno Zapatero y de que la renovacin del Gobierno para hacer frente al desgaste de la crisis econmica se deber hacer con un giro a la derecha.

El cese de Bermejo es el equivalente simtrico, por la derecha, del cese del ex-ministro de defensa Bono en la primera legislatura. Entonces, aquel cese bloque el proyecto de los sectores ms socio-liberales del PSOE de buscar un consenso de legislatura con el PP tras la primera oleada de manifestaciones extraparlamentarias de la derecha social. Ahora, ha abierto las puertas a nuevos pactos de estado con la derecha y a la crisis de gobierno respondiendo a los intereses de la oligarqua econmica del pas, que quiere imponer sus medidas de salida de la crisis frente a los sindicatos y al conjunto de la poblacin trabajadora.

Las consecuencias de las elecciones en Galicia y Euskadi

Dos son los escenarios de desenlace poltico de la crisis econmica en curso. Uno, los resultados de las elecciones autonmicas en Galicia y Euskadi; otro, el balance del primer ao de gobierno en esta segunda legislatura y, en especial, de las distintas medidas que han ido conformando el Plan para la recuperacin de la economa y la lucha contra el desempleo.

Desde el punto de vista de los apoyos electorales, el PSOE ha mantenido el nmero de escaos en el Parlamento gallego y ha sumado siete ms en el Parlamento vasco. Pero ha sido desalojado de la Xunta de Galicia, que gobernaba en coalicin con el BNG, por la prdida de los galleguistas de izquierdas de un escao. El efecto de la derrota de las izquierdas gallegas es el reconocimiento del fracaso del modelo de gestin tecnocrtica del bipartito, que, lejos de funcionar como una alternativa a la larga herencia de caciquismo del PP, consisti en gestionar el reparto de zonas de influencias en una sociedad gallega inhabilitada para sumarse a un proyecto conjunto de la izquierda. Las izquierdas polticas gallegas no han sido capaces de relanzar a la izquierda social del pas despus del Nunca Mais. Por el contrario, la campaa del PP en Galicia ha sido un ejemplo de la movilizacin de la derecha pueblo a pueblo, para recuperar con la Xunta los favores debidos por una red caciquil intacta.

En Euskadi, el ascenso del PSE puede resultar una victoria prrica. Se sostiene en buena parte por los efectos de una aberrante Ley de Partidos antidemocrtica que ha ilegalizado al 8,8% del electorado que ha votado nulo con disciplina en unas condiciones muy adversas para mantener aunque sea simblicamente el peso electoral de la izquierda abertzale-, y en el corrimiento de voto del PP, del que Patxi Lpez, el candidato del PSE, depende para construir una alternativa a Ibarretxe, el actual lehendakari vasco y cabeza de lista del PNV, pero que lo sostiene como la cuerda al ahorcado. El nmero de votos que apoyan a Patxi Lpez como lehendakari (482.839 del PSE, y los muy derechistas PP y UPD), a pesar de los 38 escaos, es menor que los que han apoyado a los partidos nacionalistas vascos (496.591 de PNV, EA y Aralar, a los que hay que sumar los 36.134 de EBB, la Izquierda Unida vasca), que han obtenido 37 escaos. De haber podido presentar sus listas, el 8,8% de votos nulos de la izquierda abertzale hubieran significado 7 escaos. La correlacin de fuerza real y su representacin democrtica ha quedado distorsionada en la cmara vasca por la Ley de Partidos. Es decir, condicionado por los lmites impuestos por el pacto de estado PP-PSOE que representa dicha ley, que es la piedra angular del frentismo nacionalista espaol en el Pas Vasco.

La exigencia de Zapatero y del PSE de que Patxi Lpez sea el nuevo lehendakari supone inevitablemente romper la colaboracin con el PNV y aceptar el apoyo del PP. Ello, a pesar de que el crecimiento electoral del PSE ha sido posible gracias al abandono de la anterior poltica de unidad de los constitucionalistas (eufemismo de la poltica de unidad del nacionalismo espaol especialmente agresivo frente a todas las variantes del nacionalismo vasco) que representaba Nicols Redondo Terreros, el anterior dirigente del PSE, y de la que se sigue reclamando Rosa Daz, la cara ms conocida de UPD.

Lejos de reflejar una aspiracin de cambio desde posiciones constitucionalistas ante los largos aos de gobiernos nacionalistas vascos hegemonizados por el PNV, el ascenso del PSE por el corrimiento a su favor del voto no nacionalista vasco, pero paralelo al mantenimiento del voto del PNV y sin cambios en la correlacin de fuerzas entre ambos bloques (2), parece apuntar a un gobierno PNV-PSE (3).

No deja de sorprender la ingenuidad de los portavoces socialistas vascos cuando han sugerido que su estrategia preferida sera la eleccin de Patxi Lpez como lehendakari con los votos del PP, para a continuacin pactar con el PNV un gobierno conjunto a medio plazo. Zapatero es prisionero de la propia dinmica que ha alimentado tras el fracaso de la negociacin con la izquierda abertzale y ETA en la primera legislatura, y que le exige ahora, para reafirmar ante su electorado en el resto del Reino de Espaa su buena fe, apoyarse en la derecha para desalojar del Gobierno vasco al PNV y sus aliados. Aunque ello implique dar derecho de veto al PP en el Pas Vasco y perder a un aliado estratgico, como ha demostrado ser el PNV, en los temas econmicos y presupuestarios en el Congreso de los Diputados.

La prdida de aliados y la crisis de hegemona

Para la estabilidad y el proyecto poltico del Gobierno Zapatero, ms grave que el corto recorrido previsible de un gobierno vasco minoritario del PSE apoyado por los votos del PP, puede ser la cada de las fichas de domin en su poltica de alianzas que implica un enfrentamiento con el PNV. Sin en apoyo de los nacionalistas vascos para los presupuestos del 2010 y del 2011, decisivos para las polticas anticclicas frente a la crisis, no caben otros apoyos que los de CiU, abriendo la brecha interna en el seno del tripartito en el Gobierno cataln y entre el propio PSC y el PSOE. O, por supuesto, el gran pacto de estado PSOE-PP contra la crisis, como ha reclamado el presidente del BBVA, Francisco Gonzlez, ante su junta de accionistas, que supondra el fin poltico del zapaterismo. Cuando los presidentes de los bancos llaman a un pacto ante la emergencia nacional estn diciendo que todos los sectores sociales populares, con los sindicatos a la cabeza, deben sacrificarse para que ellos salgan lo ms indemnes posible de este mal trago.

La legislatura, que comenz con el aislamiento poltico del PP, puede acabar situando al PSOE ante una falta de aliados parecida en el Parlamento espaol y en la necesaria convocatoria de elecciones anticipadas. Este es el escenario que comienza a barajarse si se produjese una derrota significativa del PSOE en junio de este ao en las elecciones al Parlamento europeo y las encuestas sealasen una tendencia de erosin y abstencin del voto socialista cara a las elecciones municipales y autonmicas del 2011.

Por el momento, en cualquier caso, el reto del Gobierno Zapatero es la recuperacin de la iniciativa poltica perdida, la reconstruccin de un bloque de alianzas y la renovacin de su liderazgo en las polticas frente a la crisis . Pero la propia naturaleza de la crisis econmica obliga a decisiones que alteran la correlacin de fuerzas. De ah que polticamente surja una cierta tensin entre los sectores que defienden las polticas de estado en confluencia con el PP para imponer las reformas estructurales del mercado laboral y las subvenciones para mantener las tasas de beneficios defendidas por las patronales CEOE y la AEB, y aquellos otros que subrayan la autonoma del proyecto poltico de Zapatero, su carcter social-demcrata, y la promesa de mantener el gasto social y la capacidad de consumo de las clases populares frente a los efectos de la crisis. Los datos parecen indicar que los primeros van ganando.

En cualquier caso, la campaa meditica para que tenga lugar una crisis de gobierno y se sustituya al equipo econmico responde ms que a las crticas a la gestin de Solbes que sigue siendo uno de los ministros mejor valorados- a las presiones desde la derecha para imponer ante las exigencias sindicales de CCOO y UGT, en el llamado dilogo social, unos gestores econmicos ms intransigentes para conseguir una salida a la crisis completamente favorable a la burguesa.

La decisin de CCOO y de UGT de no renovar en el 2009 el Acuerdo para la Negociacin Colectiva (ANC) en los trminos exigidos por la patronal es, en este sentido, doblemente importante y marca la creciente polarizacin de la situacin social. Por un lado, se mantiene la reivindicacin de subidas salariales a partir del 2% (objetivo de inflacin del Banco Central Europeo) en las negociaciones sectoriales, para mantener la capacidad de consumo de los trabajadores. Y se rechaza al mismo tiempo las medidas anti-crisis propuestas por la patronal como la desregularizacin administrativa de los EREs, la rebaja de tres puntos de las cuotas patronales a la seguridad social, el llamado contrato de crisis que abarata el despido y la gestin por las mutuas del absentismo laboral.

Esta posicin de firmeza inicial debe afectar a las tres cuartas partes de los convenios colectivos sectoriales aun por negociar (3.261), que afectan a ms de cinco millones de trabajadores y de cuyo resultado depender en buena medida la orientacin para la salida de la crisis y los objetivos de los presupuestos del 2010. La decisin de mantener esta postura en el territorio del Reino de Espaa por las direcciones de CCOO y UGT y la presin por abajo en las negociaciones de los convenios sectoriales puede ser decisiva para fortalecer la izquierda social y poltica frente a los sectores de la derecha y del PSOE que presionan por un giro a la derecha para alcanzar un pacto de estado contra la crisis. Porque ese pacto de estado por su propia naturaleza supondra importantes concesiones, ms an de las que ya se estn realizando, al programa de reformas estructurales de la patronal y un desplazamiento sustancial a la derecha en la correlacin de fuerzas que a medio plazo se expresara electoralmente con la victoria del PP.

Esa movilizacin de base sindical (4) debera ir acompaada, para vislumbrar buenas perspectivas, de una reconstruccin poltica de la izquierda en trminos de programa y de proyecto organizativo. La resistencia, para ser creble socialmente, tambin debera ir de la mano de una visin nueva de modelo social, econmico y de organizacin territorial del Reino de Espaa que sintetice los objetivos de un giro a la izquierda. Y de un proyecto organizativo capaz de revertir la actual tendencia a la disgregacin de los grupos y sectores a la izquierda del PSOE, para constituir nuevas redes y bloques de alianzas a partir de los sujetos reales de la resistencia popular contra la crisis. Ms que necesario, es imprescindible. Pero est todo por hacer.

NOTAS:

(1) Fernndez de la Vega, vicepresidenta del actual gobierno, declar galanamente el 13 de marzo que las negociaciones por la financiacin se retrasaran unas semanas ms (despus de los muchos meses de retraso sobre fechas acordadas). La paralizacin de la financiacin autonmica est siendo recibida en Catalua hasta por los sectores sociales menos politizados como una vejacin, tanto es as que est provocando las sorprendentes (recordemos que se trataba de un hombre completamente fiel a Zapatero y al aparato del PSOE), justificadas y significativas quejas del Presidente de la Generalitat catalana, el socialista Jos Montilla.

(2) La polarizacin en torno a las fuerzas mayoritarias en cada uno de los bloques ha sido importante en estas elecciones vascas. El PP ha perdido 60.000 votos, el 20% de su electorado, a favor del PSOE y de UPD (22.000 votos). EA no ha sido capaz de mantener el 50% de los votos que probablemente contribuy a la coalicin con el PNV en 2005, mientras que EBB ha perdido ms del 40% de su electorado (hecho que ha motivado la sustitucin de su actual coordinador general, Javier Madrazo por Mikel Arana). Aralar, un partido independentista de izquierdas alejado de ETA, en cambio, ha doblado sus votos y ha pasado de 1 a 4 diputados, recogiendo tanto el desgaste de la participacin directa en el Gobierno vasco de EA y de EBB sin condicionar la hegemona del PNV, como de otros sectores de la izquierda abertzale, en algn momento anterior ms pro-ETA, a la bsqueda de una nueva direccin poltica.

(3) La posibilidad de un Gobierno PNV-PSE responde al realismo poltico de los votantes, independientemente de las estrategias de las direcciones polticas. Y tampoco supone un olvido del pasado ni de la naturaleza de un gobierno de coalicin semejante. El PNV y el PSE ya compartieron gobierno en el pasado y aplicaron una dura poltica de reconversin industrial con efectos desastrosos para la clase obrera vasca, y hoy comparten polticas de infraestructuras de dudosa sostenibilidad como el tren de Alta Velocidad en Euskadi (TAV). Son de aquel perodo las polticas antiterroristas, con los GAL incluidos, por parte del gobierno central del PSOE.

 (4) La manifestacin convocada en Barcelona por CCOO y UGT el 14 de marzo con el lema Plantem cara a la crisi (Hagamos frente a la crisis) a la que asistieron varios miles de personas (50.000, segn los organizadores) es un modesto pero necesario paso.

Gustavo Buster, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es el heternimo de un analista poltico. Daniel Ravents, miembro del Comit de Redaccin de SINPERMISO, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de Barcelona; su ltimo libro es Las condiciones materiales de la libertad (El Viejo Topo, 2007).


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